¿Qué salida, para qué crisis?
por Mariano Féliz*
Esta nota fue publicada en el diario Página/12 (16/3/2009) con el título "Corolario del neoliberalismo"
Agradezco los comentarios y aportes críticos de Melina, Fernando, Pablo y Franco, que leyeron versiones preliminares.
La actual crisis mundial tiene su origen aparente en una crisis financiera. Sin embargo, es el corolario del neoliberalismo -un proceso de reestructuración de la economía mundial- que avanzó con fuertes resistencias populares desde los años 70. Esta crisis golpeará a todos, pero en la periferia el impacto será mayor allí donde la tras-nacionalización de sus economías haya avanzado más.
El capitalismo choca hoy en día contra una pared por su propia lógica: producir cada vez más, a un valor (costo privado) cada vez menor, para el consumo de una proporción decreciente de la población. Se produce más que nunca pero miles de millones en el mundo siguen pasando hambre.
La presente crisis potencia los costos sociales del capitalismo (incluidos la destrucción del medio ambiente y el saqueo de las riquezas naturales). Estamos frente a una crisis ambiental y civilizatoria, además de económica; una crisis que pone en cuestión el conjunto del capitalismo como única forma de desarrollo, además del propio concepto de “desarrollo” y los parámetros para medirlo.
En este contexto, la crisis es un instrumento de los sectores dominantes para intentar consolidar su posición a costa de las mayorías. Mientras en la etapa de crecimiento el capital avanzó precarizando nuestras vidas, a través de la crisis profundiza esas tendencias como medio para superar sus límites. Por eso arremete primero con suspensiones y despidos, rebajas salariales y el cese de contratos; luego le siguen los cierres de empresas en perfectas condiciones técnicas para producir. Estos no son “efectos de la crisis” sino -más precisamente- acciones deliberadas de empresarios y gerentes para no perder dinero y trasladar el costo a quienes ninguna responsabilidad tienen (los trabajadores y trabajadoras). Atravesamos una crisis del capital, es decir de una forma de producir sólo aquello que es rentable sin atender a las necesidades sociales insatisfechas.
Frente a la incertidumbre política y la agitación social, atravesamos –nuevamente- una crisis del pensamiento hegemónico que no puede dar las respuestas (teóricas y prácticas) necesarias. Cuando la “mano invisible” parece no alcanzar, los sectores empresariales más concentrados demandan mayores subsidios y nuevos apoyos de ese Estado que en “tiempos normales” prefieren negar. En tiempos difíciles olvidan sus prejuicios y diferencias sectoriales para crear un frente único contra el pueblo trabajador, exigiendo que se garanticen el orden, la “competitividad” y la “moderación” de los reclamos populares.
Frente a la crisis de las ideologías del capital en tiempo de auge (el liberalismo) se fortalecen las posiciones desarrollistas que pretenden reubicar al viejo Estado (capitalista) en el centro del desarrollo (del capital); no hay novedad en esto. El par liberalismo-keynesianismo es parte de la artillería ideológica de los sectores dominantes pues no propone nada que cambie –de fondo- la dinámica de la crisis (las relaciones sociales que la sustentan y expanden) y proteja al conjunto del pueblo trabajador.
Este presente re-actualiza la necesidad de proponer e impulsar alternativas que apuntalen un cambio social profundo frente a un sistema de producción social que siempre carga los costos de “su” desarrollo sobre el conjunto del pueblo. Estas opciones pueden resumirse en unos pocos ejes.
Por un lado, medidas que protejan a los sectores más vulnerables de la población de los “efectos” inmediatos de la crisis. Por ejemplo, la suspensión de los despidos por dos años, la creación de un ingreso universal equivalente a la canasta básica -comenzando por la elevación inmediata de los planes sociales (Jefes y Jefas, Familias)-, el aumento de emergencia en salarios y jubilaciones y la creación de tarifas sociales para los servicios y el transporte públicos. Debe agregarse la protección pública y promoción con créditos y subsidios de las experiencias de recuperación de empresas por sus trabajadores/as y los emprendimientos autogestivos y cooperativos.
En segundo lugar, un conjunto de medidas que contribuyan a mejorar las condiciones del hábitat de los barrios populares a través de un programa de obra pública dirigido a la provisión de servicios sociales básicos (agua, cloacas, luz y gas, servicios médicos, escuelas, hábitat comunitario).
Por último, un programa de socialización de la producción estratégica (empezando por energía, transporte, comercio exterior y banca) bajo propiedad pública con gestión de trabajadores y usuarios, acompañado por una reforma tributaria que rebaje el IVA a los productos básicos y acreciente la carga impositiva de los sectores de más ingresos.
Este –incompleto, perfectible pero realizable- conjunto de medidas de emergencia permitiría no sólo proteger a los sectores más vulnerables del pueblo frente a la profundidad de la crisis y favorecer la recuperación económica, sino que posibilitaría avanzar por un camino de cambio social que trasforme la organización de la producción y la distribución de la riqueza.
* Investigador del CONICET. Profesor de la UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.
Thursday, March 12, 2009
Thursday, January 15, 2009
¡Neoclásicos atrás, atrás! ¿Qué economistas para qué país?
¡Neoclásicos atrás, atrás!
¿Qué economistas para qué país?
Por Mariano Féliz*
[Esta nota salió publicada en el diario Página/12, 19 de enero de 2009, con el título de "Oscurantismo neoclásico"]
El capitalismo atraviesa su mayor crisis en años. Si las consecuencias sociales del neoliberalismo desgastaron su legitimidad, el actual panorama de descalabro han terminado de derrumbar el aura de que gozó la teoría económica neoclásica en especial durante los años noventa. La crisis de 2001 ya había minado el “prestigio” político de esa corriente de pensamiento, que sirvió de sustento teórico a las reformas neoliberales. Hoy, el rey está desnudo y no queda más que buscar en otras fuentes para dar cuenta de la realidad.
Siempre hay quienes se niegan a reconocer que han estado equivocados o, al menos, que sus aprendizajes y enseñanzas tienen un limitado poder analítico. No es novedad que las Universidades privadas sean núcleos de difusión de lo más rancio del neoliberalismo. Sin embargo, es por lo menos paradójico que en la mayoría de las Universidades Públicas también perviven inmutables departamentos de Economía que reniegan de la necesidad de abrir los planes de estudio y los perfiles de la formación de los economistas. Ejemplos de esto son los departamentos de Economía de las Universidades Nacionales de Salta (UNSa), La Plata (UNLP) o Buenos Aires (UBA).
Lejos de reconocer las limitaciones de sus conceptos, enfoques e instrumentos, pretenden sostener y consolidar planes de estudios que en lugar de promover una formación integral, fortalece una baja en los contenidos y la reducción de las carreras a tecnicaturas de hecho. Los estudiantes no pueden seguir siendo obligados a (de)formarse a partir de planes de estudio que profesan, cual dogma de fe, la llamada economía neoclásica.
Esos planes de estudio carecen del elemento básico de la actividad universitaria: el pluralismo de ideas. Profundizando una cerrazón teórica en torno al neoclásicismo, ubican en un lugar marginal o niegan por completo otras corrientes de pensamiento, como las marxistas o estructuralistas. Esta negación contribuye a formar profesionales incapaces de entender el mundo, privándolos de la posibilidad de conocer las opciones teóricas más importantes, sus fundamentos y límites.
Esto atenta contra el pluralismo básico en la construcción de una sociedad democrática y cuestiona el carácter científico de esa formación. ¿Qué puede decirse de una corriente conceptual que no se atreve a debatir con las otras? Una formación unilateral (neoclásica) solo puede favorecer el oscurantismo y una práctica profesional y científica que buscar reproducirse antes que atreverse a enfrentar su negación. Los economistas son obligados a reproducir el status quo de una profesión que necesita urgentemente abrirse al pensamiento crítico si quiere evitar reducirse a una mera creencia.
Las propuestas de reforma que impulsan hoy mismo en Universidades Nacionales tales como la de La Plata, avanzan en el recorte de contenidos, reduciendo el número de años de las carreras y, con ello, eliminando materias como la sociología o la historia argentina y latinoamericana. ¿Qué busca un cambio que profundiza una formación abstracta, acentuado los contenidos técnicos y desplazando aquellos que la fundamentan teórica, histórica y conceptualmente? ¿Qué objetivo tienen estas reformas que se niegan a introducir no sólo otras corrientes de pensamiento sino aquellas materias que permitirían una reflexión crítica sobre la misma ciencia? Esas reformas avanzan en reducir al economista político (conciente de los límites de sus saberes y del posicionamiento político que asume en su práctica intelectual) a mero “técnico en economía neoclásica”, un hábil manipulador de datos y herramientas técnicas pero incapaz de asumir las implicancias y consecuencias sociales y políticas de las respuestas que esas herramientas producen e incompetente para cuestionarlas.
Es realmente incomprensible que frente a la crisis del paradigma neoclásico en todas sus vertientes, en muchas de las Universidades se pretenda imponer por la fuerza (evitando el debate democrático y la participación amplia de la sociedad) reformas de los planes de estudio que antes que desarrollar la capacidad de reflexión crítica, plural, científica y ligada a la realidad y necesidades de nuestro Pueblo, apuntalan una formación técnica, reduccionista y dogmática.
Estos intentos de sostener planes de estudio que niegan la realidad de un neoliberalismo que muestra sus límites prácticos (y en otros casos como en la UNLP donde las autoridades quieren imponer verdaderas contra-reforma neoclásicas) están siendo enfrentados por un creciente número de docentes, estudiantes y graduados. En la UNLP, por ejemplo, se está impulsando una amplia campaña para conseguir una reforma de los planes de estudios que garantice la pluralidad teórica e ideológica.
Es cada vez más evidente que en una sociedad democrática con vocación de avanzar en la resolución de sus acuciantes problemas, no puede haber una verdadera formación universitaria sin planes de estudio basados en el pensamiento pluralista y crítico.
* Profesor UNLP. Investigador CONICET. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social (marianfeliz.blogspot.com)
¿Qué economistas para qué país?
Por Mariano Féliz*
[Esta nota salió publicada en el diario Página/12, 19 de enero de 2009, con el título de "Oscurantismo neoclásico"]
El capitalismo atraviesa su mayor crisis en años. Si las consecuencias sociales del neoliberalismo desgastaron su legitimidad, el actual panorama de descalabro han terminado de derrumbar el aura de que gozó la teoría económica neoclásica en especial durante los años noventa. La crisis de 2001 ya había minado el “prestigio” político de esa corriente de pensamiento, que sirvió de sustento teórico a las reformas neoliberales. Hoy, el rey está desnudo y no queda más que buscar en otras fuentes para dar cuenta de la realidad.
Siempre hay quienes se niegan a reconocer que han estado equivocados o, al menos, que sus aprendizajes y enseñanzas tienen un limitado poder analítico. No es novedad que las Universidades privadas sean núcleos de difusión de lo más rancio del neoliberalismo. Sin embargo, es por lo menos paradójico que en la mayoría de las Universidades Públicas también perviven inmutables departamentos de Economía que reniegan de la necesidad de abrir los planes de estudio y los perfiles de la formación de los economistas. Ejemplos de esto son los departamentos de Economía de las Universidades Nacionales de Salta (UNSa), La Plata (UNLP) o Buenos Aires (UBA).
