Apuntes breves sobre la coyuntura económica (diciembre 2004)

Apuntes breves sobre la coyuntura económica
x mariano féliz, 16 diciembre 2004

1 Hacia una caracterización de la política económica
Mucho se ha hablado en el último año y pico sobre el supuesto “cambio de modelo” operado a partir de la salida de la convertibilidad y en particular a partir de la llegada de K. al gobierno.
Hagamos un análisis de algunas de los rasgos característicos de esta nueva etapa del capitalismo argentino a fin de determinar en qué medida ha habido cambios y en cuánto siguen perpetúandose las dinámicas de las últimas décadas.

1.1 Crecimiento económico.
Un primer punto para caracterizar al período presente se refiere al hecho real de que la economía se encuentra en expansión. El PBI ha crecido aceleradamente desde su punto más bajo en el primer trimestre de 2002. Sin embargo, la creación de valor en la economía argentina es aun más reducida que el punto máximo alcanzado en 1998. Si la expansión continúa recien a mediados de 2005, la masa de valor creada alcanzará ese valor pico. En 8 años la economía argentina no creció en términos globales y el ingreso por habitante se redujo un 10%.
La economía se encuentra creciendo sobre la base de una recuperación de la inversión privada. Decimos recuperación pues las empresas están recomponiendo y reparando sus máquinas y plantas luego de 4 años de deterioro progresivo en su capacidad productiva.
La salida de la convertibilidad y la devaluación del peso frente al dólar ha creado condiciones para que un conjunto de empresas encuentren rentables una serie de proyectos productivos que en el marco de las políticas de los noventa no lo eran. Se está produciendo un incipiente procesod de “sustitución de importaciones”. Incipiente pero débil y limitado, podríamos agregar. A pasar de la devaluación, que encareció por 2 el valor en pesos de los productos importados, hoy en día las importaciones representan en valor más del 16% del ingreso generado. De manera que aun con el dólar “caro” dedicamos como país muchos más recursos domésticos que en los noventa.
Por otro lado, las exportaciones no se han convertido (al menos por ahora) en el “motor del crecimiento” como esperaban quienes impulsaron la devaluación del peso. A pesar del fuerte incremento en la rentabilidad de las actividades exportadoras, las ventas al exterior han crecido muy poco en estos dos primeros años de la Argentina pos-convertibilidad. Además, la mayor parte del incremento en el valor exportado (en dólares) ha sido el producto de precios excepcionalmente altos para los principales productos de exportación (oleaginosas, soja, combustibles).
Por último, el consumo privado se está recuperando lentamente pero difícilmente pueda convertirse en un elemento que impulse un crecimiento acelerado, dada la débil expansión de la masa de ingresos de la población, en particular de los sectores trabajadores (asalariados y cuentapropistas).

1.2 Dinámica de ingresos.
Este es uno de los elementos de la etapa actual que marca una continuidad importante con el período anterior.
A partir de la salidad de la convertibilidad, la participación de los ingresos de los trabajadores en el ingreso total generado se redujo nuevamente, sosteniendo la tendencia iniciada a finales de 1955 y profundizada desde 1975. Incluyendo los ingresos de jubilados y pensionados, los trabajadores se apropian en la actulidad alrededor de 25,1% del ingreso total, mientras que a finales de 2001 acopiaban el 28,7% (hacia 1975 esa proporción era cercana al 45% y rondaba el 55% en el primer quinqueño de la década del cincuenta).
Esta situación se vincula con varios fenómenos que marcan la continuidad, y profundización, de las tendencias recientes del capitalismo argentino.
Por un lado, la devaluación sólo agudizó la tendencia sostenida al deterioro en los ingresos laborales de los trabajadores. Si tomamos los datos de salarios reales (es decir, el poder de compra de los salarios, su capacidad para adquirir mercadería y servicios) observamos que a la caída cercana al 10% durante la convertibilidad se suma el deterioro de 15% en los dos años subsiguientes (cabe agregar que el nivel salarial al inicio de la convertibilidad, post-hiperinflación, era ya un 20% inferior al promedio de la década de los ochenta). Si bien desde mediados de 2003 se observa una leve recuperación de los salarios, se observa un fuerte deterioro en relación a los valores medios de la década anterior. Además, hay una fuerte disparidad en la evolución de los salarios reales desde su punto más bajo a comienzos de 2002. Mientras los trabajadores “formales” del sector privado (aquellos que tienen contrato de trabajo, aportes jubilatorios, etc.) son hoy un 3% más bajos (en términos reales) que a fines de 2001, los trabajadores estatales y los “informales” en el sector privado (que en conjunto representan un 70% del total de ocupados) han visto caer sus salarios reales un 30%.
