La autogestión como práctica y proyecto

[nota aparecida en el diario Página/12, 2 de noviembre de 2009, con el título de "Valoriza a los trabajadores", en una sección denominada "Ventajas de producir sin patrones; http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-134522-2009-11-02.html]

La autogestión como práctica y proyecto

Por Melina Deledicque * y Mariano Féliz **

Las experiencias de autogestión obrera han tomado impulso en la Argentina en los últimos años. Fueron los trabajadores desocupados quienes retomaron los ideales autogestivos en su lucha por resignificar los planes sociales arrancados al Estado para crear emprendimientos colectivos autoorganizados. Su lucha no era sólo por la inclusión social (empleo asalariado), sino por el cambio social a través de la creación de espacios de trabajo digno. En paralelo, la historia argentina es rica en procesos de toma de fábricas y autogestión obrera, desde la batalla por el Frigorífico De la Torre llegando al proceso que comienza en los ’80 y se multiplica en 2000/1, y que da cuenta de varios miles de trabajadores que han decidido apostar al autogobierno o autogestión: una práctica a través de la cual deciden impulsar un proceso por autoorganizar sus espacios de trabajo, sus comunidades y sus proyectos productivos.

La autogestión enfrenta la mediación del capital como actor social en la producción. La relación empleado-patrón desaparece y con ello el trabajo asalariado como forma de valorización del capital. Anulado el capital, empieza a recrearse una forma de trabajo digno, no alienado, una forma de asociación libre de trabajadores.

El capitalismo se organiza en torno de la explotación del trabajo y la primacía de la ganancia. La autogestión rechaza la acumulación por la acumulación misma. El proceso de producción ya no valoriza al capital sino valoriza a los propios trabajadores, cuyo trabajo concreto y su producción concreta pasan a tener prioridad.

Con esta forma de organizar la producción, las imposiciones “objetivas” del mercado se desnaturalizan. Los valores del capital (la ganancia como fin) comienzan a ser desplazados y entran a jugar otros valores. Se cuestionan las jerarquías impuestas por la forma de organización del proceso de trabajo capitalista ligadas a la necesidad que tienen los patrones de dominación política y división de los trabajadores. La gestión conjunta y solidaria torna al trabajo más productivo. Como todo el esfuerzo individual redunda en beneficios inmediatos a los productores directos aumenta la creatividad social y se multiplica la cooperación.

Además, permite reducir la división entre trabajo manual e intelectual, entre la concepción de las actividades y la ejecución de las mismas. La producción asociada permite no sólo la apropiación colectiva de los medios de producción sino que los trabajadores tienen la capacidad de apropiarse del conocimiento científico-técnico que da sentido a su trabajo. Pueden recuperar de esa forma el saber teórico y práctico de la totalidad del proceso de producción, jugando en esto un papel clave la rotación en los puestos de trabajo.

La autogestión tiene profundas implicancias en la subjetividad de los trabajadores que encaran –con esperanza– ese proyecto. Estos espacios de gestión y producción de la vida cotidiana, más allá de la lógica del mercado, alteran la identidad de quienes participan pues cambia la forma que tienen de relacionarse entre sí (con sus compañeros) y con el resto del pueblo. La práctica cotidiana de reflexionar al hacer permite avanzar en formas de interacción más libres y justas.

En este proceso se va creando una nueva cultura del trabajo y una nueva cultura política. Cuando alguien se acostumbra a autodeterminarse en una esfera de su vida (el trabajo) ya no aceptará sin chistar el autoritarismo y la sumisión en las otras (su vida familiar, el sistema político). Si la autogestión obrera conlleva la reapropiación colectiva de la producción socializada, ella permite avanzar en el espacio de la política en un creciente rechazo a la mediación del Estado, cuestionando la privatización de la política y reclamando la constitución de una nueva forma de gestión social, de amplia participación popular y realmente democrática.

Las prácticas autogestivas enfrentan sus límites en el marco de una sociedad dominada por el capital. Encuentran la dificultad de desplazar al mercado como espacio de venta de su producción, la compra de sus insumos y (parcialmente) la reproducción de la vida de sus familias. La necesidad de enfrentar en el mercado a empresas capitalistas limita la autonomía en la toma de decisiones. Estos son límites reales –no meramente normativos (producto de la falta de conciencia “socialista”)– y requieren el desarrollo de estrategias de mayor cooperación y articulación entre los proyectos autogestivos y los movimientos sociales.

En tal sentido, el proceso de autogestión productiva deber ser –y lo es– parte de un proceso más global de cambio social. Es parte de una práctica de construcción cotidiana de poder popular sobre la base de la autoactividad de los trabajadores.

* UNLP y Centro de Estudios para el Cambio Social.

** Conicet-UNLP y Centro de Estudios para el Cambio Social.

¿Competitividad o desarrollo? Lo que queda fuera de la mesa de “diálogo”

Una versión reducida con el título de "¿Competitividad o cooperación? apareció en Página/12 (31 de agosto, 2009) [ver]

¿Competitividad o desarrollo? Lo que queda fuera de la mesa de “diálogo”

Por Mariano Féliz*

Las elecciones de Junio han marcado el fin de la etapa de hegemonía política del kirchnerismo y el comienzo del “diálogo social”. A través del mismo los sectores hegemónicos pretenden articular y canalizar sus diversas demandas a los fines de construir una transición ordenada hacia la próxima alianza dominante.

En esta etapa el debate aparente -a nivel institucional y mediático- es el modelo económico y en particular la necesidad de recuperar la llamada “competitividad” de la economía. Desde el punto de vista del capital (industrial, agrario y financiero, en sus distintas representaciones como la UIA, la Mesa de Enlace o la AEA) esto supone devaluar la moneda, reducir las retenciones a las exportaciones, contener las presiones salariales, sostener el superávit fiscal y continuar con la política de subsidios (directos e indirectos, explícitos e implícitos) a las grandes empresas. Es decir, profundizar la capacidad del país de competir internacionalmente sobre la base de la explotación ampliada del trabajo y la precarización de la vida. La búsqueda de competitividad como piedra de toque de las políticas económicas supone privilegiar –siempre- la ganancia empresaria y, sobre todo, los valores del capital: la competencia como medio de desarrollo, la producción por la producción misma, los costos (y beneficios) privados por sobre los intereses de la sociedad.

Desarrollarse sobre la base de privilegiar la competitividad internacional significa que “el país” busca ganar en el mercado mundial a costa de los trabajadores y trabajadoras de otros países. Si nosotros ganamos es porque otros pierden. Dentro de esas reglas de juego, nuestro trabajo se logra a costa del trabajo de otros. Así la forma de desarrollo capitalista supone que ganar es siempre “empobrecer al vecino” (el de la otra cuadra, del otro barrio, del otro municipio, provincia, país, región). En esta modalidad de desarrollo la incapacidad de competir implica la necesidad del “ajuste”. Es decir, las empresas deberán reducir su personal, los trabajadores aumentar su rendimiento (o su esfuerzo, su jornada laboral o “capital humano”) y postergar –para un futuro indefinido- sus demandas de mejoras en las condiciones laborales incluyendo sus magros salarios. Todo esto so pena de mantenerse “ineficientes”, incapaces de honrar al “Dios mercado” (que es lo mismo que decir al “Dios capital”). Cuando eso ocurre la fuga de capitales, el desabastecimiento, la falta de crédito, despidos, suspensiones y lock-out se convierten en la respuesta del capital para recuperar ese espacio en el mercado mundial.