Lejos de reconocer las limitaciones de sus conceptos, enfoques e instrumentos, pretenden sostener y consolidar planes de estudios que en lugar de promover una formación integral, fortalece una baja en los contenidos y la reducción de las carreras a tecnicaturas de hecho. Los estudiantes no pueden seguir siendo obligados a (de)formarse a partir de planes de estudio que profesan, cual dogma de fe, la llamada economía neoclásica.
Esos planes de estudio carecen del elemento básico de la actividad universitaria: el pluralismo de ideas. Profundizando una cerrazón teórica en torno al neoclásicismo, ubican en un lugar marginal o niegan por completo otras corrientes de pensamiento, como las marxistas o estructuralistas. Esta negación contribuye a formar profesionales incapaces de entender el mundo, privándolos de la posibilidad de conocer las opciones teóricas más importantes, sus fundamentos y límites.
Esto atenta contra el pluralismo básico en la construcción de una sociedad democrática y cuestiona el carácter científico de esa formación. ¿Qué puede decirse de una corriente conceptual que no se atreve a debatir con las otras? Una formación unilateral (neoclásica) solo puede favorecer el oscurantismo y una práctica profesional y científica que buscar reproducirse antes que atreverse a enfrentar su negación. Los economistas son obligados a reproducir el status quo de una profesión que necesita urgentemente abrirse al pensamiento crítico si quiere evitar reducirse a una mera creencia.
Las propuestas de reforma que impulsan hoy mismo en Universidades Nacionales tales como la de La Plata, avanzan en el recorte de contenidos, reduciendo el número de años de las carreras y, con ello, eliminando materias como la sociología o la historia argentina y latinoamericana. ¿Qué busca un cambio que profundiza una formación abstracta, acentuado los contenidos técnicos y desplazando aquellos que la fundamentan teórica, histórica y conceptualmente? ¿Qué objetivo tienen estas reformas que se niegan a introducir no sólo otras corrientes de pensamiento sino aquellas materias que permitirían una reflexión crítica sobre la misma ciencia? Esas reformas avanzan en reducir al economista político (conciente de los límites de sus saberes y del posicionamiento político que asume en su práctica intelectual) a mero “técnico en economía neoclásica”, un hábil manipulador de datos y herramientas técnicas pero incapaz de asumir las implicancias y consecuencias sociales y políticas de las respuestas que esas herramientas producen e incompetente para cuestionarlas.
Es realmente incomprensible que frente a la crisis del paradigma neoclásico en todas sus vertientes, en muchas de las Universidades se pretenda imponer por la fuerza (evitando el debate democrático y la participación amplia de la sociedad) reformas de los planes de estudio que antes que desarrollar la capacidad de reflexión crítica, plural, científica y ligada a la realidad y necesidades de nuestro Pueblo, apuntalan una formación técnica, reduccionista y dogmática.
Estos intentos de sostener planes de estudio que niegan la realidad de un neoliberalismo que muestra sus límites prácticos (y en otros casos como en la UNLP donde las autoridades quieren imponer verdaderas contra-reforma neoclásicas) están siendo enfrentados por un creciente número de docentes, estudiantes y graduados. En la UNLP, por ejemplo, se está impulsando una amplia campaña para conseguir una reforma de los planes de estudios que garantice la pluralidad teórica e ideológica.
Es cada vez más evidente que en una sociedad democrática con vocación de avanzar en la resolución de sus acuciantes problemas, no puede haber una verdadera formación universitaria sin planes de estudio basados en el pensamiento pluralista y crítico.
* Profesor UNLP. Investigador CONICET. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social (marianfeliz.blogspot.com)
Friday, December 12, 2008
Por una reforma de los planes de estudio pluralista, democrática y participativa
Por una reforma de los planes de estudio
Pluralista, democrática y participativa
Facultad de Ciencias Económicas – UNLP -
Pluralista, democrática y participativa
Facultad de Ciencias Económicas – UNLP -
[firmá el petitorio > ver abajo]
Hace un tiempo, que en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata sabemos que una reforma de los planes de estudio está por ser aprobada.
Sin embargo, la información oficial es escasa y la discusión sobre la currícula universitaria (los fines y objetivos de la carrera, los contenidos) y los profesores de los nuevos planes de estudio, se ha dado sin la existencia ámbitos institucionales de participación (sólo existieron algunas reuniones “informativas” sin la presencia de autoridades de la facultad), quedando relegados la mayoría de los miembros de la comunidad educativa de la facultad: docentes, graduados, estudiantes y no docentes.
La reforma, no es sólo autoritaria en su forma; la (poca) información disponible también da cuenta que la gestión de la facultad se propone avanzar en una modificación de los planes de estudio profundamente regresiva. La propuesta oficial apunta a recortar los contendidos de las carreras, eliminando materias, profundizando el dogmatismo y consolidando un modelo de formación profesional unidimensional.
La reducción de contenidos y materias, conducirá a los graduados a verse forzados a la realización de postgrados pagos para completar su formación -arancelando de hecho los estudios de grado-, y dejará sin trabajo a muchos de los actuales docentes de las materias que serán descartadas. La eliminación de materias (en particular, las humanísticas) y el mayor dogmatismo, reducen el pluralismo de contenidos y enfoques conceptuales, promoviendo la formación de profesionales sin capacidad crítica, inflexibles y dogmáticos.
Estamos a tiempo de abrir espacios amplios de discusión y reflexión que permitan construir planes de estudio que consoliden la formación de profesionales que tengan capacidad de aportar a la transformación y mejora de la sociedad, que tengan una visión crítica y cuestionadora del statu quo y que se involucren con los problemas reales de la comunidad.
Exigimos a las autoridades de la facultad que abran la discusión de los planes de estudio al conjunto de la comunidad universitaria; que no caigan en la tentación del autoritarismo academicista y autista, y que, de manera abierta y transparente, den el debate sobre cómo construir una facultad que aporte a la sociedad que la sostiene.
- Que no aprueben el nuevo plan con la sidra en la mano y la facultad vacía!!
- Por un plan con pluralidad de ideas!!!
porlapluralidaddeplanes@gmail.com
Mirá el blog: http://porunareformadeplanes.blogspot.com/
Monday, November 10, 2008
El debate en torno a las AFJP
Charla-debate > Martes 11 de noviembre > 18:30hs
Facultad de Ciencias Económicas, UNLP // 6 entre 47 y 48
¿Volver al '93 o crear un verdadero sistema de previsión social?
Cualquier análisis del cambio en el sistema de jubilaciones parte del fracaso evidente del sistema creado en 1993. Pero ¿qué tipo de sistema de previsión social es posible y conveniente en la actualidad?
Participan:
* Luis Angió >> Delegado general, comisión gremial interna, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Seccional Buenos Aires / Integrante de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas
* Pablo Ceriani >> Economista, Docente de la UBA y General Sarmiento, Investigador del CENDA
* Mariano Féliz >> Economista, Docente UNLP, Investigador CONICET, Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSO) // Militante del Frente Popular Darío Santillán
Organizan:
Movimiento Unidad Estudiantil de Ciencias Económicas (MUECE) // UNLP
La Fragua // Agrupación de trabajadoras y trabajadores asalariados en el Frente Popular Darío Santillán
Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSO)
Facultad de Ciencias Económicas, UNLP // 6 entre 47 y 48
[audio de la charla-debate: en breve]
¿Volver al '93 o crear un verdadero sistema de previsión social?
Cualquier análisis del cambio en el sistema de jubilaciones parte del fracaso evidente del sistema creado en 1993. Pero ¿qué tipo de sistema de previsión social es posible y conveniente en la actualidad?
Participan:
* Luis Angió >> Delegado general, comisión gremial interna, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Seccional Buenos Aires / Integrante de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas
* Pablo Ceriani >> Economista, Docente de la UBA y General Sarmiento, Investigador del CENDA
* Mariano Féliz >> Economista, Docente UNLP, Investigador CONICET, Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSO) // Militante del Frente Popular Darío Santillán
Organizan:
Movimiento Unidad Estudiantil de Ciencias Económicas (MUECE) // UNLP
La Fragua // Agrupación de trabajadoras y trabajadores asalariados en el Frente Popular Darío Santillán
Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSO)
Wednesday, November 05, 2008
Avanzar es superar el pasado
Nota publicada en Página/12, 5 de noviembre de 2008
Opinión
Opinión
Avanzar es superar el pasado
Por Mariano Féliz *
La propuesta de reestatizar el sistema de jubilaciones crea el marco para un debate sobre qué tipo de sistema de previsión social es deseable y posible. Cualquier análisis del cambio en el sistema de jubilaciones parte del fracaso evidente del sistema creado en 1993. Luego de 14 años, las grandes ganadoras han sido las AFJP, que han cobrado miles de millones de dólares en comisiones por mal administrar los fondos aportados por los trabajadores. La contracara ha sido el masivo endeudamiento del sector público por los aportes cedidos a las AFJP y un sistema que no garantizan jubilaciones dignas. Está claro que la decisión fue tomada en el contexto de la crisis que ha comenzado a profundizarse y una de las principales preocupaciones del Gobierno es el financiamiento de los pagos de la deuda pública. Sin embargo, ese debate no debe bloquear una discusión más importante en este momento: ¿qué tipo de sistema de previsión social es posible y conveniente en la actualidad? Algunas claves:
1. Tal cual está el sistema estatal “a la vieja usanza” es completamente insuficiente. La propia Anses muestra que las jubilaciones que paga son bajísimas.
2. La discusión sobre la “intangibilidad” de los activos y los fondos que pasarían al Estado sigue asumiendo que los ingresos del sistema previsional son propiedad individual de los aportantes. En realidad, los fondos del sistema son otros tantos recursos que el Estado recibe a través de impuestos para financiar un gasto particular, en este caso las jubilaciones y pensiones.
3. Los aportes adicionales que recibirá el Estado deberían destinarse en lo inmediato, junto con el superávit de la Anses, a aumentar ya las jubilaciones y pensiones.
4. Por lo demás, ¿por qué “guardar”, “administrar” e “invertir” esos recursos convirtiendo la Anses en una suerte de AFJP estatal? Siendo un monto infinitamente superior a lo que se quería recaudar con las retenciones móviles y que supuestamente se iban a utilizar para resolver acuciantes necesidades sociales, ¿por qué atesorar cual reservas del Banco Central esos recursos, cuando esas necesidades urgentes evidentemente no han sido resueltas?
La propuesta de administración estatal de los fondos de la Anses como agente financiero evidencia que la economía política detrás de la reforma previsional en curso se mantiene dentro de los cánones de la ortodoxia económica. Se sigue pensando la previsión social como si los aportes de hoy sirvieran para financiar sus propias jubilaciones en el futuro. Como si el dinero “guardado” en las cajas previsionales pudiera transferir valor real al futuro. El error analítico clave es que el valor no puede ser trasladado al futuro. Los recursos que se utilizan en el presente para financiar el pago a los jubilados tienen su contrapartida en la producción real de mercancías en el presente. No tienen (no pueden tener) ninguna correlación real con los aportes del pasado o con los fondos acumulados, pues el dinero (acumulado) no puede crear riqueza o valor. Ese dinero sólo es una expresión del valor, no es valor por sí mismo ni lo crea. Si hoy no se produce el valor necesario para ser transferido a los actuales jubilados, no importa cuánto se haya aportado en el pasado o cuánto se haya “acumulado” en un fondo, no habrá nada para redistribuir (el fondo acumulado se desvalorizará). Por ello, lo que debe hacer la legislación previsional es establecer el monto justo de las jubilaciones en cada momento del tiempo y arbitrar los mecanismos (impositivos) para garantizar la redistribución –del valor creado por el trabajo en el presente– a los jubilados.