Por otra parte, la recuperación económica ha permitido que el nivel de empleo se incremente sostenidamente desde mediados de 2002. Sin embargo, aun falta mucho para alcanzar los niveles de ocupación de la fuerza de trabajo que prevalecían en el punto más alto alcanzado durante 1998. Además, continúan las tendencias anteriores a la precarización del empleo, pues a pesar de la recuperación del empleo industrial, crecen aceleradamente los puestos de trabajo en actividades informales, precarias, “changas”, etc. Esta dinámica es la que explica la débil reducción en los niveles de precariedad laboral y en la tasa de desocupación, que se encuentra según las últimas estimaciones oficiales en torno al 14% de la población económicamente activa (PEA).
Junto con la acelerada recuperación de la actividad económica, la combinación de ambos movimientos, caída en los salarios reales y recuperación leve del empleo, es lo que explica la caída en la participación de los ingresos laborales en el ingreso total. La contracara de esto es la violenta suba en la participación de las ganancias, rentas (por la propiedad de los recursos naturales) e intereses. De acuerdo con este desempeño en la estructura de ingresos, el impulso al crecimiento continuado solo podría provenir de la inversión y las exportaciones (que se ha convertido en más rentable, en términos potenciales al menos, por la fuerte caída en los costos laborales) así como el consumo de los sectores no asalariados (cuyos gastos representan alrededor de la mitad del consumo global).
Frente a la situación generada en el mercado laboral, el gobierno se encuentra trabajando para controlar los dos principales focos de conflicto. Por un lado, la creciente conflictividad al interior de las grandes empresas (en particular, las privatizadas) y el Estado. Por otra parte, buscando desestructurar la capacidad de confrontación de los sectores piqueteros.
En relación al primer punto, la actitud del gobierno es intervenir directamente buscando contener la protesta en dentro de los carriles “manejables”, otorgando o avalando aumentos de salarios en general de carácter “no remunerativo”. Siempre, sin embargo, estos incrementos salariales “controlados” se concentran en el sector asalariado “formal”, no pocos derrames hacia los estatales y los “informales”.
En lo que refiere a los sectores piqueteros, un punto esencial en la estrategia gubernamental es modificar la lógica del principal instrumento de la política social (el plan JJHD) a fin de limitar la capacidad de organización en torno a ellos. A este fin, iniciaron una política de contención y reducción en el número de planes, mientras que simultáneamente se está preparando una reforma más fundamental: la subdivisión del programa en tres grandes módulos. Primero, el plan Familias, orientados esencialmente a mujeres con más de tres hijos y a ancianos sin jubilación o pensión, cuya contraprestación sería la asistencia escolar y el control sanitario de los niños, bajo responsabilidad familiar. Segundo, el Plan JJHD y el Plan Manos a la Obra serían orientados a aquellos desocupados “empleables”, es decir aquellos que son considerados por el Estado como potenciales asalariados y/o “emprendedores”. Los primeros, futuros asalariados, sería obligados a “demostrar” una actitud proactiva en la búsqueda de empleo, mientras que los últimos deberían participar en proyectos producivos insertos en las “cadenas de valor” de empresas capitalistas.
Al dividir a los beneficiarios de programas sociales, se tornará más dificil la organización reivindicativa de los desocupados. Por otra parte, las mujeres (con hijos) son automáticamente definidas como “in-empleables” por lo que son expulsadas del mercado de trabajo y de actividades de carácter comunitario que habían comenzado a ocupar en el marco del plan JJHD. En tercer lugar, tanto las integrantes del plan Familias como aquellos que queden en el JJHD o el Manos a la Obra, son quienes deben “demostrar” que se esfuerzan para aducar a sus niños, vacunarlos, o buscar trabajo y conseguirlo, restando al Estado la responsabililidad primordial de atender estas cuestiones. Por último, esa responsabilidad que se carga en quienes se encuentran sin trabajo tiene como contrapartida sólo 150 pesos (hasta 200 pesos en el caso del plan Familias); parece muy poco para combatir el flagelo de la pobreza que hoy alcanza a más del 40% de los habitantes de la Argentina.

1.3 Deuda externa.
Uno de los ejes del discurso oficial ha sido la renegociación de la deuda externa. Se afirma que hoy el gobierno “enfrenta” a los acreedores, y que estaría haciendo un gran negocio a través de la reestructuración con quita. Veamos algunos detalles.