En este marco el diálogo sobre las políticas públicas deja de lado un debate más de fondo: qué entendemos por desarrollo y cuáles son las opciones estratégicas que nuestro país (y nuestro pueblo) puede tomar en la actual coyuntura. ¿Sólo nos queda ser competitivos para “desarrollarnos”? ¿No hay alternativas? Por el contrario, a esta modalidad de desarrollo (“ganar siempre más competitividad”) –que expresa la economía política del capital- se opone otra estrategia, otro posibilidad: la economía política del trabajo.

Esta economía política se basa en las experiencias de organización del pueblo trabajador y sus fundamentos. A la competencia que todo lo destruye, opone la cooperación. Desde la voluntad de organizarse colectivamente en sindicatos y comisiones internas al armado de agrupaciones de base y asambleas barriales, la historia del pueblo trabajador le indica (y nos muestra) que la solidaridad y cooperación es la mejor estrategia para mejorar y defender sus condiciones de vida. La organización jerárquica de la producción capitalista es cuestionada por las modalidades de autogestión obrera. Desde Fasinpat (ex – Zanón) hasta la bloquera en que trabajaba Darío Santillán y las cooperativas textiles de los movimientos territoriales autónomos, todas estas experiencias dan cuenta de la “improductividad” de los patrones y los jefes (cuyo rol principal es la gestión de la explotación y la defensa de la ganancia) y dan muestras de la potencial eficacia de la auto-organización de trabajadores y trabajadoras. Frente a la producción por la producción misma que privilegia sólo la ganancia privada, la economía política del trabajo presenta la necesidad de producir para la satisfacción de necesidades, privilegiando la protección del medio ambiente. Las asambleas y movimientos que participan de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y los movimientos campesinos (por ejemplo, aquellos en el Movimiento Nacional Campesino Indígena) son hoy ejemplo de la posibilidad de comenzar a pensar un mundo que respete a la tierra –tomando al ser humano como parte de la misma- y construir una modalidad de desarrollo que haga uso de las riquezas naturales –sin saquear y destruirlas-. Por fin, la expansión sin límites de los mercados capitalistas y la propiedad privada es cuestionada por una voluntad de ampliar el espacio común y la distribución de bienes y servicios sin la mediación del dinero y los precios. En ese camino encontramos la lucha por el software libre y la producción pública de medicamentos, la creación de bachilleratos populares y la lucha por la educación y salud pública, gratuita y al alcance de todos/as. En síntesis, la economía política de los/as trabajadores/as enfrenta a los valores del capital, los sueños, deseos y necesidades vitales del pueblo. Privilegia así la solidaridad por sobre el egoismo, la unidad de los pueblos por sobre la concentración y centralización regional del capital, el tiempo vital por sobre el tiempo de trabajo abstracto, el movimiento de personas, culturas y experiencias frente al intercambio de dinero y mercancías.

Esos valores, esa economía política es la que puede orientar otro modelo de desarrollo pos-capitalista que pueda ser construido (pre-figurado) a partir de hoy mismo. Un proyecto de desarrollo que fomente los emprendimientos asociativos con financiamiento y tecnología adecuada a modalidades cooperativas de gestión. Un programa que involucre la creación de espacios de intercambio no mercantilizados, que aseguren el derecho a los medios de vida, a la salud y la educación, a la información, al esparcimiento y al tiempo libre sin las restricciones de la propiedad privada. Un plan que suponga la socialización de los medios de producción estratégicos bajo el control del pueblo a través de formas de gestión democráticas y participativas.

* Investigador del CONICET. Profesor de la UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social. Correo electrónico: marianfeliz@gmail.com

¿Qué salida, para qué crisis?

¿Qué salida, para qué crisis?
por Mariano Féliz*

Esta nota fue publicada en el diario Página/12 (16/3/2009) con el título "Corolario del neoliberalismo"

Agradezco los comentarios y aportes críticos de Melina, Fernando, Pablo y Franco, que leyeron versiones preliminares.

La actual crisis mundial tiene su origen aparente en una crisis financiera. Sin embargo, es el corolario del neoliberalismo -un proceso de reestructuración de la economía mundial- que avanzó con fuertes resistencias populares desde los años 70. Esta crisis golpeará a todos, pero en la periferia el impacto será mayor allí donde la tras-nacionalización de sus economías haya avanzado más.
El capitalismo choca hoy en día contra una pared por su propia lógica: producir cada vez más, a un valor (costo privado) cada vez menor, para el consumo de una proporción decreciente de la población. Se produce más que nunca pero miles de millones en el mundo siguen pasando hambre.
La presente crisis potencia los costos sociales del capitalismo (incluidos la destrucción del medio ambiente y el saqueo de las riquezas naturales). Estamos frente a una crisis ambiental y civilizatoria, además de económica; una crisis que pone en cuestión el conjunto del capitalismo como única forma de desarrollo, además del propio concepto de “desarrollo” y los parámetros para medirlo.
En este contexto, la crisis es un instrumento de los sectores dominantes para intentar consolidar su posición a costa de las mayorías. Mientras en la etapa de crecimiento el capital avanzó precarizando nuestras vidas, a través de la crisis profundiza esas tendencias como medio para superar sus límites. Por eso arremete primero con suspensiones y despidos, rebajas salariales y el cese de contratos; luego le siguen los cierres de empresas en perfectas condiciones técnicas para producir. Estos no son “efectos de la crisis” sino -más precisamente- acciones deliberadas de empresarios y gerentes para no perder dinero y trasladar el costo a quienes ninguna responsabilidad tienen (los trabajadores y trabajadoras). Atravesamos una crisis del capital, es decir de una forma de producir sólo aquello que es rentable sin atender a las necesidades sociales insatisfechas.
Frente a la incertidumbre política y la agitación social, atravesamos –nuevamente- una crisis del pensamiento hegemónico que no puede dar las respuestas (teóricas y prácticas) necesarias. Cuando la “mano invisible” parece no alcanzar, los sectores empresariales más concentrados demandan mayores subsidios y nuevos apoyos de ese Estado que en “tiempos normales” prefieren negar. En tiempos difíciles olvidan sus prejuicios y diferencias sectoriales para crear un frente único contra el pueblo trabajador, exigiendo que se garanticen el orden, la “competitividad” y la “moderación” de los reclamos populares.
Frente a la crisis de las ideologías del capital en tiempo de auge (el liberalismo) se fortalecen las posiciones desarrollistas que pretenden reubicar al viejo Estado (capitalista) en el centro del desarrollo (del capital); no hay novedad en esto. El par liberalismo-keynesianismo es parte de la artillería ideológica de los sectores dominantes pues no propone nada que cambie –de fondo- la dinámica de la crisis (las relaciones sociales que la sustentan y expanden) y proteja al conjunto del pueblo trabajador.
Este presente re-actualiza la necesidad de proponer e impulsar alternativas que apuntalen un cambio social profundo frente a un sistema de producción social que siempre carga los costos de “su” desarrollo sobre el conjunto del pueblo. Estas opciones pueden resumirse en unos pocos ejes.
Por un lado, medidas que protejan a los sectores más vulnerables de la población de los “efectos” inmediatos de la crisis. Por ejemplo, la suspensión de los despidos por dos años, la creación de un ingreso universal equivalente a la canasta básica -comenzando por la elevación inmediata de los planes sociales (Jefes y Jefas, Familias)-, el aumento de emergencia en salarios y jubilaciones y la creación de tarifas sociales para los servicios y el transporte públicos. Debe agregarse la protección pública y promoción con créditos y subsidios de las experiencias de recuperación de empresas por sus trabajadores/as y los emprendimientos autogestivos y cooperativos.
En segundo lugar, un conjunto de medidas que contribuyan a mejorar las condiciones del hábitat de los barrios populares a través de un programa de obra pública dirigido a la provisión de servicios sociales básicos (agua, cloacas, luz y gas, servicios médicos, escuelas, hábitat comunitario).
Por último, un programa de socialización de la producción estratégica (empezando por energía, transporte, comercio exterior y banca) bajo propiedad pública con gestión de trabajadores y usuarios, acompañado por una reforma tributaria que rebaje el IVA a los productos básicos y acreciente la carga impositiva de los sectores de más ingresos.
Este –incompleto, perfectible pero realizable- conjunto de medidas de emergencia permitiría no sólo proteger a los sectores más vulnerables del pueblo frente a la profundidad de la crisis y favorecer la recuperación económica, sino que posibilitaría avanzar por un camino de cambio social que trasforme la organización de la producción y la distribución de la riqueza.