Avanzar es superar el pasado, no sólo volver a él: por un sistema integral de previsión social que asuma la necesidad de la socialización de la riqueza y los ingresos. La reestatización completa del sistema de jubilaciones y pensiones es una medida positiva, más allá de los motivos que impulsan al Gobierno a tomarla. Pero volver a 1993 no significa hacer lo que es justo, posible y necesario. Es necesario avanzar, hacer que la proclamada redistribución de la riqueza pase de las palabras a los hechos.
1. El sistema de previsión social debería garantizar un nivel de ingresos igual a la canasta familiar para trabajadores jubilados. Hoy la jubilación mínima es casi 50 por ciento inferior a la línea de pobreza y está muy lejos –es cinco veces menos– del valor de la canasta familiar. Esto a pesar de que el sistema de previsión social tiene superávit. Es momento de reconocer la necesidad de crear un sistema que garantice niveles dignos de ingreso iguales a la canasta familiar para todos los mayores, más allá de su historia laboral y partiendo de la apropiación y redistribución del excedente social. La jubilación mínima debería alcanzar a no menos de 1500 pesos (el doble de la mínima actual).
2. Es injusto que familias trabajadoras que no alcanzan la canasta familiar deban aportar a sostener la previsión social cuando ya aportan en exceso en concepto de IVA y otros impuestos regresivos.
3. Es imprescindible la eliminación del trabajo “en negro” que hoy involucra a más del 40 por ciento de los asalariados. El sistema estatal no puede sostenerse con un mercado laboral hiperprecarizado.
4. Es hora de construir un sistema que, a partir de las retenciones a las exportaciones, un impuesto general a las rentas financieras y el aumento de la imposición a las ganancias de las empresas y la riqueza suntuaria, socialice el valor que es producido por el esfuerzo laboral del conjunto del pueblo trabajador y que hoy es apropiado por las clases dominantes. Hoy se gasta cerca de 5 por ciento del PBI en el pago de jubilaciones. Con la creación y/o ampliación de los mencionados impuestos, se podría duplicar fácilmente esa proporción para alcanzar los valores mínimos mencionados.
5. Hay que avanzar hacia un sistema que sea punto de partida de un régimen de garantía de ingresos para todos los habitantes del país, más allá de su condición de ocupado, desocupado, jubilado, joven o viejo, que permita alcanzar niveles de vida dignos para todos y todas.
* Economista. Investigador del Conicet, profesor de la UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.
Wednesday, October 29, 2008
Jubilaciones ¿volver al ’93 o crear un verdadero sistema de previsión social?
Este texto fue publicado en el portal de noticias Prensa de Frente
La propuesta de re-estatizar por completo el sistema de previsión social, eliminando el sistema de pensiones privadas obligatorio (AFJP), crea el marco para un debate más profundo sobre qué tipo de sistema de previsión social es deseable y posible en Argentina.
Volver al Estado
Cualquier análisis del cambio en el sistema de jubilaciones parte del fracaso evidente del sistema creado en 1993. Luego de 14 años, las grandes ganadores han sido las administradoras de fondos de pensión (AFJP) que han cobrado cerca de 15 mil millones de dólares por mal-administrar los fondos aportados por los/as trabajadores/as. Esas comisiones se quedaron con entre 20% y 30% de los aportes.
La contracara ha sido el masivo endeudamiento del sector público por los aportes cedidos a las AFJP y un sistema de jubilaciones que no garantizan jubilaciones dignas. El Estado ha perdido cerca de 5500 millones de pesos anuales por aportes personales desviados al sistema privado y unos 6000 millones al año por la rebaja de aportes patronales perpetrada en los años noventa y aún vigente. ¡La pérdida anual de recursos para el Estado equivale a la suma del presupuesto nacional para Salud, Educación y Ciencia y Técnica!
Casi el 80% de los quienes se jubilaron por el sistema privado reciben un complemento estatal para llegar a la jubilación mínima; en total, el Estado destina 6000 millones de pesos anuales a esos fines. Por otra parte, la cobertura del sistema previsional se redujo fuertemente desde la creación del sistema privado: sólo el 40% de los trabajadores en relación de dependencia están realizando los aportes necesarios.
El régimen de AFJP no es un sistema de previsión social sino un gigantesco negocio financiero manejado por un minúsculo número de empresas (10) en su mayoría extranjeras, que no son sino fondos de inversión. Estas manejan un fondo de cerca de 30 mil millones de dólares en bonos de la deuda pública (55% del total), acciones, plazos fijos y otros activos financieros, lo cual les otorga un poder sustancial. Los principales perjudicados con la re-estatización del sistema serán estos agentes financieros, por eso hoy están en la calle, defendiendo sus privilegios con el aval de los medios empresarios de comunicación y los sectores más retrógrados del arco político.
A partir de esta evaluación del pobre rendimiento de este sistema (que podremos calificar como una de las mayores estafas de las últimas décadas) la primera pregunta que surge es por qué el gobierno no impulsó antes esta medida de re-estatización.
Está claro que la decisión fue tomada en el contexto de la crisis que ha comenzado a profundizarse. Una de las principales preocupaciones del gobierno es el financiamiento de los pagos de la deuda pública, que en 2009 llegarían a cerca de 15 mil millones de dólares entre capital e intereses. Es claro para cualquiera que sostener el superávit fiscal y refinanciar los vencimientos de la deuda será algo muy difícil en lo inmediato, en el marco de un menor crecimiento de la recaudación y el cierre del financiamiento internacional. Los cerca de 4 mil millones de pesos anuales que hoy se dirigen a las AFJP vendrán muy bien a la estrategia gubernamental de evitar la cesación de pagos.
El debate del proyecto ha puesto en discusión la necesidad de bloquear el uso discrecional de los recursos por parte del gobierno y ya se propone la “intangibilidad” de los activos en manos de las AFJP. ¿Por qué “guardar” los activos en manos de las AFJP? Siendo un monto infinitamente superior a lo que se quería recaudar con las retenciones móviles y que supuestamente se iban a utilizar para resolver acuciantes necesidades sociales, ¿por qué atesorar cual reservas del Banco Central esos recursos, cuando esas necesidades urgentes evidentemente no han sido resueltas?
Y respecto a los aportes adicionales que recibirá el Estado ¿qué se propone? ¿Por qué no destinarlos a aumentar ya las jubilaciones y pensiones? La recientemente aprobada ley que re-estableció la movilidad de las jubilaciones ha creado en realidad un corsé a los ingresos de los jubilados. ¿Por qué las jubilaciones deben evolucionar según la recaudación y los salarios y no según las necesidades vitales de los mismos, es decir su canasta familiar? ¡Qué contraste con los pagos de la deuda pública, cuya única restricción parece ser su mero devengamiento!
Por último, se señala la necesidad de que el Estado (a través del ANSES) administre los fondos transferidos para mantener el valor de los mismos. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente, convertir al ANSES en un gran fondo de inversión. La “timba” de las AFJP pasará al Estado, que invertirá los fondos excedentes del sistema de manera “más eficiente”. En los últimos meses las jubilaciones pagadas por el sistema privado han caído 15% al ritmo de la crisis financiera y la caída en el valor de los activos acumulados. ¿Podría el Estado manejar mejor esos fondos? Difícilmente, y precisamente por ello debemos desarmar la concepción “bancaria” del sistema de jubilaciones.
La propuesta de administración estatal de los fondos del ANSES cual agente financiero evidencia que la economía política detrás de la reforma previsional en curso se mantiene dentro de los cánones de la ortodoxia económica. Se sigue pensando a la previsión social como si los aportes de los trabajadores y trabajadoras hoy sirvan para financiar sus propias jubilaciones en el futuro. Como si el dinero “guardado” en las cajas previsionales pudiera transferir valor real al futuro.
El error analítico clave es que el valor no puede ser trasladado al futuro. Los recursos que se utilizan en el presente para financiar el pago a los jubilados tienen su contrapartida en la producción real de mercancías en el presente. No tienen (no pueden tener) ninguna correlación real con los aportes del pasado o con los fondos acumulados; el dinero (acumulado) no puede crear riqueza o valor. Ese dinero sólo es una expresión del valor, no es valor por sí mismo ni lo crea. Si hoy no se produce el valor necesario para ser transferido a los actuales jubilados, no importa cuánto se haya aportado en el pasado o cuánto se haya “acumulado” en un fondo, no habrá nada para redistribuir.
Por ello, lo que debe hace la legislación previsional es establecer el monto justo de las jubilaciones en cada momento del tiempo y arbitrar los mecanismos (impositivos) para garantizar la redistribución -del valor creado por el trabajo en el presente- a los jubilados.
Avanzar es superar el pasado, no sólo volver a él
La re-estatización completa del sistema de jubilaciones y pensiones es una medida positiva, más allá de los motivos que impulsan al gobierno a tomarla. Pero volver a 1993 no significa hacer lo que es justo, posible y necesario. Es necesario avanzar, hacer que la proclamada redistribución de la riqueza pase de las palabras a los hechos.
Primero, el sistema de previsión social debería garantizar un nivel de ingresos igual a la canasta familiar para trabajadoras y trabajadores jubilados. Hoy la jubilación mínima es casi 50% inferior a la línea de la pobreza y está muy lejos de la canasta familiar. Esto a pesar de que el sistema de previsión social tiene superávit: ¡se recaudan más de 60 mil millones de pesos, pero se gastan sólo 48 mil millones! La reforma propuesta no se propone mejorar sustantivamente los ingresos de los actuales jubilados. ¿Por qué perpetuar jubilaciones indignas, cuando siempre hay recursos para subsidiar al gran capital agrícola, productivo y financiero?
En segundo lugar, ¿por qué sostener un sistema de previsión que se basa en los aportes individuales de trabajadoras y trabajadores? El sistema estatal se constituyó sobre la base de la lógica de las cajas que los/as propios trabajadores/as crearon en las primeras décadas del siglo XX. La estatización del sistema de cajas por gremio o rama de actividad fue en su momento un triunfo de la lucha de trabajadores y trabajadoras. Hoy, sin embargo, eso ya es injusto, inviable e insuficiente por varios motivos.
Primero, es injusto que familias trabajadoras que no alcanzan la canasta familiar (30% de ellas ni siquiera llegan a la línea de la pobreza) deban aportar a sostener la previsión social, pagando un impuesto para su propia jubilación. Ellas ya aportan en exceso en concepto de IVA y otros impuestos regresivos. Más de la mitad de la recaudación de impuestos se sostiene en impuestos regresivos, que reducen fuertemente el poder de compra de los ingresos de los hogares de trabajadores y trabajadores.