Primero, cabe recordar que la cesación de pagos abarcó solo a una porción de la deuda pública. Sólo el 54% de la deuda entró en “default” y está siendo renegociada. El resto (que incluye la deuda con los organismo internacionales de crédito y bonos por compensación a bancos, entre otros) se paga religiosamente. En los últimos dos años, por ejemplo, el gobierno argentino pagó a los OIC uno 8000 millones de dólares (24000 millones de pesos), lo que es equivalente a, por ejemplo, 7 veces lo que se dedica al plan Jefes y Jefes de Hogar Desocupado (JJHD).
Segundo, con la renegociación la deuda externa continuaría siendo de una magnitud considerablemente mayor a la que tuvimos en promedio durante la década pasada. En la actualidad la deuda externa representa aproximadamente 1,5 veces el valor creado en la economía argentina durante un año; luego de la renegociación la misma será equivalente a toda la producción de un año. En la década de los noventa, la deuda externa nunca superó el 55% de la creación anual de valor.
Esto explica que, a pasar de la supuesta buena renegociación, el gobierno está proponiendo alcanzar un superávit primario de 4,5% del PIB. Este superavit es equivalente a los recursos que el Estado Argentino destinará al pago de intereses por su deuda externa. Cabe resaltar que entre 1961 y 2001 el gobierno nacional tuvo un superávit primario en sólo 6 años y sólo en tres de ellos superó el 1% del PIB. Claramente el esfuerzo fiscal que se está haciendo es extraordinario y, más allá del discurso, se encuentra en línea con las exigencias del FMI (3% para 2004). Esto significa que el Estado argentino está dedicando cerca de un 20% de sus ingresos totales a pagar los intereses de la deuda externa, mientras mantiene cuasi-congelados los salarios públicos y continúa desatendiendo sus obligaciones en torno a la salud, la educación, etc.

1.4 Privatizadas, inversión extranjera directa y gran capital
En relación a la política pública en torno a las empresas privatizadas, es cierto que estas no han sido perjudicadas en cierta medida desde la devaluación, en particular dado que sus tarifas se han deteriorado en términos reales (es decir, han subido menos que la inflación).
Sin embargo, esto no significa un cambio global en la política hacia el sector. En principio, cabe recordar que la mayor parte de las empresas privatizadas obtuvo durante los noventa ganancias extraordinarias, y a pesar de ello (o gracias a ello) en su gran mayoría incumplieron con los compromisos de inversión que habían asumido. Por otra parte, en la actualidad en general están obteniendo una rentabilidad positiva por lo que un incremento en las tarifas sólo incrementaría sus ganancias sin garantizar una mejor provisión de los servicios. Los incrementos que se han producido en los últimos meses han implicado, en general, redistribuciones de ingresos desde las empresas beneficiadas con la devaluación hacia las privatizadas, ya que no ha habido aumentos fuertes en las tarifas a los hogares (en particular, producto de las denominadas “tarifas sociales”). Sin embargo, poco implica esto en términos de los ingresos de las privatizadas cuando muchos de los hogares no están pagando por el uso de los servicios y menos podrían pagar con tarifas aumentadas.
La política de participación pública en algunos sectores como teléfonos (re-estatización para re-privatizar) o petróleo (Enarsa), no marca cambios esenciales en la tendencia a dejar sectores estratégicos bajo el control del gran capital. En el primer caso, estaríamos ante una etapa de transición a una nueva privatización, donde el Estado no ha forzado a la anterior concesionaria a pagar el canon adeudado. En el segundo ejemplo, la estrategia es crear una empresa para facilitar la explotación de áreas no explotadas aun (en la plataforma continental, por ejemplo) por parte de capitales privados. Por esta razón, la empresa estatal no estaría en condiciones de efectivamente regular el mercado de combustibles argentino.
Por otro lado, continua en esencial la estrategia de los noventa de convocar, promover e incentivar al capital extranjero a participar en los grandes negociones que permite la Argentina post-devaluación. Los numerosos acuerdos establecidos con naciones asiáticas, en particular con China, no son más que una continuación de la estrategia de privilegiar al capital extranjero, junto con el gran capital “nacional”, en el desarrollo de emprendimientos importantes. Aquí vale hacer una salvedad. El gobierno sigue con la lectura tradicional de que el capital extranjero (a veces se habla del “ahorro extranjero”) es esencial para el desarrollo de una país periférico como Argentina. Esta lectura supone que el capital extranjero provee más que simplemente “dinero” pues si los emprendimientos requieren esencialmente fuerza de trabajo, maquinarías y tecnologías disponibles en el país, no hay motivos para requerir del capital foráneo. Por otro lado, cabe recordar que la inversión extranjera directa (IED) no vendrá a la Argentina con una vocación “solidaria” sino que lo hará para hacer negocios, y que por lo tanto su presencia supone hacia el futuro comprometer una porción creciente de nuestros ingresos para transferir las ganancias de la IED.