* Investigador del CONICET. Profesor de la UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.

¡Neoclásicos atrás, atrás! ¿Qué economistas para qué país?

¡Neoclásicos atrás, atrás!
¿Qué economistas para qué país?
Por Mariano Féliz*

[Esta nota salió publicada en el diario Página/12, 19 de enero de 2009, con el título de "Oscurantismo neoclásico"]

El capitalismo atraviesa su mayor crisis en años. Si las consecuencias sociales del neoliberalismo desgastaron su legitimidad, el actual panorama de descalabro han terminado de derrumbar el aura de que gozó la teoría económica neoclásica en especial durante los años noventa. La crisis de 2001 ya había minado el “prestigio” político de esa corriente de pensamiento, que sirvió de sustento teórico a las reformas neoliberales. Hoy, el rey está desnudo y no queda más que buscar en otras fuentes para dar cuenta de la realidad.
Siempre hay quienes se niegan a reconocer que han estado equivocados o, al menos, que sus aprendizajes y enseñanzas tienen un limitado poder analítico. No es novedad que las Universidades privadas sean núcleos de difusión de lo más rancio del neoliberalismo. Sin embargo, es por lo menos paradójico que en la mayoría de las Universidades Públicas también perviven inmutables departamentos de Economía que reniegan de la necesidad de abrir los planes de estudio y los perfiles de la formación de los economistas. Ejemplos de esto son los departamentos de Economía de las Universidades Nacionales de Salta (UNSa), La Plata (UNLP) o Buenos Aires (UBA).
Lejos de reconocer las limitaciones de sus conceptos, enfoques e instrumentos, pretenden sostener y consolidar planes de estudios que en lugar de promover una formación integral, fortalece una baja en los contenidos y la reducción de las carreras a tecnicaturas de hecho. Los estudiantes no pueden seguir siendo obligados a (de)formarse a partir de planes de estudio que profesan, cual dogma de fe, la llamada economía neoclásica.
Esos planes de estudio carecen del elemento básico de la actividad universitaria: el pluralismo de ideas. Profundizando una cerrazón teórica en torno al neoclásicismo, ubican en un lugar marginal o niegan por completo otras corrientes de pensamiento, como las marxistas o estructuralistas. Esta negación contribuye a formar profesionales incapaces de entender el mundo, privándolos de la posibilidad de conocer las opciones teóricas más importantes, sus fundamentos y límites.
Esto atenta contra el pluralismo básico en la construcción de una sociedad democrática y cuestiona el carácter científico de esa formación. ¿Qué puede decirse de una corriente conceptual que no se atreve a debatir con las otras? Una formación unilateral (neoclásica) solo puede favorecer el oscurantismo y una práctica profesional y científica que buscar reproducirse antes que atreverse a enfrentar su negación. Los economistas son obligados a reproducir el status quo de una profesión que necesita urgentemente abrirse al pensamiento crítico si quiere evitar reducirse a una mera creencia.
Las propuestas de reforma que impulsan hoy mismo en Universidades Nacionales tales como la de La Plata, avanzan en el recorte de contenidos, reduciendo el número de años de las carreras y, con ello, eliminando materias como la sociología o la historia argentina y latinoamericana. ¿Qué busca un cambio que profundiza una formación abstracta, acentuado los contenidos técnicos y desplazando aquellos que la fundamentan teórica, histórica y conceptualmente? ¿Qué objetivo tienen estas reformas que se niegan a introducir no sólo otras corrientes de pensamiento sino aquellas materias que permitirían una reflexión crítica sobre la misma ciencia? Esas reformas avanzan en reducir al economista político (conciente de los límites de sus saberes y del posicionamiento político que asume en su práctica intelectual) a mero “técnico en economía neoclásica”, un hábil manipulador de datos y herramientas técnicas pero incapaz de asumir las implicancias y consecuencias sociales y políticas de las respuestas que esas herramientas producen e incompetente para cuestionarlas.
Es realmente incomprensible que frente a la crisis del paradigma neoclásico en todas sus vertientes, en muchas de las Universidades se pretenda imponer por la fuerza (evitando el debate democrático y la participación amplia de la sociedad) reformas de los planes de estudio que antes que desarrollar la capacidad de reflexión crítica, plural, científica y ligada a la realidad y necesidades de nuestro Pueblo, apuntalan una formación técnica, reduccionista y dogmática.
Estos intentos de sostener planes de estudio que niegan la realidad de un neoliberalismo que muestra sus límites prácticos (y en otros casos como en la UNLP donde las autoridades quieren imponer verdaderas contra-reforma neoclásicas) están siendo enfrentados por un creciente número de docentes, estudiantes y graduados. En la UNLP, por ejemplo, se está impulsando una amplia campaña para conseguir una reforma de los planes de estudios que garantice la pluralidad teórica e ideológica.
Es cada vez más evidente que en una sociedad democrática con vocación de avanzar en la resolución de sus acuciantes problemas, no puede haber una verdadera formación universitaria sin planes de estudio basados en el pensamiento pluralista y crítico.

* Profesor UNLP. Investigador CONICET. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social (marianfeliz.blogspot.com)

Nota publicada en Página/12, 5 de noviembre de 2008

Opinión

Avanzar es superar el pasado

Por Mariano Féliz *

La propuesta de reestatizar el sistema de jubilaciones crea el marco para un debate sobre qué tipo de sistema de previsión social es deseable y posible. Cualquier análisis del cambio en el sistema de jubilaciones parte del fracaso evidente del sistema creado en 1993. Luego de 14 años, las grandes ganadoras han sido las AFJP, que han cobrado miles de millones de dólares en comisiones por mal administrar los fondos aportados por los trabajadores. La contracara ha sido el masivo endeudamiento del sector público por los aportes cedidos a las AFJP y un sistema que no garantizan jubilaciones dignas. Está claro que la decisión fue tomada en el contexto de la crisis que ha comenzado a profundizarse y una de las principales preocupaciones del Gobierno es el financiamiento de los pagos de la deuda pública. Sin embargo, ese debate no debe bloquear una discusión más importante en este momento: ¿qué tipo de sistema de previsión social es posible y conveniente en la actualidad? Algunas claves:

1. Tal cual está el sistema estatal “a la vieja usanza” es completamente insuficiente. La propia Anses muestra que las jubilaciones que paga son bajísimas.