Segundo, el sistema estatal tal cual se plantea es inviable pues el sistema de aportes personales (directos o indirectos a través de los llamados “aportes patronales”) ya no puede sostenerse en el marco de un mercado laboral hiper-precarizado, donde dos tercios de los potenciales aportantes no están en condiciones de hacerlo y la relación entre ocupados y jubilados es de aproximadamente 3 a 1. Esto no solamente crea un sistema en crisis financiera permanente aún pagando jubilaciones miserables, sino que supone asumir un sistema de previsión social que excluye a la mayoría de los supuestos beneficiarios. En el contexto actual, la mayoría de los trabajadores no podrán cumplir con las obligaciones legales para poder jubilarse en el futuro.
Por último, el sistema estatal tradicional es insuficiente pues en el mejor de los casos asegura jubilaciones que no permiten vivir dignamente. Al igual que los salarios, las jubilaciones deben permitir a los adultos mayores alcanzar la canasta familiar. Comparar, como hace el gobierno, los magros ingresos de un jubilado del sistema privado (670 pesos si aportó desde 1994 al sistema privado y se jubila hoy con un sueldo de 1500 pesos al momento de retiro) con los mejores pero igualmente insuficientes ingresos de un jubilado en el sistema estatal (780 en las mismas condiciones), no habla de las bondades de este último sino que plantea la necesidad de re-pensar integral y radicalmente el sistema de previsión social argentino. Muy lejos está la jubilación estatal del reclamos histórico del 82%: esos 780 pesos representan sólo 52% del ingreso al momento de jubilarse.
Por un sistema integral de previsión social que asuma la necesidad de la socialización de la riqueza y los ingresos.
Es momento de reconocer la necesidad de crear un sistema que garantice niveles dignos de ingreso iguales a la canasta familiar para todos los mayores, más allá de su historia laboral y partiendo de la apropiación y redistribución del excedente social. La jubilación mínima debería alcanzar a no menos de 1500 pesos (el doble de la mínima actual, que es de 690 pesos).
Es hora de construir un sistema que, a partir de las retenciones a las exportaciones, un impuesto general a las rentas financieras y el aumento de la imposición a las ganancias de las empresas y la riqueza suntuaria, socialice el valor que es producido por el esfuerzo laboral del conjunto del pueblo trabajador y que hoy es apropiado por las clases dominantes. Hoy se gasta cerca de 5% del PBI en el pago de jubilaciones. Con la creación y/o ampliación de los mencionados impuestos, se podría duplicar fácilmente esa proporción para alcanzar los valores mínimos mencionados.
Hay que avanzar hacia un sistema que sea punto de partida de un régimen de garantía de ingresos para todos los habitantes del país, más allá de su condición de ocupado, desocupado, jubilado, joven o viejo, que permita alcanzar niveles de vida dignos para todos y todas. Este sistema previsional se tiene que conjugar con el blanqueo de todos los trabajadores y trabajadoras, tanto en las empresas privadas como en el Estado, que hipócritamente encara iniciativas "contra el trabajo en negro" mientras mantiene miles de trabajadores en situación precarizada. También, con un cambio profundo en el sistema tributario, donde pague proporcionalmente más el que más tiene, y no al revés, como es ahora. En síntesis, una política fiscal que permita caminar hacia la socialización efectiva de la riqueza que producimos entre todas y todos.
La propuesta de re-estatizar por completo el sistema de previsión social, eliminando el sistema de pensiones privadas obligatorio (AFJP), crea el marco para un debate más profundo sobre qué tipo de sistema de previsión social es deseable y posible en Argentina.
Volver al Estado
Cualquier análisis del cambio en el sistema de jubilaciones parte del fracaso evidente del sistema creado en 1993. Luego de 14 años, las grandes ganadores han sido las administradoras de fondos de pensión (AFJP) que han cobrado cerca de 15 mil millones de dólares por mal-administrar los fondos aportados por los/as trabajadores/as. Esas comisiones se quedaron con entre 20% y 30% de los aportes.
La contracara ha sido el masivo endeudamiento del sector público por los aportes cedidos a las AFJP y un sistema de jubilaciones que no garantizan jubilaciones dignas. El Estado ha perdido cerca de 5500 millones de pesos anuales por aportes personales desviados al sistema privado y unos 6000 millones al año por la rebaja de aportes patronales perpetrada en los años noventa y aún vigente. ¡La pérdida anual de recursos para el Estado equivale a la suma del presupuesto nacional para Salud, Educación y Ciencia y Técnica!
Casi el 80% de los quienes se jubilaron por el sistema privado reciben un complemento estatal para llegar a la jubilación mínima; en total, el Estado destina 6000 millones de pesos anuales a esos fines. Por otra parte, la cobertura del sistema previsional se redujo fuertemente desde la creación del sistema privado: sólo el 40% de los trabajadores en relación de dependencia están realizando los aportes necesarios.
El régimen de AFJP no es un sistema de previsión social sino un gigantesco negocio financiero manejado por un minúsculo número de empresas (10) en su mayoría extranjeras, que no son sino fondos de inversión. Estas manejan un fondo de cerca de 30 mil millones de dólares en bonos de la deuda pública (55% del total), acciones, plazos fijos y otros activos financieros, lo cual les otorga un poder sustancial. Los principales perjudicados con la re-estatización del sistema serán estos agentes financieros, por eso hoy están en la calle, defendiendo sus privilegios con el aval de los medios empresarios de comunicación y los sectores más retrógrados del arco político.
A partir de esta evaluación del pobre rendimiento de este sistema (que podremos calificar como una de las mayores estafas de las últimas décadas) la primera pregunta que surge es por qué el gobierno no impulsó antes esta medida de re-estatización.
Está claro que la decisión fue tomada en el contexto de la crisis que ha comenzado a profundizarse. Una de las principales preocupaciones del gobierno es el financiamiento de los pagos de la deuda pública, que en 2009 llegarían a cerca de 15 mil millones de dólares entre capital e intereses. Es claro para cualquiera que sostener el superávit fiscal y refinanciar los vencimientos de la deuda será algo muy difícil en lo inmediato, en el marco de un menor crecimiento de la recaudación y el cierre del financiamiento internacional. Los cerca de 4 mil millones de pesos anuales que hoy se dirigen a las AFJP vendrán muy bien a la estrategia gubernamental de evitar la cesación de pagos.
El debate del proyecto ha puesto en discusión la necesidad de bloquear el uso discrecional de los recursos por parte del gobierno y ya se propone la “intangibilidad” de los activos en manos de las AFJP. ¿Por qué “guardar” los activos en manos de las AFJP? Siendo un monto infinitamente superior a lo que se quería recaudar con las retenciones móviles y que supuestamente se iban a utilizar para resolver acuciantes necesidades sociales, ¿por qué atesorar cual reservas del Banco Central esos recursos, cuando esas necesidades urgentes evidentemente no han sido resueltas?
Y respecto a los aportes adicionales que recibirá el Estado ¿qué se propone? ¿Por qué no destinarlos a aumentar ya las jubilaciones y pensiones? La recientemente aprobada ley que re-estableció la movilidad de las jubilaciones ha creado en realidad un corsé a los ingresos de los jubilados. ¿Por qué las jubilaciones deben evolucionar según la recaudación y los salarios y no según las necesidades vitales de los mismos, es decir su canasta familiar? ¡Qué contraste con los pagos de la deuda pública, cuya única restricción parece ser su mero devengamiento!
Por último, se señala la necesidad de que el Estado (a través del ANSES) administre los fondos transferidos para mantener el valor de los mismos. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente, convertir al ANSES en un gran fondo de inversión. La “timba” de las AFJP pasará al Estado, que invertirá los fondos excedentes del sistema de manera “más eficiente”. En los últimos meses las jubilaciones pagadas por el sistema privado han caído 15% al ritmo de la crisis financiera y la caída en el valor de los activos acumulados. ¿Podría el Estado manejar mejor esos fondos? Difícilmente, y precisamente por ello debemos desarmar la concepción “bancaria” del sistema de jubilaciones.
La propuesta de administración estatal de los fondos del ANSES cual agente financiero evidencia que la economía política detrás de la reforma previsional en curso se mantiene dentro de los cánones de la ortodoxia económica. Se sigue pensando a la previsión social como si los aportes de los trabajadores y trabajadoras hoy sirvan para financiar sus propias jubilaciones en el futuro. Como si el dinero “guardado” en las cajas previsionales pudiera transferir valor real al futuro.
El error analítico clave es que el valor no puede ser trasladado al futuro. Los recursos que se utilizan en el presente para financiar el pago a los jubilados tienen su contrapartida en la producción real de mercancías en el presente. No tienen (no pueden tener) ninguna correlación real con los aportes del pasado o con los fondos acumulados; el dinero (acumulado) no puede crear riqueza o valor. Ese dinero sólo es una expresión del valor, no es valor por sí mismo ni lo crea. Si hoy no se produce el valor necesario para ser transferido a los actuales jubilados, no importa cuánto se haya aportado en el pasado o cuánto se haya “acumulado” en un fondo, no habrá nada para redistribuir.
Por ello, lo que debe hace la legislación previsional es establecer el monto justo de las jubilaciones en cada momento del tiempo y arbitrar los mecanismos (impositivos) para garantizar la redistribución -del valor creado por el trabajo en el presente- a los jubilados.
Avanzar es superar el pasado, no sólo volver a él
La re-estatización completa del sistema de jubilaciones y pensiones es una medida positiva, más allá de los motivos que impulsan al gobierno a tomarla. Pero volver a 1993 no significa hacer lo que es justo, posible y necesario. Es necesario avanzar, hacer que la proclamada redistribución de la riqueza pase de las palabras a los hechos.
Primero, el sistema de previsión social debería garantizar un nivel de ingresos igual a la canasta familiar para trabajadoras y trabajadores jubilados. Hoy la jubilación mínima es casi 50% inferior a la línea de la pobreza y está muy lejos de la canasta familiar. Esto a pesar de que el sistema de previsión social tiene superávit: ¡se recaudan más de 60 mil millones de pesos, pero se gastan sólo 48 mil millones! La reforma propuesta no se propone mejorar sustantivamente los ingresos de los actuales jubilados. ¿Por qué perpetuar jubilaciones indignas, cuando siempre hay recursos para subsidiar al gran capital agrícola, productivo y financiero?
En segundo lugar, ¿por qué sostener un sistema de previsión que se basa en los aportes individuales de trabajadoras y trabajadores? El sistema estatal se constituyó sobre la base de la lógica de las cajas que los/as propios trabajadores/as crearon en las primeras décadas del siglo XX. La estatización del sistema de cajas por gremio o rama de actividad fue en su momento un triunfo de la lucha de trabajadores y trabajadoras. Hoy, sin embargo, eso ya es injusto, inviable e insuficiente por varios motivos.
Primero, es injusto que familias trabajadoras que no alcanzan la canasta familiar (30% de ellas ni siquiera llegan a la línea de la pobreza) deban aportar a sostener la previsión social, pagando un impuesto para su propia jubilación. Ellas ya aportan en exceso en concepto de IVA y otros impuestos regresivos. Más de la mitad de la recaudación de impuestos se sostiene en impuestos regresivos, que reducen fuertemente el poder de compra de los ingresos de los hogares de trabajadores y trabajadores.