En lo que respecta al gran capital local (tanto “nacional” como “extranjero”), han sido estos los más beneficiados por la devaluación del peso. Tanto entre quienes operan y participan en la producción de mercancías exportables (alimentos, combustibles y derivados, esencialmente) como entre quienes participan en la “nueva” sustitución de importaciones, el gran capital es dominante y por lo tanto es quien se apropia mayormente de las ventajas de la devaluación (es decir, de la caída del salario en términos reales y en dólares). Cabe señalar, por ejemplo, que cerca del 75% de las exportaciones son generadas por las 1000 empresas más grandes del país. Aquí vale recordar que aun ahora, esta empresas pueden (legalmente) mantener hasta el 70% de sus ingresos de exportación fuera del país, es decir que mantienen un poder importante sobre la política económica.
Si bien hay un conjunto de pequeñas y medianas empresas (PYMES) que se han beneficiado con la devaluación, en la actualidad son las grandes las más beneficiadas y es lo más probable que en la competencia con las PYMES sean las primeras las que ganen, aun en este contexto más favorable.

2 ¿Una nueva estrategia de “desarrollo”?
La principal diferencia del gobierno actual en términos de política económica se concentra en la política cambiaria (es decir, de regulación del valor del dólar).
Durante la convertibilidad, el valor del dólar se encontraba atado al peso en una relación 1 a 1 y se mantenía relativamente bajo en comparación con la década de los ochenta. En la actualidad, el dólar se encuentra “liberado” del peso, pero el gobierno interviene (a través del Banco Central esencialmente) para sostenerlo en torno a los 3$.
Esta política de “dólar caro”, contrasta claramente con la estrategia de “dólar barato” vigente durante la convertibilidad. Sin embargo, ambas fueron instrumentos de los sectores dominantes para terminar de imponer un nuevo patró de valorización del capital.
Durante los noventa, el “dólar barato” fue esencial para facilitar (junto con otras políticas, como la reducción de aranceles, las privatizaciones, etc.) la “reestructuración regresiva” de la producción en Argentina. La convertibilidad fue parte de la estrategia del capital llevar adelante el ajuste y reorganización de la sociedad que atravezamos en los noventa, y que tuvo como resultado el empobrecimiento masivo de la población, el desempleo explosivo y la precarización general de las condiciones de trabajo.
En la presente década, el “dólar alto” busca aprovechar las “ventajas” creadas durante el período anterior. La debilidad estructural de los trabajadores, consolidada en década previa, es lo que permite aun sostener un “dólar alto” con salarios bajos, los más bajos de la historia argentina reciente. Esta situación es la que permite sostener enormes ganancias a los sectores exportadores (quienes pueden aprovechar las ventajas derivadas de la existencia de recursos naturales en abundancia), mientras simultáneamente los sectores industriales pueden competir en mejores condiciones aprovechando las más bajos salarios.

Teoría y práctica de la pluralidad monetaria. Algunos elementos para el análisis de la experiencia Argentina reciente.

Teoría y práctica de la pluralidad monetaria. Algunos elementos para el análisis de la experiencia Argentina reciente.
Por Mariano Féliz (CEIL-PIETTE/CONICET, UNLP)

Fue publicado en: Revista Economía, Teoría y Práctica, 21, 107-133, 2004, Universidad Autónoma Metropolitana, México, ISSN 0188-8250.

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Resumen
El número de monedas que deben circular tanto en el ámbito de un determinado territorio geográfico ha encontrado diversas respuestas teóricas y prácticas. Este trabajo discutir diversas perspectivas que desde la teoría económica buscan discutir el fenómeno de la ‘pluralidad monetaria’.
Luego de una discusión teórica del problema, intentaremos analizar el fenómeno de la multiplicación de monedas en el caso de la Argentina durante los años finales del siglo XX y los iniciales del siglo XXI.
Llevaremos adelante una discusión que intentará echar luz un fenómeno complejo y que no ha encontrado respuestas satisfactorias en la literatura tradicional.

1. Introducción
Durante la segunda mitad de la década de los noventa, la Argentina inició un proceso acelerado de deterioro en la dinámica de su proceso de acumulación de capital (Féliz, 2004; Bonnet, 2002). Luego de algunos años de ‘éxito’, la estrategia económica articulada en torno a la convertibilidad de la moneda doméstica comenzó a mostrar sus límites para sostener el crecimiento económico en el mediano plazo (Féliz, 2004).