2. La discusión sobre la “intangibilidad” de los activos y los fondos que pasarían al Estado sigue asumiendo que los ingresos del sistema previsional son propiedad individual de los aportantes. En realidad, los fondos del sistema son otros tantos recursos que el Estado recibe a través de impuestos para financiar un gasto particular, en este caso las jubilaciones y pensiones.

3. Los aportes adicionales que recibirá el Estado deberían destinarse en lo inmediato, junto con el superávit de la Anses, a aumentar ya las jubilaciones y pensiones.

4. Por lo demás, ¿por qué “guardar”, “administrar” e “invertir” esos recursos convirtiendo la Anses en una suerte de AFJP estatal? Siendo un monto infinitamente superior a lo que se quería recaudar con las retenciones móviles y que supuestamente se iban a utilizar para resolver acuciantes necesidades sociales, ¿por qué atesorar cual reservas del Banco Central esos recursos, cuando esas necesidades urgentes evidentemente no han sido resueltas?

La propuesta de administración estatal de los fondos de la Anses como agente financiero evidencia que la economía política detrás de la reforma previsional en curso se mantiene dentro de los cánones de la ortodoxia económica. Se sigue pensando la previsión social como si los aportes de hoy sirvieran para financiar sus propias jubilaciones en el futuro. Como si el dinero “guardado” en las cajas previsionales pudiera transferir valor real al futuro. El error analítico clave es que el valor no puede ser trasladado al futuro. Los recursos que se utilizan en el presente para financiar el pago a los jubilados tienen su contrapartida en la producción real de mercancías en el presente. No tienen (no pueden tener) ninguna correlación real con los aportes del pasado o con los fondos acumulados, pues el dinero (acumulado) no puede crear riqueza o valor. Ese dinero sólo es una expresión del valor, no es valor por sí mismo ni lo crea. Si hoy no se produce el valor necesario para ser transferido a los actuales jubilados, no importa cuánto se haya aportado en el pasado o cuánto se haya “acumulado” en un fondo, no habrá nada para redistribuir (el fondo acumulado se desvalorizará). Por ello, lo que debe hacer la legislación previsional es establecer el monto justo de las jubilaciones en cada momento del tiempo y arbitrar los mecanismos (impositivos) para garantizar la redistribución –del valor creado por el trabajo en el presente– a los jubilados.

Avanzar es superar el pasado, no sólo volver a él: por un sistema integral de previsión social que asuma la necesidad de la socialización de la riqueza y los ingresos. La reestatización completa del sistema de jubilaciones y pensiones es una medida positiva, más allá de los motivos que impulsan al Gobierno a tomarla. Pero volver a 1993 no significa hacer lo que es justo, posible y necesario. Es necesario avanzar, hacer que la proclamada redistribución de la riqueza pase de las palabras a los hechos.

1. El sistema de previsión social debería garantizar un nivel de ingresos igual a la canasta familiar para trabajadores jubilados. Hoy la jubilación mínima es casi 50 por ciento inferior a la línea de pobreza y está muy lejos –es cinco veces menos– del valor de la canasta familiar. Esto a pesar de que el sistema de previsión social tiene superávit. Es momento de reconocer la necesidad de crear un sistema que garantice niveles dignos de ingreso iguales a la canasta familiar para todos los mayores, más allá de su historia laboral y partiendo de la apropiación y redistribución del excedente social. La jubilación mínima debería alcanzar a no menos de 1500 pesos (el doble de la mínima actual).

2. Es injusto que familias trabajadoras que no alcanzan la canasta familiar deban aportar a sostener la previsión social cuando ya aportan en exceso en concepto de IVA y otros impuestos regresivos.

3. Es imprescindible la eliminación del trabajo “en negro” que hoy involucra a más del 40 por ciento de los asalariados. El sistema estatal no puede sostenerse con un mercado laboral hiperprecarizado.

4. Es hora de construir un sistema que, a partir de las retenciones a las exportaciones, un impuesto general a las rentas financieras y el aumento de la imposición a las ganancias de las empresas y la riqueza suntuaria, socialice el valor que es producido por el esfuerzo laboral del conjunto del pueblo trabajador y que hoy es apropiado por las clases dominantes. Hoy se gasta cerca de 5 por ciento del PBI en el pago de jubilaciones. Con la creación y/o ampliación de los mencionados impuestos, se podría duplicar fácilmente esa proporción para alcanzar los valores mínimos mencionados.

5. Hay que avanzar hacia un sistema que sea punto de partida de un régimen de garantía de ingresos para todos los habitantes del país, más allá de su condición de ocupado, desocupado, jubilado, joven o viejo, que permita alcanzar niveles de vida dignos para todos y todas.

* Economista. Investigador del Conicet, profesor de la UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.

Jubilaciones ¿volver al ’93 o crear un verdadero sistema de previsión social?

Este texto fue publicado en el portal de noticias Prensa de Frente


La propuesta de re-estatizar por completo el sistema de previsión social, eliminando el sistema de pensiones privadas obligatorio (AFJP), crea el marco para un debate más profundo sobre qué tipo de sistema de previsión social es deseable y posible en Argentina.