Segundo, el sistema estatal tal cual se plantea es inviable pues el sistema de aportes personales (directos o indirectos a través de los llamados “aportes patronales”) ya no puede sostenerse en el marco de un mercado laboral hiper-precarizado, donde dos tercios de los potenciales aportantes no están en condiciones de hacerlo y la relación entre ocupados y jubilados es de aproximadamente 3 a 1. Esto no solamente crea un sistema en crisis financiera permanente aún pagando jubilaciones miserables, sino que supone asumir un sistema de previsión social que excluye a la mayoría de los supuestos beneficiarios. En el contexto actual, la mayoría de los trabajadores no podrán cumplir con las obligaciones legales para poder jubilarse en el futuro.
Por último, el sistema estatal tradicional es insuficiente pues en el mejor de los casos asegura jubilaciones que no permiten vivir dignamente. Al igual que los salarios, las jubilaciones deben permitir a los adultos mayores alcanzar la canasta familiar. Comparar, como hace el gobierno, los magros ingresos de un jubilado del sistema privado (670 pesos si aportó desde 1994 al sistema privado y se jubila hoy con un sueldo de 1500 pesos al momento de retiro) con los mejores pero igualmente insuficientes ingresos de un jubilado en el sistema estatal (780 en las mismas condiciones), no habla de las bondades de este último sino que plantea la necesidad de re-pensar integral y radicalmente el sistema de previsión social argentino. Muy lejos está la jubilación estatal del reclamos histórico del 82%: esos 780 pesos representan sólo 52% del ingreso al momento de jubilarse.
Por un sistema integral de previsión social que asuma la necesidad de la socialización de la riqueza y los ingresos.
Es momento de reconocer la necesidad de crear un sistema que garantice niveles dignos de ingreso iguales a la canasta familiar para todos los mayores, más allá de su historia laboral y partiendo de la apropiación y redistribución del excedente social. La jubilación mínima debería alcanzar a no menos de 1500 pesos (el doble de la mínima actual, que es de 690 pesos).
Es hora de construir un sistema que, a partir de las retenciones a las exportaciones, un impuesto general a las rentas financieras y el aumento de la imposición a las ganancias de las empresas y la riqueza suntuaria, socialice el valor que es producido por el esfuerzo laboral del conjunto del pueblo trabajador y que hoy es apropiado por las clases dominantes. Hoy se gasta cerca de 5% del PBI en el pago de jubilaciones. Con la creación y/o ampliación de los mencionados impuestos, se podría duplicar fácilmente esa proporción para alcanzar los valores mínimos mencionados.
Hay que avanzar hacia un sistema que sea punto de partida de un régimen de garantía de ingresos para todos los habitantes del país, más allá de su condición de ocupado, desocupado, jubilado, joven o viejo, que permita alcanzar niveles de vida dignos para todos y todas. Este sistema previsional se tiene que conjugar con el blanqueo de todos los trabajadores y trabajadoras, tanto en las empresas privadas como en el Estado, que hipócritamente encara iniciativas "contra el trabajo en negro" mientras mantiene miles de trabajadores en situación precarizada. También, con un cambio profundo en el sistema tributario, donde pague proporcionalmente más el que más tiene, y no al revés, como es ahora. En síntesis, una política fiscal que permita caminar hacia la socialización efectiva de la riqueza que producimos entre todas y todos.
Tuesday, October 28, 2008
Los límites macroeconómicos del neodesarrollismo
Artículo publicado en Revista Herramienta No. 39:
Féliz, Mariano (2008), “Los límites macroeconómicos del neo-desarrollismo”,Herramienta. Revista de debate y crítica marxista, Junio, 39, pp. 97-116, ISSN 0329-6121, Buenos Aires.
Una versión preliminar fue presentado el IV Coloquio de SEPLA:
Féliz, Mariano (2008), “Argentina: Los límites macroeconómicos del neo-desarrollismo”, IV Coloquio Internacional de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA) “América Latina: escenario del nuevo siglo. Nuevos desafíos y horizontes de transformación”, 22 a 24 de Octubre de 2008, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. ISBN 978-987-1497-13-3, Buenos Aires.
Resumen (a la brevedad estará disponible el artículo completo):
El año 2002 marcó la salida del “modelo” de convertibilidad para dar paso a un modelo “neodesarrollista” de acumulación de capital. Ese modelo supone una dinámica macroeconómica pretendidamente diferente al anterior, siendo según sus defensores superadora tanto en cuanto a sus resultados sociales como en cuanto a la desaparición de sus límites, que se desplazarían al infinito.
El presente trabajo buscar mostrar que, de la misma manera que el “modelo” neoliberal, el régimen actual expresa las limitaciones del capitalismo periférico bajo nuevas formas.
De la crisis de la industrialización sustitutiva (1973-1976) a una patrón de acumulación primario extrovertido (1996 en adelante, y hasta la actualidad), el ciclo del capital inserto en el mercado mundial de manera dependiente conduce a una dinámica de acumulación que manifiesta rápidamente sus límites sociales y políticos bajo la modalidad de precarización persistente del empleo, depresión salarial y desigualdad sostenida. A nivel macroeconómico, esos límites se expresan en alta inflación, una tendencia inmanente a la apreciación cambiaria (real) y conflictividad socio-laboral.
De tal manera, luego de algunos años de “recuperación” del crecimiento y el empleo (2003-2007), la economía argentina comienza a enfrentar un bloqueo social, político y económico en tanto (al igual que el “modelo convertible” post-1993) el crecimiento capitalista periférico (“neodesarrollista”) aparece poco a poco como “tendencia a la crisis”.
Féliz, Mariano (2008), “Los límites macroeconómicos del neo-desarrollismo”,Herramienta. Revista de debate y crítica marxista, Junio, 39, pp. 97-116, ISSN 0329-6121, Buenos Aires.
Una versión preliminar fue presentado el IV Coloquio de SEPLA:
Féliz, Mariano (2008), “Argentina: Los límites macroeconómicos del neo-desarrollismo”, IV Coloquio Internacional de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA) “América Latina: escenario del nuevo siglo. Nuevos desafíos y horizontes de transformación”, 22 a 24 de Octubre de 2008, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. ISBN 978-987-1497-13-3, Buenos Aires.
Resumen (a la brevedad estará disponible el artículo completo):
El año 2002 marcó la salida del “modelo” de convertibilidad para dar paso a un modelo “neodesarrollista” de acumulación de capital. Ese modelo supone una dinámica macroeconómica pretendidamente diferente al anterior, siendo según sus defensores superadora tanto en cuanto a sus resultados sociales como en cuanto a la desaparición de sus límites, que se desplazarían al infinito.
El presente trabajo buscar mostrar que, de la misma manera que el “modelo” neoliberal, el régimen actual expresa las limitaciones del capitalismo periférico bajo nuevas formas.
De la crisis de la industrialización sustitutiva (1973-1976) a una patrón de acumulación primario extrovertido (1996 en adelante, y hasta la actualidad), el ciclo del capital inserto en el mercado mundial de manera dependiente conduce a una dinámica de acumulación que manifiesta rápidamente sus límites sociales y políticos bajo la modalidad de precarización persistente del empleo, depresión salarial y desigualdad sostenida. A nivel macroeconómico, esos límites se expresan en alta inflación, una tendencia inmanente a la apreciación cambiaria (real) y conflictividad socio-laboral.
De tal manera, luego de algunos años de “recuperación” del crecimiento y el empleo (2003-2007), la economía argentina comienza a enfrentar un bloqueo social, político y económico en tanto (al igual que el “modelo convertible” post-1993) el crecimiento capitalista periférico (“neodesarrollista”) aparece poco a poco como “tendencia a la crisis”.
Thursday, October 23, 2008
¡Darío y Maxi no están sólo!
¡Si no hay justicia, hay escrache!
Escrachamos a Eduardo Duhalde en La Plata
Escrachamos a Eduardo Duhalde en La Plata
Desde el Frente Popular Darío Santillán señalamos y repudiamos la inauguración de una nueva sede del llamado "Movimiento Productivo Argentino" en La Plata liderado por el ex presidente Eduardo Duhalde, principal responsable de los asesinatos el 26 de junio de 2002 de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Telefono de contacto:
155489-1374 Federico Orchani
Como tenemos memoria, queremos recordar que Duhalde debería estar tras las rejas, luego de ser investigado y juzgado. Pero como no hay justicia, lo señalamos públicamente. Duhalde fue el autor intelectual de la Masacre de Avellaneda e instruyó a Alfredo Atanasof (su ex Jefe de Gabinete y actual operador político para su rearmado opositor al kirchnerismo) para que preparara el escenario que terminó con el asesinato de nuestros compañeros.
El mismo 26 antes de la represión, Atanasof dijo a la prensa que era necesario "impedir los cortes cueste lo que cueste". Por la tarde participó de un encuentro reservadoque convocó Duhalde en Olivos en el que también estuvieron, el titular de la SIDE Soria y el Secretario de Seguridad Juan José Álvarez. Denunciamos la impunidad que permite que todos aquellos que formaron parte del gabinete de Duhalde sigan ocupando cargos políticos: sin ir más lejos Atanasof era hasta hace días funcionario de Scioli.
Denunciamos la inacción del gobierno de Néstor Kirchner, que prometió a los familiares investigar "hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga" y mintió. El avance en la investigación de las responsabilidades políticas que se encuentra en el juzgado federal Nº4 a cargo de Ariel Lijo es nula. Cabe destacar que Ariel Lijo es el mismo juez que recientemente firmó la extradición para los seis presos paraguayos y que procesó por "autoría intelectual" a luchados sociales.
Por todo esto, hoy escrachamos al ex presidente Eduardo Duhalde, principal responsable del asesinato de nuestros compañeros y de la Masacre de Avellaneda
Seguimos levantando las banderas
por las que dieron su vida Darío y Maxi
por las que dieron su vida Darío y Maxi
Seguimos reclamando Juicio y Castigo al ex presidente Duhalde y a todo su gabinete que ordenó y planificó las muertes, y a todos los responsables políticos de los asesinatos de Maxi y Darío
Exigimos el desprocesamiento de todos los luchadores populares
POR TRABAJO, DIGNIDAD
Y CAMBIO SOCIAL
Y CAMBIO SOCIAL
Telefono de contacto:
155489-1374 Federico Orchani
FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN
http://www.frentedariosantillan.org
Integran el Frente Popular Darío Santillán
Gran Buenos Aires: Barrio IAPI Quilmes, MUP Fcio. Varela y La Matanza, MTD Lanús, MTD Lomas de Zamora, MTD "Darío Santillán" de Alte. Brown, MTD "Javier Barrionuevo" de E. Echeverría, MTD La Cañada, Centro Popular Agustín Tosco, Coop. de Trab. Rurales de San Vicente, Coop. de Trab. Solidarios, FTC Ezeiza, MTD La Verdad de Guernica, MTD Ezeiza, MPS de Fcio. Varela, Agrup. de Trabajadores Herramienta, Mov. de Trabajadores Comunitarios de Luján, MIA (Movimiento Independiente de Agronomía) de Luján, Cimientos.
La Plata- Berisso: MUP de La Plata y Verónica, MTD La Plata, MTD Berisso, COPA La Plata (AULE - Humanidades y Cs. de la Educación, Cambium - Agronomía y Forestal, MUECE - Económicas, El pelo de Einstein - Exactas, Minga - Veterinaria, Fandango - Periodismo y Comunicación Social, AULE - Psicología), Org. barrial Juanito Laguna, Taller de Educación Popular Tiburones y Mojarritas, Agrupación de trabajadoras y trabajadores La fragua, Galpón Sur.