Fue en este marco que a medida que la crisis se profundizaba y los distintos niveles del Estado encontraban crecientes dificultades para sostener los servicios y actividades que realizaban, que varios gobiernos, provinciales y municipales pero también el propio gobierno nacional, comenzaron a emitir lo que eran en los hechos ‘monedas paralelas’ que circulaban junto con la moneda nacional ‘convertible’. Este fenómeno adquirió un carácter masivo hacia el año 2001 cuando la crisis entraba en su etapa definitoria. Hacia mediados de 2002, casi 9000 millones de pesos en monedas no convertibles circulaban por el territorio nacional argentino (Schvarzer y Finkelstein, 2003).
Este fenómeno tomó a buena parte de los investigadores y ‘expertos’ sobre temas económicos bastante desprevenidos pues nadie atinó a desarrollar una explicación plausible de qué estaba ocurriendo. ¿Cómo era posible que hubiera más de UNA moneda dentro del territorio nacional?
En general podría decirse que aquellos que analizaban los problemas de la economía política (o como la gran mayoría le dice, de la economía, a secas) ignoraban el problema que el surgimiento masivo de monedas paralelas a la moneda nacional estaba proponiendo. Era difícil comprender porqué era ignorado un fenómeno que aparecía a simple vista tan significativo. Sin embargo, a partir de que la crisis del capitalismo argentino se profundizaba y comenzaban a surgir otras experiencias de ‘contestación’, ‘cuestionamiento’ o rebeldía contra las instituciones tradicionales de la economía, se hizo más claro el porqué de tal dificultad para analizar científicamente el problema.
La negativa del ‘mainstream’ de la economía en Argentina a reconocer la relevancia de los fenómenos que, como las múltiples monedas no convertibles , estaban cuestionando las ‘incuestionables leyes de la economía’ tenía que ver con su incapacidad para poder pensar el mundo social más allá del capital o de aceptar la posibilidad siquiera de una crisis profunda de las relaciones capitalistas. No podían ver en la rebelión más que ‘desorden’, no podían encontrar en la imaginación popular más que ‘irracionalidad’. Sin embargo, había mucho más allí. Las monedas paralelas estatales (usualmente denominadas ‘cuasi-monedas’) expresaban la profundidad de la crisis que atravesaba el capitalismo argentino y toda una forma de uso capitalista del dinero (expresado de manera paradigmática en la ley de Convertibilidad ).
Esta negativa de la ‘ortodoxia’ económica a discutir en profundidad el problema de la multiplicación de las formas de circulación monetaria no implicaba, sin embargo, que no hubiera elementos en el ámbito de la economía política como para abordarlo. Desde varias perspectivas teóricas esta temática había sido tratada, por supuesto que con mayor grado de profundidad que los apologistas del TINA (‘there is no alternative’) o ‘pensamiento único’. Podemos afirmar que, en términos generales, la discusión giraba en torno a definir el número ‘óptimo’ de monedas que deberían circular en un espacio geográfico determinado y la forma en que esa circulación monetaria debía regularse o gestionarse.
En este artículo presentaremos tres enfoques sobre el problema del dinero y la discusión sobre el número ‘óptimo’ de monedas. Por un lado, la teoría neoclásica tiene como su principal marco conceptual la llamada teoría de las ‘áreas monetarias óptimas’ (AMO). En segundo lugar, tenemos la vertiente postkeynesiana que abrevando en el propio Keynes sostiene la posibilidad de constituir un sistema monetario pluralista que combine monedas de circulación regional junto con una moneda común para los intercambios interregionales (el ‘bancor’). Por último, presentaremos una crítica marxista del fenómeno del dinero y la pluralidad monetaria, enfocando en el papel que el dinero tiene en la estructuración de las relaciones social. A partir de este último enfoque, analizaremos y comentaremos en particular el fenómeno de las monedas paralelas estatales o ‘cuasi-monedas’ en Argentina.
Nuestra hipótesis de trabajo es que si bien tanto el enfoque neoclásico como el pos-keynesiano son capaces de proponer una solución técnicamente adecuada al problema de la cantidad de monedas son incapaces de dar cuenta de la crisis del dinero y de su expresión en la pluralidad monetaria. Por el contrario, la lectura marxista permite dar cuenta de la la pluralidad monetaria como lo que es, una expresión de la crisis del proceso de valorización de capital.
2. ¿Es Argentina un ‘área monetaria óptima’?