Volver al Estado
Cualquier análisis del cambio en el sistema de jubilaciones parte del fracaso evidente del sistema creado en 1993. Luego de 14 años, las grandes ganadores han sido las administradoras de fondos de pensión (AFJP) que han cobrado cerca de 15 mil millones de dólares por mal-administrar los fondos aportados por los/as trabajadores/as. Esas comisiones se quedaron con entre 20% y 30% de los aportes.
La contracara ha sido el masivo endeudamiento del sector público por los aportes cedidos a las AFJP y un sistema de jubilaciones que no garantizan jubilaciones dignas. El Estado ha perdido cerca de 5500 millones de pesos anuales por aportes personales desviados al sistema privado y unos 6000 millones al año por la rebaja de aportes patronales perpetrada en los años noventa y aún vigente. ¡La pérdida anual de recursos para el Estado equivale a la suma del presupuesto nacional para Salud, Educación y Ciencia y Técnica!
Casi el 80% de los quienes se jubilaron por el sistema privado reciben un complemento estatal para llegar a la jubilación mínima; en total, el Estado destina 6000 millones de pesos anuales a esos fines. Por otra parte, la cobertura del sistema previsional se redujo fuertemente desde la creación del sistema privado: sólo el 40% de los trabajadores en relación de dependencia están realizando los aportes necesarios.
El régimen de AFJP no es un sistema de previsión social sino un gigantesco negocio financiero manejado por un minúsculo número de empresas (10) en su mayoría extranjeras, que no son sino fondos de inversión. Estas manejan un fondo de cerca de 30 mil millones de dólares en bonos de la deuda pública (55% del total), acciones, plazos fijos y otros activos financieros, lo cual les otorga un poder sustancial. Los principales perjudicados con la re-estatización del sistema serán estos agentes financieros, por eso hoy están en la calle, defendiendo sus privilegios con el aval de los medios empresarios de comunicación y los sectores más retrógrados del arco político.
A partir de esta evaluación del pobre rendimiento de este sistema (que podremos calificar como una de las mayores estafas de las últimas décadas) la primera pregunta que surge es por qué el gobierno no impulsó antes esta medida de re-estatización.
Está claro que la decisión fue tomada en el contexto de la crisis que ha comenzado a profundizarse. Una de las principales preocupaciones del gobierno es el financiamiento de los pagos de la deuda pública, que en 2009 llegarían a cerca de 15 mil millones de dólares entre capital e intereses. Es claro para cualquiera que sostener el superávit fiscal y refinanciar los vencimientos de la deuda será algo muy difícil en lo inmediato, en el marco de un menor crecimiento de la recaudación y el cierre del financiamiento internacional. Los cerca de 4 mil millones de pesos anuales que hoy se dirigen a las AFJP vendrán muy bien a la estrategia gubernamental de evitar la cesación de pagos.
El debate del proyecto ha puesto en discusión la necesidad de bloquear el uso discrecional de los recursos por parte del gobierno y ya se propone la “intangibilidad” de los activos en manos de las AFJP. ¿Por qué “guardar” los activos en manos de las AFJP? Siendo un monto infinitamente superior a lo que se quería recaudar con las retenciones móviles y que supuestamente se iban a utilizar para resolver acuciantes necesidades sociales, ¿por qué atesorar cual reservas del Banco Central esos recursos, cuando esas necesidades urgentes evidentemente no han sido resueltas?
Y respecto a los aportes adicionales que recibirá el Estado ¿qué se propone? ¿Por qué no destinarlos a aumentar ya las jubilaciones y pensiones? La recientemente aprobada ley que re-estableció la movilidad de las jubilaciones ha creado en realidad un corsé a los ingresos de los jubilados. ¿Por qué las jubilaciones deben evolucionar según la recaudación y los salarios y no según las necesidades vitales de los mismos, es decir su canasta familiar? ¡Qué contraste con los pagos de la deuda pública, cuya única restricción parece ser su mero devengamiento!
Por último, se señala la necesidad de que el Estado (a través del ANSES) administre los fondos transferidos para mantener el valor de los mismos. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente, convertir al ANSES en un gran fondo de inversión. La “timba” de las AFJP pasará al Estado, que invertirá los fondos excedentes del sistema de manera “más eficiente”. En los últimos meses las jubilaciones pagadas por el sistema privado han caído 15% al ritmo de la crisis financiera y la caída en el valor de los activos acumulados. ¿Podría el Estado manejar mejor esos fondos? Difícilmente, y precisamente por ello debemos desarmar la concepción “bancaria” del sistema de jubilaciones.
La propuesta de administración estatal de los fondos del ANSES cual agente financiero evidencia que la economía política detrás de la reforma previsional en curso se mantiene dentro de los cánones de la ortodoxia económica. Se sigue pensando a la previsión social como si los aportes de los trabajadores y trabajadoras hoy sirvan para financiar sus propias jubilaciones en el futuro. Como si el dinero “guardado” en las cajas previsionales pudiera transferir valor real al futuro.
El error analítico clave es que el valor no puede ser trasladado al futuro. Los recursos que se utilizan en el presente para financiar el pago a los jubilados tienen su contrapartida en la producción real de mercancías en el presente. No tienen (no pueden tener) ninguna correlación real con los aportes del pasado o con los fondos acumulados; el dinero (acumulado) no puede crear riqueza o valor. Ese dinero sólo es una expresión del valor, no es valor por sí mismo ni lo crea. Si hoy no se produce el valor necesario para ser transferido a los actuales jubilados, no importa cuánto se haya aportado en el pasado o cuánto se haya “acumulado” en un fondo, no habrá nada para redistribuir.
Por ello, lo que debe hace la legislación previsional es establecer el monto justo de las jubilaciones en cada momento del tiempo y arbitrar los mecanismos (impositivos) para garantizar la redistribución -del valor creado por el trabajo en el presente- a los jubilados.

Avanzar es superar el pasado, no sólo volver a él
La re-estatización completa del sistema de jubilaciones y pensiones es una medida positiva, más allá de los motivos que impulsan al gobierno a tomarla. Pero volver a 1993 no significa hacer lo que es justo, posible y necesario. Es necesario avanzar, hacer que la proclamada redistribución de la riqueza pase de las palabras a los hechos.
Primero, el sistema de previsión social debería garantizar un nivel de ingresos igual a la canasta familiar para trabajadoras y trabajadores jubilados. Hoy la jubilación mínima es casi 50% inferior a la línea de la pobreza y está muy lejos de la canasta familiar. Esto a pesar de que el sistema de previsión social tiene superávit: ¡se recaudan más de 60 mil millones de pesos, pero se gastan sólo 48 mil millones! La reforma propuesta no se propone mejorar sustantivamente los ingresos de los actuales jubilados. ¿Por qué perpetuar jubilaciones indignas, cuando siempre hay recursos para subsidiar al gran capital agrícola, productivo y financiero?
En segundo lugar, ¿por qué sostener un sistema de previsión que se basa en los aportes individuales de trabajadoras y trabajadores? El sistema estatal se constituyó sobre la base de la lógica de las cajas que los/as propios trabajadores/as crearon en las primeras décadas del siglo XX. La estatización del sistema de cajas por gremio o rama de actividad fue en su momento un triunfo de la lucha de trabajadores y trabajadoras. Hoy, sin embargo, eso ya es injusto, inviable e insuficiente por varios motivos.
Primero, es injusto que familias trabajadoras que no alcanzan la canasta familiar (30% de ellas ni siquiera llegan a la línea de la pobreza) deban aportar a sostener la previsión social, pagando un impuesto para su propia jubilación. Ellas ya aportan en exceso en concepto de IVA y otros impuestos regresivos. Más de la mitad de la recaudación de impuestos se sostiene en impuestos regresivos, que reducen fuertemente el poder de compra de los ingresos de los hogares de trabajadores y trabajadores.
Segundo, el sistema estatal tal cual se plantea es inviable pues el sistema de aportes personales (directos o indirectos a través de los llamados “aportes patronales”) ya no puede sostenerse en el marco de un mercado laboral hiper-precarizado, donde dos tercios de los potenciales aportantes no están en condiciones de hacerlo y la relación entre ocupados y jubilados es de aproximadamente 3 a 1. Esto no solamente crea un sistema en crisis financiera permanente aún pagando jubilaciones miserables, sino que supone asumir un sistema de previsión social que excluye a la mayoría de los supuestos beneficiarios. En el contexto actual, la mayoría de los trabajadores no podrán cumplir con las obligaciones legales para poder jubilarse en el futuro.
Por último, el sistema estatal tradicional es insuficiente pues en el mejor de los casos asegura jubilaciones que no permiten vivir dignamente. Al igual que los salarios, las jubilaciones deben permitir a los adultos mayores alcanzar la canasta familiar. Comparar, como hace el gobierno, los magros ingresos de un jubilado del sistema privado (670 pesos si aportó desde 1994 al sistema privado y se jubila hoy con un sueldo de 1500 pesos al momento de retiro) con los mejores pero igualmente insuficientes ingresos de un jubilado en el sistema estatal (780 en las mismas condiciones), no habla de las bondades de este último sino que plantea la necesidad de re-pensar integral y radicalmente el sistema de previsión social argentino. Muy lejos está la jubilación estatal del reclamos histórico del 82%: esos 780 pesos representan sólo 52% del ingreso al momento de jubilarse.