Rosario: Frente Santiago Pampillón - El Grito (Santiago Pampillón - Psicología, Santiago Pampillón - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Santiago Pampillón - Veterinaria, El Grito – Humanidades y Artes), CTD "Aníbal Verón", Cimientos.
Capital Federal: MTD "Darío Santillán", MTD Villa 20 de Lugano, Centro Cultural Tupac Amaru, Cimientos.
Tucumán: Coordinadora de Organizaciones Barriales Autónomas (COBA).
Mar del Plata: Movimiento Universitario de Base "Darío Santillán" (Utopía LatinoamericanaSantiago Pampillón – Ingeniería, Nuevos Horizontes – Psicoligía, Confluencia – Humanidades, Avanzada – Derecho – Ciencias de la Salud y Trabajo Social, ), Colectivo Insurgentes.
Córdoba: Convergencia.
Tandil: Colectivo Lacandona.
Río Negro: MTD "Darío Santillán" de Cipolletti.
Formosa: MUP de Ibarreta.
Wednesday, October 15, 2008
¿Crisis final del capitalismo, o primera gran crisis de la etapa pos-neoliberal?
¿Crisis final del capitalismo, o primera gran crisis de la etapa pos-neoliberal?
Nota aparecida en el Boletín quincenal Nº 98, de Prensa de FrenteEl boom acabó. Luego de casi 7 años de expansión, las principales economías del mundo, enfrentan una crisis que parece no tener precedentes. Para analizarla, quienes la describen se remontan a la crisis de 1929, hace casi 80 años. En la superficie, la crisis actual se presenta como una crisis financiera y bancaria. En las últimas dos semanas la caída de varios importantes bancos mayoristas en los Estados Unidos, ha desatado una suerte de corrida mundial contra las instituciones financieras.
Una tras otra las Bolsas de Valores del mundo se desploman. Al ritmo del sol e Internet, caen Wall Street y San Pablo, Tokio y Rusia, luego las bolsas europeas, para recomenzar el ciclo.
El profundo deterioro en el valor de los activos de los bancos y otros agentes de inversión financiera, los ponen al borde de la bancarrota. Frente a esto, mientras muchos pequeños inversores y ahorristas entran en pánico, los Estados de los países centrales caminan a tientas para retomar las riendas, o al menos para frenar un ciclo que amenaza poner en riesgo la estabilidad financiera mundial.
La crisis financiera, la forma de la crisis
¿Estamos en presencia de una crisis esencialmente financiera, ligada a una suerte de “descontrol especulativo” producido por la falta de regulación adecuada? En parte, podemos decir que sí. El proceso de desregulación de las finanzas a escala mundial, iniciado a finales de los años setenta y profundizado en los últimos 15 años, ha mostrado sus límites. Sin embargo, no es esta la verdadera causa de la crisis.
Efectivamente la desregulación ha permitido al capitalismo crear una masa del denominado “capital ficticio” que no tiene relación alguna con la capacidad real del sistema de crear valor. En las últimas tres décadas, el capital mundial en proceso de trasnsacionalización productiva se sostuvo en la desregulación financiera para favorecer su expansión por el mundo. La amenaza permanente de la fuga de capitales en los países díscolos y el peso de la deuda externa, sirvieron como mecanismo de presión para promover en todo el globo el desarrollo de una nueva articulación mundializada del capital. Las grandes corporaciones multinacionales integraron sus procesos de producción a escala global y para ello se sirvieron del capital financiero para la compra de empresas locales privadas y estatales y para la apropiación de las riquezas naturales en los países de la periferia.
En la medida en que la mundialización se fue consolidando, el capital comenzó a desplazarse de manera creciente a espacios de valorización más ligados a procesos especulativos: inversiones inmobiliarias e inversiones en mercados de commodities (mercancías no diferenciadas como las materias primas agrícolas, energéticas, minerales, etc.). La especulación creció de la mano de la creación de “productos derivados” que permitían invertir en activos financieros que representaban “índices” de otros productos financieros y/o activos reales. Es decir, se creó una montaña de papeles de un valor de mercado creciente pero cada vez menos ligado al valor de alguna producción real.
Por esto la crisis financiera golpea con fuerza los precios del conjuntos de las commodities. Por ello, a su vez en la crisis el dólar y el oro se revalorizan, dando cuenta de su centralidad como representaciones de valor social global.
La forma y la esencia de la crisis
Pero esta es la cáscara, la superficie del problema. En el fondo de la burbuja y la crisis no está tanto la desregulación de las finanzas como las tendencias más profundas del capitalismo en la etapa actual.
Como señalamos, el capitalismo en la actualidad expresa una gran tendencia: su reestructuración bajo la modalidad de la mundialización y el saqueo de las riquezas naturales.
Hoy más que nunca el ciclo del capital se encuentra mundializado. En una sucesión de momentos a la vez superpuestos, el capital bajo la forma de dinero, mercancías y procesos productivos se ha globalizado. Muchas de las grandes corporaciones capitalistas ya no son empresas nacionales con filiales en el exterior, sino mega-corporaciones de alcance mundial.
Esto no significa que los Estados nacionales hayan dejado de existir o tener relevancia. Por el contrario, estos Estados se han convertido de manera creciente en medios para la reproducción de los capitales locales (ya no nacionales) a escala mundial, como parte del capital social global. Por ello el imperialismo opera hoy más que nunca como agente del capital en su conjunto.
En el movimiento hacia su transnacionalización, el capital ha revolucionado todos los procesos de producción, incrementando la productividad laboral, mediante el aumento de la explotación y subordinación del trabajo y la acentuación en el uso de tecnologías informáticas, reduciendo de esa forma, sostenida y sistemáticamente, los costos de producción (que incluyen los costos de transporte y logística).
En ese mismo proceso, cada vez más, los territorios ricos en bienes naturales son codiciados por ese capital trasnacional que pretende apropiarse de los mismos, para convertirlos en recursos naturales. Es decir, integrarlos a su circuito particular de valorización a escala global (a su proceso de producción particular) y por ese medio al ciclo del capital social mundial.
Esa gran tendencia que mencionamos, en dos niveles, está en la base de la crisis actual. Por una parte, la presión creciente del capital por la valorización de los territorios abundantes en riquezas naturales se realiza sin consideración por las poblaciones que allí habitan ni la sustentabilidad socio-ambiental de esos territorios o el agotamiento de esos bienes. La estrategia del saqueo, la acumulación por desposesión, constituye una nueva acumulación originaria de capital que destruye todo a su paso e impulsa la actual tendencia al aumento sostenido de los precios de las materias primas.
Esa dinámica se conjuga con la tendencial desvalorización del capital en todas sus formas que es parte implícita y necesaria de todo proceso de valorización exitosa. En 20 años de acumulación sostenida casi sin interrupciones y revoluciones constantes en el valor de las mercancías producidas, el capital ha podido sistemáticamente desplazar su crisis, su desvalorización, a nuevos territorios (China, India, América Latina) y luego de manera creciente a los mercados financieros. Esto ha desplazado en el espacio y el tiempo la desvalorización que necesariamente debe sufrir el capital por la reducción sistemática en los costos sociales de producción y la creciente explotación laboral a la que ha sometido al conjunto de la clase trabajadora a escala mundial. Entonces, la desvalorización de las mercancías se manifiesta a través de la crisis, pero sin que ella sea su causa.
En fin, el saqueo de las riquezas naturales explica el carácter estructural del boom del precio de las commodities, a la vez que la desvalorización implícita de las mercancías (la crisis bursátil, con quiebra de bancos y empresas, pero también la devaluación de las monedas en relación al dólar de Estados Unidos y el oro).
La crisis mundial y el capitalismo argentino
La crisis del capitalismo a escala global tendrá consecuencias sobre una economía como la argentina, fuertemente integrada al ciclo del capital transnacional. Tanto en el plano financiero (a través del endeudamiento), como en el productivo (a través de la profundidad de la extranjerización de la economía) y la apertura externa del ciclo del capital local (a través de exportaciones e importaciones que representan la mitad del valor agregado), la economía argentina enfrenta los vaivenes de la producción y reproducción del capital a escala internacional.
Por un lado, la política de endeudamiento sostenida por el Estado argentino tenderá a presentar crecientes dificultades. La necesidad de refinanciar los vencimientos de la deuda y los intereses (unos 15 mil y 5 mil millones de dólares, respectivamente) pondrá a prueba la capacidad del gobierno de acceder al mercado financiero internacional en un contexto en que el riesgo percibido aumenta fuertemente. Estas dificultades comienzan a ser percibidas en el riesgo país, que se ha disparado en las últimas semanas.
Por otra parte, la caída en la cotización internacional de los productos de exportación de Argentina (como fenómeno de coyuntura) pone en riesgo un esquema de superávit fiscal funcional al objetivo anterior. Si la recaudación por retenciones se cae y la economía se ralentiza, será difícil sostener un exceso de ingresos sobre gastos adecuado, máxime cuando las presiones para la recuperación salarial entre los trabajadores estatales continúan. Cabe recordar que los salarios de los empleados del Estado han subido mucho menos que las remuneraciones de los trabajadores formales en el sector privado de la economía y se encuentran aún por debajo de los niveles de fines de 2001.
Ambos elementos se combinan en la economía argentina con la presión estructural a la apreciación del tipo de cambio. Esa presión proviene de la falta de competitividad sistémica del capital en el territorio nacional. A pesar de la pauperización de la fuerza de trabajo en el país (con niveles de pobreza superiores al 25% y más de ¾ de los hogares con ingresos por debajo de la canasta familiar), los bajos niveles de inversión en comparación a las tasas de ganancia del gran capital, y por ende la baja productividad relativa, crean una situación de tendencia permanente a la crisis cambiaria. La falta de "competitividad" aparece cíclicamente bajo la forma de dificultades para sostener la rentabilidad del capital en una economía abierta y, consecuentemente, se manifiesta bajo la modalidad de una presión sobre el dólar.
Por ello, nuevamente, los sectores más concentrados de la industria (Unión Industrial Argentina) aprovechan la crisis mundial para exigir la devaluación del peso, es decir para rebajar los salarios nuevamente. Por ello, también, los sectores de la agroindustria vuelven a la carga con la propuesta de eliminación lisa y llana de las retenciones a las exportaciones.
Por su parte, los sectores más acomodados de la población (capitalistas, los asalariados en función capitalista y los rentistas) ya han comenzado a moderar sus gastos suntuarios. Dado que sus gastos representan la mitad del consumo global, y en particular una porción muy significativa de la demanda de medios de consumo “durable” (autos, electrodomésticos) e inmuebles, la crisis global puede traducirse a corto plazo en una desaceleración persistente de la economía local.
Además, mientras en un marco fuertemente expansivo desde el gobierno se pudieron mantener determinados consensos sobre la base de la expansión del empleo (en su mayor parte precario) y la suba de salarios, ya hace dos años que estos último no crecen por encima de la inflación real. Si la crisis se acentúa, la tasa de creación de puestos de trabajo caerá de la mano con la caída en el crecimiento económico. Si no se crean más de 300 puestos de trabajo al año (y no se crearán si la economía no crece por encima del 4% anual) el desempleo comenzará a subir nuevamente.