Desde la teoría económica neoclásica uno de los marcos de análisis más tradicionales en respecto a la pluralidad monetaria fue propuesto por Mundell (1961). Su teoría de las llamadas ‘áreas monetarias óptimas’ (AMO) buscaba definir las características que debía tener un determinado espacio geográfico para hacer conveniente la utilización de una sola moneda adentro de él (o mantener un tipo de cambio fijo entre distintas monedas, lo cual sería equivalente). Los objetivos centrales a tener en cuenta serían (1) el mantener balanceadas las transacciones económicas de la región con el ‘resto del mundo’ y (2) mantener el pleno empleo de los recursos. Si bien la teoría de las AMO fue pensada en principio en el marco de los Estados-nación como unidades de análisis y por lo tanto la discusión gira en torno al número de monedas (o áreas monetarias) ‘optimas’ a escala global, entendemos que este mismo marco puede aplicarse a la discusión al interior de un país.
2.1 El dinero como ‘comodín’
El enfoque de las AMO se sostiene en el típico análisis neoclásico del dinero. Según esta lectura, el dinero actúa fundamentalmente como un medio para facilitar intercambios que serían esencialmente relaciones de ‘trueque’ . Es decir, el dinero permitiría facilitar los intercambios que se realizan de manera descentralizada al superar las restricciones que existen para la realización del trueque directo. En efecto, el dinero permitiría evitar el cumplimiento inmediato de la llamada condición de ‘doble coincidencia simultánea de necesidades’ (Kyotaki y Wright, 1989). Para la teoría neoclásica, será dinero aquella ‘cosa’ que sea comúnmente utilizada para facilitar el intercambio de productos. En efecto, tal cual lo señalaba Wicksell (1901), en la perspectiva neoclásica de las funciones de la moneda sólo la de ser medio de cambio es verdaderamente característica de la misma. En consecuencia, en la teoría neoclásica el dinero se piensa básicamente como un artilugio para facilitar los intercambios, algo que permite resolver algunos inconvenientes de carácter técnico (Borges Neto, 2000).
2.2 Dinero y precios relativos. La teoría de las áreas monetarias óptimas.
Con el trasfondo teórico de la visión neoclásica del dinero, en la preocupación de Mundell la cuestión central era definir cuál sería el medio más eficaz para conseguir que se produjeran los ajustes necesarios en el caso de un desbalance sostenido en el intercambio entre dos regiones y consecuentemente un desequilibrio en la utilización de los recursos productivos de una de las mismas con relación a la otra. Estos ajustes requerirían una variación en los ingresos reales (y en particular, en los salarios) que permitieran corregir los precios relativos y así equilibrar el comercio entre regiones. Si entre dos regiones existiera un desequilibrio en el intercambio bilateral, en la región superavitaria tenderían a desarrollarse presiones inflacionarias mientras que en la otra región (deficitaria) se producirían tendencias a la deflación (y por ello, al menos en el corto plazo, subempleo de ‘recursos productivos’).
La cuestión fundamental sería definir si este ajuste podría ser obtenido a través de caídas nominales en salarios y precios en la región deficitaria y por lo tanto si era razonable tener una misma unidad monetaria en ambas regiones, o si por el contrario convendría tener una moneda distinta en cada región y realizar el ajuste de precios por la vía de una variación en el tipo de cambio entre la moneda regional y el resto de las monedas ‘del mundo’ (de la otra región).
Claramente, Mundell supone la vigencia de la dinámica de las ventajas comparativas entre regiones y por ello deduce que la flexibilidad de precios (y salarios) de manera directa, o indirectamente a través variaciones del tipo de cambio, permitirán equilibrar el comercio inter-regional. Esta teoría, adelantada por David Ricardo y desarrollada por J. S. Mill y la corriente neoclásica, sostiene que todas las regiones del mundo podrán especializarse en algún tipo de producción en la cual sean ‘relativamente’ más productivos. En consecuencia, según esta perspectiva el libre comercio entre regiones es beneficioso para todas ellas pues cada región siempre podrá producir alguna mercancía y ocupar así todos los recursos productivos disponibles. Esta lectura supone que el problema de los desequilibrios en los intercambios comerciales inter-regionales son el producto de desajustes en los precios: los territorios deficitarios tendrían niveles de precios ‘excesivamente’ elevados lo cual los tornaría ‘poco competitivos’. La discusión sería entonces cómo lograr la corrección en los precios: esperando el ‘ajuste de mercado’ que deflacione la región deficitaria o permitiendo la depreciación de su frente al resto del mundo de forma tal de reducir el precio de sus productos (expresados en la moneda de las otras regiones).
Según Mundell, si entre las regiones existiera la suficiente movilidad de recursos o ‘factores productivos’ (tanto de ‘capital’ como de trabajo) los ajuste se producirían por esa vía. Los ‘factores desocupados’ se desplazarían desde la región deficitaria para su utilización productiva en la región superavitaria. Si tal desplazamiento no fuera posible, la existencia de dos monedas y consecuentemente la posibilidad de la depreciación relativa de la moneda de la región deficitaria sería el medio adecuado para conseguir el ajuste requerido. Cuanto mayor fuera el tamaño del espacio geográfico, menor sería la flexibilidad y movilidad de factores por lo que, en cualquier caso, ‘el área monetaria óptima’ no sería el mundo (Mundell, 1961). Es decir, aun en el caso más extremo, habría más de una moneda en el planeta.