Por un sistema integral de previsión social que asuma la necesidad de la socialización de la riqueza y los ingresos.
Es momento de reconocer la necesidad de crear un sistema que garantice niveles dignos de ingreso iguales a la canasta familiar para todos los mayores, más allá de su historia laboral y partiendo de la apropiación y redistribución del excedente social. La jubilación mínima debería alcanzar a no menos de 1500 pesos (el doble de la mínima actual, que es de 690 pesos).
Es hora de construir un sistema que, a partir de las retenciones a las exportaciones, un impuesto general a las rentas financieras y el aumento de la imposición a las ganancias de las empresas y la riqueza suntuaria, socialice el valor que es producido por el esfuerzo laboral del conjunto del pueblo trabajador y que hoy es apropiado por las clases dominantes. Hoy se gasta cerca de 5% del PBI en el pago de jubilaciones. Con la creación y/o ampliación de los mencionados impuestos, se podría duplicar fácilmente esa proporción para alcanzar los valores mínimos mencionados.
Hay que avanzar hacia un sistema que sea punto de partida de un régimen de garantía de ingresos para todos los habitantes del país, más allá de su condición de ocupado, desocupado, jubilado, joven o viejo, que permita alcanzar niveles de vida dignos para todos y todas. Este sistema previsional se tiene que conjugar con el blanqueo de todos los trabajadores y trabajadoras, tanto en las empresas privadas como en el Estado, que hipócritamente encara iniciativas "contra el trabajo en negro" mientras mantiene miles de trabajadores en situación precarizada. También, con un cambio profundo en el sistema tributario, donde pague proporcionalmente más el que más tiene, y no al revés, como es ahora. En síntesis, una política fiscal que permita caminar hacia la socialización efectiva de la riqueza que producimos entre todas y todos.

¿Crisis final del capitalismo, o primera gran crisis de la etapa pos-neoliberal?


¿Crisis final del capitalismo, o primera gran crisis de la etapa pos-neoliberal?

Nota aparecida en el Boletín quincenal Nº 98, de Prensa de Frente

El boom acabó. Luego de casi 7 años de expansión, las principales economías del mundo, enfrentan una crisis que parece no tener precedentes. Para analizarla, quienes la describen se remontan a la crisis de 1929, hace casi 80 años. En la superficie, la crisis actual se presenta como una crisis financiera y bancaria. En las últimas dos semanas la caída de varios importantes bancos mayoristas en los Estados Unidos, ha desatado una suerte de corrida mundial contra las instituciones financieras.

Una tras otra las Bolsas de Valores del mundo se desploman. Al ritmo del sol e Internet, caen Wall Street y San Pablo, Tokio y Rusia, luego las bolsas europeas, para recomenzar el ciclo.

El profundo deterioro en el valor de los activos de los bancos y otros agentes de inversión financiera, los ponen al borde de la bancarrota. Frente a esto, mientras muchos pequeños inversores y ahorristas entran en pánico, los Estados de los países centrales caminan a tientas para retomar las riendas, o al menos para frenar un ciclo que amenaza poner en riesgo la estabilidad financiera mundial.

La crisis financiera, la forma de la crisis
¿Estamos en presencia de una crisis esencialmente financiera, ligada a una suerte de “descontrol especulativo” producido por la falta de regulación adecuada? En parte, podemos decir que sí. El proceso de desregulación de las finanzas a escala mundial, iniciado a finales de los años setenta y profundizado en los últimos 15 años, ha mostrado sus límites. Sin embargo, no es esta la verdadera causa de la crisis.

Efectivamente la desregulación ha permitido al capitalismo crear una masa del denominado “capital ficticio” que no tiene relación alguna con la capacidad real del sistema de crear valor. En las últimas tres décadas, el capital mundial en proceso de trasnsacionalización productiva se sostuvo en la desregulación financiera para favorecer su expansión por el mundo. La amenaza permanente de la fuga de capitales en los países díscolos y el peso de la deuda externa, sirvieron como mecanismo de presión para promover en todo el globo el desarrollo de una nueva articulación mundializada del capital. Las grandes corporaciones multinacionales integraron sus procesos de producción a escala global y para ello se sirvieron del capital financiero para la compra de empresas locales privadas y estatales y para la apropiación de las riquezas naturales en los países de la periferia.

En la medida en que la mundialización se fue consolidando, el capital comenzó a desplazarse de manera creciente a espacios de valorización más ligados a procesos especulativos: inversiones inmobiliarias e inversiones en mercados de commodities (mercancías no diferenciadas como las materias primas agrícolas, energéticas, minerales, etc.). La especulación creció de la mano de la creación de “productos derivados” que permitían invertir en activos financieros que representaban “índices” de otros productos financieros y/o activos reales. Es decir, se creó una montaña de papeles de un valor de mercado creciente pero cada vez menos ligado al valor de alguna producción real.

Por esto la crisis financiera golpea con fuerza los precios del conjuntos de las commodities. Por ello, a su vez en la crisis el dólar y el oro se revalorizan, dando cuenta de su centralidad como representaciones de valor social global.

La forma y la esencia de la crisis
Pero esta es la cáscara, la superficie del problema. En el fondo de la burbuja y la crisis no está tanto la desregulación de las finanzas como las tendencias más profundas del capitalismo en la etapa actual.

Como señalamos, el capitalismo en la actualidad expresa una gran tendencia: su reestructuración bajo la modalidad de la mundialización y el saqueo de las riquezas naturales.

Hoy más que nunca el ciclo del capital se encuentra mundializado. En una sucesión de momentos a la vez superpuestos, el capital bajo la forma de dinero, mercancías y procesos productivos se ha globalizado. Muchas de las grandes corporaciones capitalistas ya no son empresas nacionales con filiales en el exterior, sino mega-corporaciones de alcance mundial.

Esto no significa que los Estados nacionales hayan dejado de existir o tener relevancia. Por el contrario, estos Estados se han convertido de manera creciente en medios para la reproducción de los capitales locales (ya no nacionales) a escala mundial, como parte del capital social global. Por ello el imperialismo opera hoy más que nunca como agente del capital en su conjunto.

En el movimiento hacia su transnacionalización, el capital ha revolucionado todos los procesos de producción, incrementando la productividad laboral, mediante el aumento de la explotación y subordinación del trabajo y la acentuación en el uso de tecnologías informáticas, reduciendo de esa forma, sostenida y sistemáticamente, los costos de producción (que incluyen los costos de transporte y logística).

En ese mismo proceso, cada vez más, los territorios ricos en bienes naturales son codiciados por ese capital trasnacional que pretende apropiarse de los mismos, para convertirlos en recursos naturales. Es decir, integrarlos a su circuito particular de valorización a escala global (a su proceso de producción particular) y por ese medio al ciclo del capital social mundial.

Esa gran tendencia que mencionamos, en dos niveles, está en la base de la crisis actual. Por una parte, la presión creciente del capital por la valorización de los territorios abundantes en riquezas naturales se realiza sin consideración por las poblaciones que allí habitan ni la sustentabilidad socio-ambiental de esos territorios o el agotamiento de esos bienes. La estrategia del saqueo, la acumulación por desposesión, constituye una nueva acumulación originaria de capital que destruye todo a su paso e impulsa la actual tendencia al aumento sostenido de los precios de las materias primas.