Esto junto a la potencial desvalorización del peso (ya iniciada, aunque de manera incipiente) pueden reactivar la conflictividad social, más allá de los intentos de la CGT, la UIA y el gobierno de apuntalar un Pacto Social que “congele la lucha de clases” hasta después de las elecciones de 2009.
Tuesday, October 07, 2008
Thursday, September 25, 2008
Monday, August 25, 2008
¿Qué significa buscar un tipo de cambio real “competitivo y estable”?
Nota aparecida en Página/12, el Lunes 25 de Agosto de 2008.
(http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-110324-2008-08-25.html)
¿Qué significa buscar un tipo de cambio real “competitivo y estable”?*
Por Mariano Féliz (21/8/2008)
La política oficial apunta a garantizar la llamada “competitividad” de la economía, intentando sostener un tipo de cambio real (TCR) “elevado” (dólar caro). Se busca que los precios y costos internos sean bajos en dólares en comparación con los precios y costos en dólares en el resto del mundo. El país se hace más “barato” y la mayor “competitividad” se manifiesta en un mayor superávit (o un menor déficit) externo.
Al tener este objetivo en mente, el gobierno argentino asume que puede controlar o determinar el nivel “tendencial” (de “largo plazo”) del cambio real. Esto supondría que a través de la política monetaria y fiscal el gobierno podría “elegir” tener un dólar alto.
Esto no es así. En realidad el valor del tipo de cambio real es el resultado de determinaciones ligadas al proceso de acumulación y valorización de capital en la economía. La política monetaria y cambiaria tienen pocos efectos sobre el valor tendencial del tipo de cambio, pues el mismo es estructuralmente rígido. Esto no significa que no pueda ser alterado por medio de la política pública. Lo que sí expresa es que el manejo del TCR a los fines de alcanzar la tan mentada “competitividad” involucra otro tipo de elecciones de política (económica).
Sintéticamente, el tipo de cambio real está determinado esencialmente por los niveles de productividad de la economía y la relación entre la tasa de ganancia y los salarios reales, comparados entre países. Si la productividad aumenta en un país (en comparación con el resto del mundo), el TCR puede aumentar pues la mayor productividad induce una baja en los costos de producción internos, aumentando la “competitividad” (lo que es un eufemismo para denominar la ganancia empresaria). Lo mismo ocurre cuando bajan los salarios reales en un país en relación al resto del mundo: el tipo de cambio real aumenta pues se reducen los costos internos y las empresas se hacen más “competitivas”.
Por esto el tipo de cambio real tenderá a ubicarse en un nivel que estará determinado por la productividad laboral y los salarios reales de la economía, siempre comparados con esos mismos valores en el resto del mundo. En consecuencia, el tipo de cambio real será estructuralmente “rígido” y no sujeto a las decisiones de la política económica, a menos que el gobierno pueda mediante la misma alterar las variables relevantes.
Este planteo pone bajo otra luz la política cambiaria impulsada por el gobierno desde 2002, en la actual etapa neodesarrollista.
Hay un hecho objetivo: el tipo de cambio real “tendencial” es hoy en día más alto que a comienzos de los noventa como resultado del aumento de la productividad que se produjo en esos años. Claro está el costo de ese aumento fue la mayor desocupación y precariedad laboral extendida durante esa década. El aumento de la competitividad (rentabilidad) estructural del capital en la Argentina se basó en los años noventa en el empobrecimiento generalizado del pueblo trabajador.
A esto podemos sumar otro elemento que caracteriza a la etapa actual. El tipo de cambio real es hoy más elevado que los noventa también porque los salarios reales son más bajos. La economía es hoy más “competitiva” porque, además de la mayor productividad, tiene salarios más bajos en términos reales. Es decir, nuevamente han sido las trabajadores quienes han pagado el costo de la deseada “competitividad” a través de salarios que hoy son para la mayoría de los trabajadores más bajos que en las últimas dos décadas.
De allí que el tipo de cambio “elevado y estable” al que apunta el gobierno pueda lograrse sólo con salarios que garantizan la persistencia de niveles inaceptables de pobreza y condiciones de precariedad laboral. Cuando, por el contrario, se apela a la mayor productividad como medio para ganar “competitividad”, los empresarios (y el propio gobierno) sólo piensan en subsidios estatales al capital y mayor precariedad y explotación laboral.
Todo lo dicho indica que la política de “competitividad” del gobierno se sostiene en una política de contención salarial y precarización del empleo. Cuando la misma no es eficaz pues “falla” la mediación de los sindicatos burocratizados y sus conducciones, son los empresarios quienes buscan garantizar su “competitividad” devaluando los salarios a través de la inflación y apelando a los despidos indiscriminados.
En cualquier caso, tanto en los noventa como en ésta década, en el neoliberalismo y el neodesarrollismo, lo único que no se discute es el objetivo de la “competitividad” y quien pagará los costos de alcanzarla.
* Versión "larga" de la misma nota
(http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-110324-2008-08-25.html)
¿Qué significa buscar un tipo de cambio real “competitivo y estable”?*
Por Mariano Féliz (21/8/2008)
La política oficial apunta a garantizar la llamada “competitividad” de la economía, intentando sostener un tipo de cambio real (TCR) “elevado” (dólar caro). Se busca que los precios y costos internos sean bajos en dólares en comparación con los precios y costos en dólares en el resto del mundo. El país se hace más “barato” y la mayor “competitividad” se manifiesta en un mayor superávit (o un menor déficit) externo.
Al tener este objetivo en mente, el gobierno argentino asume que puede controlar o determinar el nivel “tendencial” (de “largo plazo”) del cambio real. Esto supondría que a través de la política monetaria y fiscal el gobierno podría “elegir” tener un dólar alto.
Esto no es así. En realidad el valor del tipo de cambio real es el resultado de determinaciones ligadas al proceso de acumulación y valorización de capital en la economía. La política monetaria y cambiaria tienen pocos efectos sobre el valor tendencial del tipo de cambio, pues el mismo es estructuralmente rígido. Esto no significa que no pueda ser alterado por medio de la política pública. Lo que sí expresa es que el manejo del TCR a los fines de alcanzar la tan mentada “competitividad” involucra otro tipo de elecciones de política (económica).
Sintéticamente, el tipo de cambio real está determinado esencialmente por los niveles de productividad de la economía y la relación entre la tasa de ganancia y los salarios reales, comparados entre países. Si la productividad aumenta en un país (en comparación con el resto del mundo), el TCR puede aumentar pues la mayor productividad induce una baja en los costos de producción internos, aumentando la “competitividad” (lo que es un eufemismo para denominar la ganancia empresaria). Lo mismo ocurre cuando bajan los salarios reales en un país en relación al resto del mundo: el tipo de cambio real aumenta pues se reducen los costos internos y las empresas se hacen más “competitivas”.
Por esto el tipo de cambio real tenderá a ubicarse en un nivel que estará determinado por la productividad laboral y los salarios reales de la economía, siempre comparados con esos mismos valores en el resto del mundo. En consecuencia, el tipo de cambio real será estructuralmente “rígido” y no sujeto a las decisiones de la política económica, a menos que el gobierno pueda mediante la misma alterar las variables relevantes.
Este planteo pone bajo otra luz la política cambiaria impulsada por el gobierno desde 2002, en la actual etapa neodesarrollista.
Hay un hecho objetivo: el tipo de cambio real “tendencial” es hoy en día más alto que a comienzos de los noventa como resultado del aumento de la productividad que se produjo en esos años. Claro está el costo de ese aumento fue la mayor desocupación y precariedad laboral extendida durante esa década. El aumento de la competitividad (rentabilidad) estructural del capital en la Argentina se basó en los años noventa en el empobrecimiento generalizado del pueblo trabajador.
A esto podemos sumar otro elemento que caracteriza a la etapa actual. El tipo de cambio real es hoy más elevado que los noventa también porque los salarios reales son más bajos. La economía es hoy más “competitiva” porque, además de la mayor productividad, tiene salarios más bajos en términos reales. Es decir, nuevamente han sido las trabajadores quienes han pagado el costo de la deseada “competitividad” a través de salarios que hoy son para la mayoría de los trabajadores más bajos que en las últimas dos décadas.
De allí que el tipo de cambio “elevado y estable” al que apunta el gobierno pueda lograrse sólo con salarios que garantizan la persistencia de niveles inaceptables de pobreza y condiciones de precariedad laboral. Cuando, por el contrario, se apela a la mayor productividad como medio para ganar “competitividad”, los empresarios (y el propio gobierno) sólo piensan en subsidios estatales al capital y mayor precariedad y explotación laboral.
Todo lo dicho indica que la política de “competitividad” del gobierno se sostiene en una política de contención salarial y precarización del empleo. Cuando la misma no es eficaz pues “falla” la mediación de los sindicatos burocratizados y sus conducciones, son los empresarios quienes buscan garantizar su “competitividad” devaluando los salarios a través de la inflación y apelando a los despidos indiscriminados.
En cualquier caso, tanto en los noventa como en ésta década, en el neoliberalismo y el neodesarrollismo, lo único que no se discute es el objetivo de la “competitividad” y quien pagará los costos de alcanzarla.
* Versión "larga" de la misma nota
Tipo de cambio real "competitivo y estable"
Versión original de la versión recortada publicada en Página/12 el 25 de Agosto de 2008.
La nota debió ser recortada porque era muy larga para su publicación.
Tipo de cambio real “competitivo y estable”
Por Mariano Féliz (19/8/2008)
En la actualidad, la política oficial apunta a garantizar la llamada “competitividad” de la economía. Para ello, se ha decidido instrumentar aquello que sea necesario a los fines de sostener un tipo de cambio real “elevado”, o sea un dólar caro. ¿Qué significa esto? Se busca que los precios y costos internos sean bajos en dólares en comparación con los precios y costos en dólares en el resto del mundo. El país se hace más “barato” y la mayor “competitividad” se manifiesta en un mayor superávit (o un menor déficit) externo.
Al tener este objetivo en mente, el gobierno argentino asume que puede controlar el tipo de cambio real. Es decir, que a través de los instrumentos de la política económica está en condiciones de determinar el nivel “tendencial” (de “largo plazo”) de esa variable económica.
Este supuesto se apoya, lógicamente, en la hipótesis pos-keynesiana de que el tipo de cambio es una variable con determinaciones esencialmente financieras y que por lo tanto manejando adecuadamente la política monetaria y fiscal es factible “elegir” tener un dólar alto.
Sin embargo, no es claro que eso pueda ser así. Al respecto, podemos sugerir que en realidad el tipo de cambio real es el resultado de determinaciones mucho más estructurales, ligadas al proceso de acumulación y valorización de capital en la economía. Si esto es así, la política monetaria y cambiaria tienen pocos efectos sobre el valor tendencial del tipo de cambio, pues el mismo es estructuralmente rígido. Es decir, no está al alcance de los instrumentos usuales de la política económica determinar su nivel “tendencial”.
Esto no significa que la relación de los precios internos en comparación con los precios internacionales (es decir, el tipo de cambio real) no pueda ser alterado por medio de la política pública. Lo que sí expresa es que el manejo del tipo de cambio a los fines de alcanzar la tan mentada “competitividad” de la economía involucra otro tipo de factores y, por ello, otros tipo de elecciones de política económica.
