Conflicto con el Estado y el estado del conflicto

Conflicto con el Estado y el estado del conflicto
Mariano Féliz, agosto de 2003

1. ¿La calma después de la tormenta?
Si algo puede decirse hoy en día es que el estallido de diciembre de 2001 fue solo eso: un estallido. La rebelión abierta del 19 y 20 de diciembre expresaba crecientes niveles de descontento del Pueblo con la política estatal y la dinámica del capitalismo argentino. Marcó un punto de inflexión, un cambio cualitativo, un pico en un proceso que se venía gestando.
Es cierto que fue, en alguna medida, la expresión de crecientes grados de articulación entre los distintos sectores en lucha. Sin embargo, las expectativas de algunos de que la Argentina se encontraba en un período proto-revolucionario no fueron corroboradas por la realidad. Y no ocurrió simplemente porque presuponían grados de organización popular que no existían (no existen aún) y además, un grado de inacción desde los sectores del capital (y por tanto del Estado) que era inverosímil. Máxime cuando quienes habían asumido el control de ese Estado representan al justicialismo, movimiento cuya capacidad de acción y reacción es admirable (en algún momento a favor y desde hace casi 30 años en contra de los intereses populares).
El gobierno de Duhalde llevó adelante un programa de gestión macroeconómica y macrosocial cuyo principal objetivo fue por un lado, desactivar las posibilidades de una explosión en la dinámica de variables claves de la economía (como el precio del dólar o la inflación) o el derrumbe de ciertas instituciones u organizaciones de peso en el capitalismo argentino (principalmente, el sistema financiero y las empresas privatizadas). Por otra parte, las políticas públicas buscaron controlar el conflicto social y esto fue intentado básicamente orientando recursos financieros a recomponer la capacidad de acción del aparato clientelar del PJ en todo el país (y especialmente en el conurbano bonaerense).
La política económica se orientó a poner la carga del ajuste posconvertibilidad en aquellos sectores con escasa capacidad de movilización y reclamo. La salida del régimen económico que organizó la acumulación durante los noventa significó una gigantesca transferencia de recursos económicos desde las clases que viven de su trabajo (asalariados, cuentapropistas, pequeños empresarios) hacia aquellos que viven del trabajo ajeno (en particular, los grandes capitales nacionales y trasnacionales del sector financiero y no financiero).
La devaluación del peso creó una enorme renta en manos que los sectores exportadores (entre los que se concentran el grueso de los grandes grupos económicos). El salvataje del sistema financiero está costando decenas de millones de dólares que el Estado está asumiendo como nuevo endeudamiento en moneda extranjera.
La contracara de ese proceso de concentración de los ingresos es el derrumbe del ingreso real (es decir, el poder de compra de los ingresos) de aquellos que deben trabajar para vivir. Quienes más han sufrido el impacto de este proceso son los más pobres entre los pobres (hoy más de la mitad de la población se encuentra en la pobreza): los desocupados. Ellos sufren más que todos el impacto de vivir en la Argentina de libre mercado con moneda devaluada: su consumo se concentra en aquellos productos que más subieron de precio, los alimentos.

2. Nuevamente, la miseria planificada.
Esto ilustra una de las contradicciones de la economía Argentina. Exportamos lo que consumimos. Exportamos alimentos y combustibles, elementos esenciales para la reproducción de la vida. Esto lleva a que si la devaluación mejora la rentabilidad de los exportadores esto sea a costa del hambre de nuestro pueblo. Las cosechas y ventas records de alimentos al exterior se dan en el marco de una pobreza e indigencia también excepcionales.
Rodolfo Walsh decía que los militares durante la última dictadura llevaron adelante un plan de miseria planificada. Pues ahora, el Duhaldismo, Remes y Lavagna, hacen lo mismo al privilegiar la necesidad de conseguir dólares frente a las necesidades básicas de la población del país. Ellos llamarán "legítima" a esa forma de conseguir divisas en comparación con la posibilidad de pedirlos prestados, pero de todas maneras consuman el asesinato conciente de millones.
Esa es la nueva estrategia productiva. Es insostenible hablar de una distinción entre el gran capital productivo y el gran capital financiero. El objetivo central detrás de la política económica en el mediano plazo es garantizar la posibilidad de conseguir los dólares necesarios para hacer frente a los pagos de la deuda externa (pública y privada). Nada más y nada menos que proteger los intereses del capital financiero.
Para ello, en el marco de la competencia capitalista globalizada desde un país periférico como Argentina, el capital necesita (y busca) reducir los costos de producción a niveles compatibles con la productividad media del trabajo. Es decir, reducir los salarios para ampliar la masa de ganancias y a la vez reducirlos para disminuir su poder de compra y aumentar la masa de mercancías excedentes que puedan ser exportadas (para conseguir dólares).