Esa dinámica se conjuga con la tendencial desvalorización del capital en todas sus formas que es parte implícita y necesaria de todo proceso de valorización exitosa. En 20 años de acumulación sostenida casi sin interrupciones y revoluciones constantes en el valor de las mercancías producidas, el capital ha podido sistemáticamente desplazar su crisis, su desvalorización, a nuevos territorios (China, India, América Latina) y luego de manera creciente a los mercados financieros. Esto ha desplazado en el espacio y el tiempo la desvalorización que necesariamente debe sufrir el capital por la reducción sistemática en los costos sociales de producción y la creciente explotación laboral a la que ha sometido al conjunto de la clase trabajadora a escala mundial. Entonces, la desvalorización de las mercancías se manifiesta a través de la crisis, pero sin que ella sea su causa.

En fin, el saqueo de las riquezas naturales explica el carácter estructural del boom del precio de las commodities, a la vez que la desvalorización implícita de las mercancías (la crisis bursátil, con quiebra de bancos y empresas, pero también la devaluación de las monedas en relación al dólar de Estados Unidos y el oro).

La crisis mundial y el capitalismo argentino

La crisis del capitalismo a escala global tendrá consecuencias sobre una economía como la argentina, fuertemente integrada al ciclo del capital transnacional. Tanto en el plano financiero (a través del endeudamiento), como en el productivo (a través de la profundidad de la extranjerización de la economía) y la apertura externa del ciclo del capital local (a través de exportaciones e importaciones que representan la mitad del valor agregado), la economía argentina enfrenta los vaivenes de la producción y reproducción del capital a escala internacional.

Por un lado, la política de endeudamiento sostenida por el Estado argentino tenderá a presentar crecientes dificultades. La necesidad de refinanciar los vencimientos de la deuda y los intereses (unos 15 mil y 5 mil millones de dólares, respectivamente) pondrá a prueba la capacidad del gobierno de acceder al mercado financiero internacional en un contexto en que el riesgo percibido aumenta fuertemente. Estas dificultades comienzan a ser percibidas en el riesgo país, que se ha disparado en las últimas semanas.

Por otra parte, la caída en la cotización internacional de los productos de exportación de Argentina (como fenómeno de coyuntura) pone en riesgo un esquema de superávit fiscal funcional al objetivo anterior. Si la recaudación por retenciones se cae y la economía se ralentiza, será difícil sostener un exceso de ingresos sobre gastos adecuado, máxime cuando las presiones para la recuperación salarial entre los trabajadores estatales continúan. Cabe recordar que los salarios de los empleados del Estado han subido mucho menos que las remuneraciones de los trabajadores formales en el sector privado de la economía y se encuentran aún por debajo de los niveles de fines de 2001.

Ambos elementos se combinan en la economía argentina con la presión estructural a la apreciación del tipo de cambio. Esa presión proviene de la falta de competitividad sistémica del capital en el territorio nacional. A pesar de la pauperización de la fuerza de trabajo en el país (con niveles de pobreza superiores al 25% y más de ¾ de los hogares con ingresos por debajo de la canasta familiar), los bajos niveles de inversión en comparación a las tasas de ganancia del gran capital, y por ende la baja productividad relativa, crean una situación de tendencia permanente a la crisis cambiaria. La falta de "competitividad" aparece cíclicamente bajo la forma de dificultades para sostener la rentabilidad del capital en una economía abierta y, consecuentemente, se manifiesta bajo la modalidad de una presión sobre el dólar.

Por ello, nuevamente, los sectores más concentrados de la industria (Unión Industrial Argentina) aprovechan la crisis mundial para exigir la devaluación del peso, es decir para rebajar los salarios nuevamente. Por ello, también, los sectores de la agroindustria vuelven a la carga con la propuesta de eliminación lisa y llana de las retenciones a las exportaciones.

Por su parte, los sectores más acomodados de la población (capitalistas, los asalariados en función capitalista y los rentistas) ya han comenzado a moderar sus gastos suntuarios. Dado que sus gastos representan la mitad del consumo global, y en particular una porción muy significativa de la demanda de medios de consumo “durable” (autos, electrodomésticos) e inmuebles, la crisis global puede traducirse a corto plazo en una desaceleración persistente de la economía local.

Además, mientras en un marco fuertemente expansivo desde el gobierno se pudieron mantener determinados consensos sobre la base de la expansión del empleo (en su mayor parte precario) y la suba de salarios, ya hace dos años que estos último no crecen por encima de la inflación real. Si la crisis se acentúa, la tasa de creación de puestos de trabajo caerá de la mano con la caída en el crecimiento económico. Si no se crean más de 300 puestos de trabajo al año (y no se crearán si la economía no crece por encima del 4% anual) el desempleo comenzará a subir nuevamente.

Esto junto a la potencial desvalorización del peso (ya iniciada, aunque de manera incipiente) pueden reactivar la conflictividad social, más allá de los intentos de la CGT, la UIA y el gobierno de apuntalar un Pacto Social que “congele la lucha de clases” hasta después de las elecciones de 2009.

¿Qué significa buscar un tipo de cambio real “competitivo y estable”?

Nota aparecida en Página/12, el Lunes 25 de Agosto de 2008.
(http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-110324-2008-08-25.html)

¿Qué significa buscar un tipo de cambio real “competitivo y estable”?*
Por Mariano Féliz (21/8/2008)