McKinnon (1963) y Kenen (1969) vinieron a complementar y completar esta interpretación. El primero puso énfasis en el rol de la apertura de una región a los intercambios con la otra región. Una mayor apertura comercial y financiera, requerirían por parte de la región deficitaria un ajuste de mayor magnitud en el tipo de cambio para corregirlo y por los costos que ello tiene, mayor sería la conveniencia de mantener una moneda común y promover los ajustes en los precios y salarios directamente. Kenen, por su parte, señalaba que es muy importante tener en cuenta la movilidad inter-industrial de factores. Cuanto mayor fuera la diversidad de la producción en cada región, menor podría ser la persistencia de los desequilibrios y por consiguientes menores los costos de sostener una moneda común con la otra región.
La decisión de una región (país, provincia, ciudad, aun un espacio geográfico más pequeño) de mantener o no una moneda común con otras regiones dependería, en consecuencia, de (1) el grado de movilidad de factores al interior del conjunto de regiones (es decir, entre las regiones), (2) del grado de integración económica de las regiones, y (3) del grado de diversidad de la producción al interior de cada región.
Posicionándonos desde esta perspectiva, podríamos afirmar que en la experiencia Argentina de fines del siglo XX, la aparición (o creación) de (cuasi)monedas regionales estaba cuestionando el hecho de que el país fuera efectivamente un ‘área monetaria óptima’ y que por lo tanto fuera conveniente la existencia de una sola moneda en su interior. En efecto, muchas de las (cuasi)monedas regionales se depreciaron rápidamente ni bien entraron en circulación. Esta depreciación se hacía aparente tanto en el mercado cambiario (o en el ‘mercado paralelo’ de dinero) como en la esfera comercial dónde las mercancías tenían un precio mas reducido si eran pagados en la moneda nacional.
La presencia de importantes diferencias en las estructuras productivas y niveles de desarrollo regionales así como la escasa movilidad interregional de ‘factores productivos’, en particular la limitada (aunque no nula) movilidad de la fuerza de trabajo , pondrían en duda la viabilidad y conveniencia de la unicidad monetaria en el conjunto del país.
En consecuencia, si la creación de monedas fuera una decisión esencialmente técnica, vinculada a la ‘optimalidad’ de los ajustes de mercado, podrían sostenerse desde el ángulo de la teoría de las AMO las ventajas de crear monedas múltiples en el territorio nacional argentino.
Sin embargo, si bien la visión de las AMO aporta elementos que permitirían sostener la posición de los defensores de la creación de monedas sub-nacionales en Argentina, el argumento de Mundell y sus seguidores se apoya básicamente en el supuesto de que los desequilibrios comerciales inter-regionales son causados por precios ‘fuera del equilibrio’, producto de rigideces nominales (en precios y/o salarios). Es decir, supone que si los precios fueran ‘plenamente flexibles’ las regiones de un país, por ejemplo, se especializarían según sus ventajas comparativas, corrigiéndose eventualmente los desequilibrios comerciales inter-regionales.
Sin embargo, frente a diferencias en los niveles de desarrollo de las regiones, los desequilibrios en los flujos comerciales entre regiones podrían ser persistentes en tanto sea la rentabilidad del capital la que regule la organización de la producción y los intercambios (Shaikh, 2000). El enfoque neoclásico supone que los precios de las mercancías se ‘determinan’ en el mercado por la interacción de la oferta y la demanda, sin tener en cuenta el real funcionamiento de la competencia en el capitalismo. En realidad, los precios de mercado ‘oscilarán’ en torno a los precios de ‘precios de producción’, aquellos que permiten tender a equipar las tasas de ganancia en las distintas ramas de la producción (Shaikh, 2000). En tal situación, los mismos serán relativamente fijos (determinados esencialmente por la productividad laboral, los salarios reales y la tendencia a la ecualización tendencial de las tasas de ganancia (Ver Shaikh, 2000; Guerrero, 1995).