3. ¿Política social?¿qué política?
En este marco, la política social encarada por el Estado busca centralmente controlar la conflictividad social. La distribución de casi dos millones de planes jefes y jefas de hogar a través de los municipios pretende, como dice mi amigo Esteban, evitar la irrupción de la multitud. Más de 3500 millones de pesos han sido entregados a los gobiernos municipales del país (un 30% de eso a los municipios del conurbano bonaerense) como un nuevo instrumento para aplacar el descontento.
No quedan dudas de sus intenciones pues no se sostiene el argumento oficial de que el plan busca atacar la exclusión social. Los 150 pesos (lecop) que hoy entregan permiten comprar menos de 64% de una canasta básica de alimentos para una (1) persona. A comienzos del 2002, ese mismo dinero permitía adquirir al menos el 97% de esa canasta. No creo que sea necesario recordar que obviamente en cada hogar vive más de una persona. En efecto, la misma información del ministerio de trabajo muestra que prácticamente ningún hogar sale de la “pobreza” en términos estadísticos gracias al programa.
Junto a la política social, desde la masacre de Avellaneda en junio del año pasdo el Estado ha acentuado su política de recuperación de “la ley y el orden”. Los desalojo (e intentos de intentos desalojo) se multiplicaron contra las organizaciones del campo popular que habían logrado recuperar para su comunidad espacios antes privados. Recientemente el desalojo al Padelai y a la asamblea de San Telmo, los intentos de desalojar a Indymedia, los embates contra Zanón y Brukman. Frente a los cuestionamientos a la propiedad privada, el capital ha retomado la ofensiva.

4. Estado, trabajo y capital.
El Estado, sus políticas y sus leyes no son más que una forma de expresión de las relaciones sociales. Un conjunto de instituciones estatales (la convertibilidad y el sistema de representación democrático formal, por ejemplo) pueden entrar en crisis producto del poder del Pueblo que no acepta los ajustes necesarios para la valorización del capital (reducción en el salario nominal de 30%, mayor flexibilidad laboral, déficit cero, etc. López Murphy, Cavallo y compañía, recuerdan).
La salida de la convertibilidad (en los términos en que fue efectivamente implementada) puede ser vista entonces como la alternativa que pudieron elaborar los sectores del establishment frente a la creciente resistencia popular. Seguro que no fue su primer elección. Ellos hubieran preferido el ajuste perpetuo pero la cosa se les había puesto complicada.
La salida de la convertibilidad implicaba un riesgo importante. Los costos inmediatos eran grandes para el capital (pues los niveles de endeudamiento en dólares eran astronómicos) y la fuerte caída en la demanda interna que la devaluación del peso iba a generar, ponían en serio riesgo la realización de sus ganancias y su subsistencia misma como capitalistas individuales. Por otra parte, la salida de la convertibilidad prometía, en particular para ciertos sectores del gran capital, beneficios importantes (aunque inciertos, sujetos a la resistencia popular). Ya los hemos comentado.
Si en términos “económicos” consiguieron casi todo lo que buscaban, en términos “políticos” están todavía intentando reconstituir al menos parcialmente la legitimidad de un sistema de gestión del Estado que se encuentra en crisis. Las instancias electorales que se desarrollarán este año serán parte de ese intento de recomposición de la hegemonía política de las clases dominantes.
Por nuestra parte, los sectores populares continuamos en recomposición. La organización en la base continúa aunque el marco estructural no es el más favorable. Hace tiempo se agotó la inercia de la explosión de fines del 2001. De todas maneras hay, como solemos decir, saldos organizativos importantes. Se consolida el espacio de asambleas barriales (si bien son menos en número que al comienzo del proceso), se acentúan las experiencias de articulación de organizaciones sociales de distintos ámbitos y geografías. La consolidación de la coordinadora de organizaciones populares autónomas (copa) es un ejemplo.

5. Elecciones y después.
Si bien es cierto que el panorama hacia el futuro no es tan favorable como parecía a comienzos del 2002, la derrota en las urnas de los sectores más conservadores del arco político (la Rata y el Bulldog) y los condicionamientos que el gobierno de Kirchner parece (por ahora) reconocer son dos grandes triunfos del Pueblo argentino luego de una década de neoliberalismo descarado.
Sin embargo, pasadas las elecciones y a medida que el ‘compás de espera’ que estas abrieron se vaya diluyendo, el Estado avanzará en la reconstitución de las reglas básicas de un nuevo proceso de acumulación de capital sostenido en dólar alto y salarios de hambre (es decir, que no permitirán a buena parte de los trabajadores superar la pobreza material). Si algo no hemos logrado desde las organizaciones populares es torcer el rumbo estratégico de la economío política argentina y por lo tanto es de esperar que el gobierno avance en la reconstrucción de las bases para un desarrollo capitalista periférico. La discusión con el FMI que gira en torno a su típico paquete de ‘reformas estructurales’, será la próxima gran batalla e indicará hacia dónde se dirigirá efectivamente la política económica en los años venideros.
Los próximos pasos serán reestructurar el endeudamiento externo del conjunto del país (incluyendo, probablemente, el endeudamiento privado), continuar con la renegociación de las tarifas de empresas de servicios públicos (con alguna eventual reestatización) y comenzar a discutir la forma del ingreso del país al ALCA (la discusión aquí será si con Brasil o sólos y unilateralmente). Los dos primeros elementos son claves para garantizar la sostenibilidad global de la acumulación de capital en Argentina en el mediano plazo. El último se constituye en una prioridad para el Imperio en cuyo centro busca consolidarse Estados Unidos. El control del "patio trasero" (es decir, América Latina) por la vía del ALCA y la lucha contra "el terrorismo" son piezas clave en esa estrategia.
Por otra parte, el Estado comenzará a abandonar su cara asistencial: los planes de jefes y jefas serán, ya están siendo, desplazados por empleos "basura", de bajos salarios y sin estabilidad. Esto estará acompañado de mayor control social y represión, por supuesto.
Nuestra tarea continuará siendo constribuir a la construcción de poder popular, aportando tanto a la organización autónoma de cada vez más sectores del Pueblo y a su vez, buscando la articulación y coordinación de todos para enfrentar las ansias de expansión del capital en la nueva etapa que estamos transitando.