La política oficial apunta a garantizar la llamada “competitividad” de la economía, intentando sostener un tipo de cambio real (TCR) “elevado” (dólar caro). Se busca que los precios y costos internos sean bajos en dólares en comparación con los precios y costos en dólares en el resto del mundo. El país se hace más “barato” y la mayor “competitividad” se manifiesta en un mayor superávit (o un menor déficit) externo.
Al tener este objetivo en mente, el gobierno argentino asume que puede controlar o determinar el nivel “tendencial” (de “largo plazo”) del cambio real. Esto supondría que a través de la política monetaria y fiscal el gobierno podría “elegir” tener un dólar alto.
Esto no es así. En realidad el valor del tipo de cambio real es el resultado de determinaciones ligadas al proceso de acumulación y valorización de capital en la economía. La política monetaria y cambiaria tienen pocos efectos sobre el valor tendencial del tipo de cambio, pues el mismo es estructuralmente rígido. Esto no significa que no pueda ser alterado por medio de la política pública. Lo que sí expresa es que el manejo del TCR a los fines de alcanzar la tan mentada “competitividad” involucra otro tipo de elecciones de política (económica).
Sintéticamente, el tipo de cambio real está determinado esencialmente por los niveles de productividad de la economía y la relación entre la tasa de ganancia y los salarios reales, comparados entre países. Si la productividad aumenta en un país (en comparación con el resto del mundo), el TCR puede aumentar pues la mayor productividad induce una baja en los costos de producción internos, aumentando la “competitividad” (lo que es un eufemismo para denominar la ganancia empresaria). Lo mismo ocurre cuando bajan los salarios reales en un país en relación al resto del mundo: el tipo de cambio real aumenta pues se reducen los costos internos y las empresas se hacen más “competitivas”.
Por esto el tipo de cambio real tenderá a ubicarse en un nivel que estará determinado por la productividad laboral y los salarios reales de la economía, siempre comparados con esos mismos valores en el resto del mundo. En consecuencia, el tipo de cambio real será estructuralmente “rígido” y no sujeto a las decisiones de la política económica, a menos que el gobierno pueda mediante la misma alterar las variables relevantes.
Este planteo pone bajo otra luz la política cambiaria impulsada por el gobierno desde 2002, en la actual etapa neodesarrollista.
Hay un hecho objetivo: el tipo de cambio real “tendencial” es hoy en día más alto que a comienzos de los noventa como resultado del aumento de la productividad que se produjo en esos años. Claro está el costo de ese aumento fue la mayor desocupación y precariedad laboral extendida durante esa década. El aumento de la competitividad (rentabilidad) estructural del capital en la Argentina se basó en los años noventa en el empobrecimiento generalizado del pueblo trabajador.
A esto podemos sumar otro elemento que caracteriza a la etapa actual. El tipo de cambio real es hoy más elevado que los noventa también porque los salarios reales son más bajos. La economía es hoy más “competitiva” porque, además de la mayor productividad, tiene salarios más bajos en términos reales. Es decir, nuevamente han sido las trabajadores quienes han pagado el costo de la deseada “competitividad” a través de salarios que hoy son para la mayoría de los trabajadores más bajos que en las últimas dos décadas.
De allí que el tipo de cambio “elevado y estable” al que apunta el gobierno pueda lograrse sólo con salarios que garantizan la persistencia de niveles inaceptables de pobreza y condiciones de precariedad laboral. Cuando, por el contrario, se apela a la mayor productividad como medio para ganar “competitividad”, los empresarios (y el propio gobierno) sólo piensan en subsidios estatales al capital y mayor precariedad y explotación laboral.
Todo lo dicho indica que la política de “competitividad” del gobierno se sostiene en una política de contención salarial y precarización del empleo. Cuando la misma no es eficaz pues “falla” la mediación de los sindicatos burocratizados y sus conducciones, son los empresarios quienes buscan garantizar su “competitividad” devaluando los salarios a través de la inflación y apelando a los despidos indiscriminados.
En cualquier caso, tanto en los noventa como en ésta década, en el neoliberalismo y el neodesarrollismo, lo único que no se discute es el objetivo de la “competitividad” y quien pagará los costos de alcanzarla.

* Versión "larga" de la misma nota

Historia de la desigualdad: de la precarización de la vida al crecimiento sin equidad.

Historia de la desigualdad: de la precarización de la vida al crecimiento sin equidad.

Por Mariano Féliz

Nota aparecida en Página/12, 5 de mayo de 2008 bajo el título "Precarización sin equidad"

Texto de la nota tal cual fue enviada (fue publicada con un título diferente y algunas modificaciones en el texto)

Historia de la desigualdad: de la precarización de la vida al crecimiento sin equidad.
Por Mariano Féliz (economista, trabajador docente-investigador de la Universidad Nacional de La Plata)

Historizar la distribución del ingreso implica dar contenido histórico y sociológico a la determinación de los salarios (su nivel y dispersión) y la productividad laboral. Es decir, dar un fundamento social a la dinámica de las variables económicas que determinan el reparto de la riqueza social.
En la Argentina, entre la segunda guerra mundial y el final del segundo gobierno peronista, la batalla por la distribución fue ganada por aquellos que vivían de su trabajo. En esta etapa, con el desarrollo de su capacidad organizativa el pueblo trabajador pudo ampliar progresivamente la apropiación de los frutos de su actividad. Entre 1943 y 1955 los salarios reales aumentaron el doble que la productividad, llevando la participación de los trabajadores en el ingreso a sus máximos históricos.
Desde el primer quinquenio de los cincuenta comenzó un proceso de avanzada de los sectores de poder que, viendo disputado su dominio, decidieron iniciar una ofensiva. El golpe del ’55 marcó el comienzo de una etapa en la cual los sectores más concentrados del capital intentaron recuperar el terreno perdido echando mano a la represión abierta del movimiento popular y a la incorporación de nuevas tecnologías. Los resultados hacia mediados de los ’70 marcaron para la gran burguesía los límites de esa estrategia. Si bien pudieron contener parcialmente el avance de los trabajadores (pues los salarios comenzaron a crecer menos que el ritmo de la productividad al tiempo que la desigualdad salarial aumentaba), estaba claro que necesitaban algo más: el descabezamiento de los sectores más movilizados del pueblo trabajador y la desarticulación de la solidaridad de clase construida durante la sustitución de importaciones.
La dictadura militar primero y luego, con otros matices e intensidad, los gobiernos electos que la sucedieron, avanzaron en el deterioro de la capacidad de trabajadores y trabajadoras de disputar su participación en la distribución del ingreso. La dictadura con su plan criminal inició una etapa de transición, de reestructuación regresiva y violenta cuyas manifestaciones más típicas fueron la presión inflacionaria, la fuga de capitales y la consolidación de los grandes grupos económicos. La Convertibilidad (1991-2001) concluyó con ese proceso poniendo en pie una nueva etapa primario-exportadora (iniciada en 2002) que se alimenta de los bajos salarios y precariedad laboral al tiempo que acentúa el saqueo de los bienes naturales. Por ello a pesar del crecimiento de la economía y la productividad, los niveles de pobreza y desigualdad distributiva son inusitadamente altos y persistentes.
Mientras que hoy el ingreso por habitante es mayor que hace treinta años, la pobreza es 10 veces más elevada (alcanzando a más de 25% de la población), la desigualdad de ingresos aumentó un 50% (hoy los ingresos del 10% más rico de la población es 28 veces mayor que el ingreso del 10% más pobre) y los salarios reales se encuentran aún 20% por debajo de los niveles de aquellos años. La participación de trabajadoras y trabajadores en el ingreso se redujo por debajo de los niveles de las últimas décadas en el presente modelo neodesarrollista.
Este es el resultado de la proliferación de formas de contratación precarias que dejan a millones de trabajadores desprotegidos y dificultan su organización para luchar por mejores condiciones de trabajo. Los sindicatos encuentran serios problemas para articular estas diferentes figuras; en general, ni siquiera lo intentan. En este marco, muchos jóvenes trabajadores y trabajadoras se ven forzados a navegar como pueden el circuito infernal que ofrecen las empresas de empleos temporarios. Crece la productividad laboral, la intensidad y la extensión de la explotación, pero el pueblo trabajador (disperso y desarticulado) aún busca los medios para disputar en las empresas y fuera de ellas, una mejor distribución de la riqueza.
Pero la desigualdad que resulta de la precarización de la vida puede transformarse en una fuente de conflicto cuando la misma se politiza. El crecimiento con desigualdad, como el actual, es crecimiento con pobreza y salarios bajos, crecimiento que no es desarrollo y conduce inevitablemente a la inestabilidad social y política.
Frente a esto, el gobierno debería actuar sobre los elementos que fundamentan la pobreza y la desigualdad (atacando la precariedad laboral, los bajos niveles de salarios y una política fiscal y tributaria regresiva). Sin embargo, el actual gobierno ha privilegiado claramente y de manera más enfática cada vez, otra modalidad de intervención: reprimir al pueblo organizado para aplacar el descontento, de manera directa cuando judicializa la protesta social, e indirectamente a través de la intervención coactiva de sus organizaciones sindicales y políticas afines.