Hay investigaciones que muestran que el tipo de cambio real está determinado esencialmente por los niveles de productividad de la economía y la relación entre la tasa de ganancia y los salarios reales, comparados entre países. Si la productividad aumenta en un país (en comparación con el resto del mundo), el tipo de cambio real puede aumentar pues la mayor productividad induce una baja en los costos de producción internos y por lo tanto aumenta la “competitividad” (lo que es un eufemismo para denominar la ganancia empresaria). Lo mismo ocurre cuando bajan los salarios reales en un país en relación al resto del mundo: el tipo de cambio real aumenta pues se reducen los costos internos y la producción se hace más “competitiva”.
Siendo esto así, el tipo de cambio real tenderá a ubicarse en un nivel que estará determinado por la productividad laboral y los salarios reales de la economía, siempre comparados con esos mismo valores en el resto del mundo. En consecuencia, el tipo de cambio real será estructuralmente “rígido” y no sujeto a las decisiones de la política económica, a menos que el gobierno pueda mediante la misma alterar las variables relevantes.
Este planteo pone bajo otra luz la política cambiaria impulsada por el gobierno desde 2002.
Hay un hecho objetivo: el tipo de cambio real “tendencial” es hoy en día más alto que a comienzos de los noventa. Eso es el resultado del fuerte aumento de la productividad laboral que se produjo en eso años. Claro está el costo de ese aumento fue la mayor desocupación y precariedad laboral que sufrimos todos durante esa década. Es decir, el aumento de la competitividad (rentabilidad) estructural del capital en la Argentina se basó en los años noventa en el empobrecimiento generalizado del pueblo trabajador.
A esto podemos sumar un elemento que caracteriza particularmente a la etapa actual (que nosotros, junto a otros, acuñamos “neo-desarrollista”).
El tipo de cambio real es en la actualidad más elevado que en los años noventa también porque los salarios reales son más bajos que en aquella época. La economía argentina es hoy más “competitiva” porque, además de la mayor productividad, tiene salarios más bajos en términos reales. Es decir, nuevamente han sido las trabajadores y trabajadoras quienes han pagado el costo de la tan deseada “competitividad” a través de salarios que hoy son iguales a los de hace 7 años; si nos guiamos por estadísticas “realistas” (no las del INDEC intervenido) los salarios son hoy en día para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras más bajos que en las últimas dos décadas.
De allí que el tipo de cambio “elevado y estable” al que apunta el gobierno se logra sobre la base de niveles salariales que garantizan la persistencia de niveles inaceptables de pobreza y condiciones de precariedad laboral que dificultan la resistencia de los trabajadores y trabajadoras. Cuando, por el contrario, se apela a la mayor productividad como medio para ganar “competitividad”, los empresarios (y el propio gobierno) sólo piensan en subsidios estatales al capital y mayor precariedad y explotación laboral. Nunca en mejor tecnología, nunca en menores ganancias, nunca participación obrera en las decisiones.
Todo lo dicho indica que la política de “competitividad” del actual gobierno argentino se sostiene en una política de contención salarial y precarización del empleo. Cuando la misma no es eficaz pues “falla” la mediación de los sindicatos y sus conducciones burocratizadas, son los empresarios quienes buscan garantizar su “competitividad” devaluando los salarios a través de la inflación y apelando a los despidos indiscriminados.
En cualquier caso, tanto en los noventa como en ésta década, en el neoliberalismo y el neodesarrollismo, lo único que no se discute es el objetivo de la “competitividad” y quien pagará los costos de alcanzarla.
La nota debió ser recortada porque era muy larga para su publicación.
Tipo de cambio real “competitivo y estable”
Por Mariano Féliz (19/8/2008)
En la actualidad, la política oficial apunta a garantizar la llamada “competitividad” de la economía. Para ello, se ha decidido instrumentar aquello que sea necesario a los fines de sostener un tipo de cambio real “elevado”, o sea un dólar caro. ¿Qué significa esto? Se busca que los precios y costos internos sean bajos en dólares en comparación con los precios y costos en dólares en el resto del mundo. El país se hace más “barato” y la mayor “competitividad” se manifiesta en un mayor superávit (o un menor déficit) externo.
Al tener este objetivo en mente, el gobierno argentino asume que puede controlar el tipo de cambio real. Es decir, que a través de los instrumentos de la política económica está en condiciones de determinar el nivel “tendencial” (de “largo plazo”) de esa variable económica.
Este supuesto se apoya, lógicamente, en la hipótesis pos-keynesiana de que el tipo de cambio es una variable con determinaciones esencialmente financieras y que por lo tanto manejando adecuadamente la política monetaria y fiscal es factible “elegir” tener un dólar alto.
Sin embargo, no es claro que eso pueda ser así. Al respecto, podemos sugerir que en realidad el tipo de cambio real es el resultado de determinaciones mucho más estructurales, ligadas al proceso de acumulación y valorización de capital en la economía. Si esto es así, la política monetaria y cambiaria tienen pocos efectos sobre el valor tendencial del tipo de cambio, pues el mismo es estructuralmente rígido. Es decir, no está al alcance de los instrumentos usuales de la política económica determinar su nivel “tendencial”.
Esto no significa que la relación de los precios internos en comparación con los precios internacionales (es decir, el tipo de cambio real) no pueda ser alterado por medio de la política pública. Lo que sí expresa es que el manejo del tipo de cambio a los fines de alcanzar la tan mentada “competitividad” de la economía involucra otro tipo de factores y, por ello, otros tipo de elecciones de política económica.
Hay investigaciones que muestran que el tipo de cambio real está determinado esencialmente por los niveles de productividad de la economía y la relación entre la tasa de ganancia y los salarios reales, comparados entre países. Si la productividad aumenta en un país (en comparación con el resto del mundo), el tipo de cambio real puede aumentar pues la mayor productividad induce una baja en los costos de producción internos y por lo tanto aumenta la “competitividad” (lo que es un eufemismo para denominar la ganancia empresaria). Lo mismo ocurre cuando bajan los salarios reales en un país en relación al resto del mundo: el tipo de cambio real aumenta pues se reducen los costos internos y la producción se hace más “competitiva”.
Siendo esto así, el tipo de cambio real tenderá a ubicarse en un nivel que estará determinado por la productividad laboral y los salarios reales de la economía, siempre comparados con esos mismo valores en el resto del mundo. En consecuencia, el tipo de cambio real será estructuralmente “rígido” y no sujeto a las decisiones de la política económica, a menos que el gobierno pueda mediante la misma alterar las variables relevantes.
Este planteo pone bajo otra luz la política cambiaria impulsada por el gobierno desde 2002.
Hay un hecho objetivo: el tipo de cambio real “tendencial” es hoy en día más alto que a comienzos de los noventa. Eso es el resultado del fuerte aumento de la productividad laboral que se produjo en eso años. Claro está el costo de ese aumento fue la mayor desocupación y precariedad laboral que sufrimos todos durante esa década. Es decir, el aumento de la competitividad (rentabilidad) estructural del capital en la Argentina se basó en los años noventa en el empobrecimiento generalizado del pueblo trabajador.
A esto podemos sumar un elemento que caracteriza particularmente a la etapa actual (que nosotros, junto a otros, acuñamos “neo-desarrollista”).
El tipo de cambio real es en la actualidad más elevado que en los años noventa también porque los salarios reales son más bajos que en aquella época. La economía argentina es hoy más “competitiva” porque, además de la mayor productividad, tiene salarios más bajos en términos reales. Es decir, nuevamente han sido las trabajadores y trabajadoras quienes han pagado el costo de la tan deseada “competitividad” a través de salarios que hoy son iguales a los de hace 7 años; si nos guiamos por estadísticas “realistas” (no las del INDEC intervenido) los salarios son hoy en día para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras más bajos que en las últimas dos décadas.
De allí que el tipo de cambio “elevado y estable” al que apunta el gobierno se logra sobre la base de niveles salariales que garantizan la persistencia de niveles inaceptables de pobreza y condiciones de precariedad laboral que dificultan la resistencia de los trabajadores y trabajadoras. Cuando, por el contrario, se apela a la mayor productividad como medio para ganar “competitividad”, los empresarios (y el propio gobierno) sólo piensan en subsidios estatales al capital y mayor precariedad y explotación laboral. Nunca en mejor tecnología, nunca en menores ganancias, nunca participación obrera en las decisiones.
Todo lo dicho indica que la política de “competitividad” del actual gobierno argentino se sostiene en una política de contención salarial y precarización del empleo. Cuando la misma no es eficaz pues “falla” la mediación de los sindicatos y sus conducciones burocratizadas, son los empresarios quienes buscan garantizar su “competitividad” devaluando los salarios a través de la inflación y apelando a los despidos indiscriminados.
En cualquier caso, tanto en los noventa como en ésta década, en el neoliberalismo y el neodesarrollismo, lo único que no se discute es el objetivo de la “competitividad” y quien pagará los costos de alcanzarla.
Thursday, August 07, 2008
Thursday, July 17, 2008
Thursday, May 29, 2008
6/6 > Charla-debate > ¿Qué hacemos con los precios?
¿Se pueden controlar los precios?¿Cómo? ¿Quiénes son los formadores de precios? ¿Qué podemos hacer?
Panelistas: Mariano Féliz (Economista, FPDS), Guillermo Gigliani (Economista, EDI) y Martín Hourest (Economista, legislador porteño Movimiento por Buenos Aires)
Panelistas: Mariano Féliz (Economista, FPDS), Guillermo Gigliani (Economista, EDI) y Martín Hourest (Economista, legislador porteño Movimiento por Buenos Aires)
Lugar: Viernes 6 de Junio, 19:30 hs., en Espacio de Cultura y Políticia Popular del Cid (Ángel Gallardo 752, Ciudad de Buenos Aires)Convocan: CTA Villa Crespo, Movimiento por Buenos Aires Villa Crespo, Delegados de Junta Interna de ATE Hospital Durand, Agrupación Universitaria La Mella, Centro Cultural La Muralla de Paternal, periódico barrial Caballito Regalado, programa del CTA en FM Flores y Espacio de Cultura y Política Popular EL CID.
Thursday, May 15, 2008
Presentación del libro
"Interpretaciones heterodoxas de las crisis económicas en Argentina y sus efectos sociales"
(capítulo 4 y capítulo 5 disponibles online)
Lunes 19 de mayo
18.30 Hs. / Aula a confirmar
Facultad de Ciencias Económicas (6 entre 47 y 48)
Universidad Nacional de La Plata
Participan:
Julio César Neffa
Pablo I. Chena
Mariano Féliz
(capítulo 4 y capítulo 5 disponibles online)
Lunes 19 de mayo
18.30 Hs. / Aula a confirmar
Facultad de Ciencias Económicas (6 entre 47 y 48)
Universidad Nacional de La Plata
Participan:
Julio César Neffa
Pablo I. Chena
Mariano Féliz
Organiza:
MUECE / Frente Popular Darío Santillán
Auspician:
CEIL-PIETTE/CONICET
Proyecto de Investigación:"Economía política de la Argentina en crisis"
MUECE / Frente Popular Darío Santillán
Auspician:
CEIL-PIETTE/CONICET
Proyecto de Investigación:"Economía política de la Argentina en crisis"
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