Desde este punto de vista, las monedas locales podrían en todo caso actuar como instrumentos para ‘facilitar’ la reducción de los salarios reales a través de su depreciación relativa (y sólo muy excepcionalmente facilitar los incrementos en la productividad del trabajo) como medio para reducir los costos unitarios de producción (Shaikh, 2000) pero de ninguna manera solucionarán per se los desequilibrios asociados a la organización capitalista de la actividad productiva . La devaluación de la moneda local sólo sería eficaz para ‘corregir’ los desequilibrios en el intercambio inter-regional si y sólo sí consigue reducir el nivel de salarios reales y/o aumenta la productividad laboral en la región cuya moneda se deprecia, algo que no es evidente que deba ocurrir (Shaikh, 2000). Caso contrario, los precios relativos (precios internos a la región/precios del resto de las regiones) no variarán a mediano plazo gracias a la devaluación y por tanto el desbalance comercial permanecerá, pues tienen un carácter estructural.
Por otra parte, aun si pudiera explicar la ‘optimalidad’ (teórica) de la creación de monedas regionales, la teoría de las AMO no permite, en principio, dar cuenta de su expansión en el contexto particular de la Argentina. Es esencialmente propuesta de tipo normativo, pero que no provee elementos para comprender la dinámica real de la pluralidad monetaria.
3. La nación como ‘mosaico de monedas’
Frente a la propuesta neoclásica que sostiene la discusión teniendo como punto de referencia la optimalidad de los ajustes a través del ‘mecanismo de los precios’ y la neutralidad de la moneda, desde el campo post-keynesiano se han avanzado elementos de lo que podría denominarse una teoría ‘estatal’ del dinero.
3.1 El dinero como criatura del Estado
Mientras que la corriente neoclásica aceptó la proposición smithiana de que la función del dinero es servir como medio de cambio (en lo que serían intercambios que en esencia son actividades de trueque), en su Tratado sobre la moneda de 1930, Keynes cuestionó directamente esta posición al señalar que el dinero sólo puede existir en relación a una moneda de cuenta. En consecuencia, la parábola clásica sería simplemente un relato sobre relaciones de trueque privado y accidental, realizadas en una sociedad en la cual el intercambio no es una instancia regular de la vida económica. En esa historia no tendría ninguna relación con el desarrollo del dinero como una institución sistémica y por lo tanto, social (Clarke, 1988: 83).
Según la posición post-keynesiana, el dinero en su función como unidad de cuenta y, en particular, los contratos legalmente ejecutables expresados en términos de esa unidad de cuenta cumplen en el capitalismo un papel central al permitir reducir la incertidumbre asociada a la no-ergodicidad del mundo (Davidson, 1994) . Decía Keynes que el deseo de poseer dinero como una reserva de riqueza es un barómetro del grado de la desconfianza de las personas a sus propios cálculos y convenciones en relación con el futuro. La posesión de dinero calma esa inquietud (Keynes, 1937). En consecuencia, los actores económicos buscarán atesorar dinero con el objetivo de incrementar su liquidez, esto es para aumentar su habilidad para cumplir con sus obligaciones contractuales cuando vencen.
En cuanto la incertidumbre es introducida en el análisis, el dinero ya no es más simplemente un ‘lubricante’ de lo que son esencialmente relaciones de trueque. En efecto, como la incertidumbre y la ignorancia provoca incertidumbre sobre los precios presentes y futuros, todas las relaciones económicas son distorsionadas y por lo tanto la operación de los mercados también (Clarke, 1988: 83).
Con este señalamiento, Keynes estaba indicando la precedencia de la función del dinero como ‘unidad de cuenta’ frente al uso de la moneda como medio de cambio. En este sentido, señaló la preeminencia del Estado en la designación de aquello que actuará como el estándar que corresponderá a la moneda de cuenta. En cuanto a la forma por la cual el Estado adopta una unidad de cuenta, Davidson señala la importancia de la legislación que establece la moneda de curso legal forzoso (Davidson, 1994: 102). Knapp, por su parte, indica que para que una determinada cosa pueda actuar como unidad de cuenta no alcanza con que sea definida como tal por la legislación, sino que es necesario que sea aquella cosa que será aceptada como pago de impuestos (Knapp, 1924). En concordancia con esto último, Lerner señalaba que por sí sola la declaración legal de que ‘algo’ debería ser utilizado como dinero no lo convierte en tal (Lerner, 1947).
3.2 Argentina ¿unión de pagos?
Así, con esta lectura ‘institucional’ del papel del dinero y frente al esquema analítico de la teoría de las AMO, se encuentra la propuesta realizada por Keynes de pensar un esquema de Unión de Clearing Internacional [Unión de Pagos Internacional, UPI] (Keynes, 1980: 176). Si bien, al igual que el análisis de las AMO, la propuesta fue pensada originalmente desde una perspectiva internacional, no hay motivos por los cuales no podría aplicarse el razonamiento al análisis de la aparición de monedas locales (sub-nacionales).
La propuesta original de Keynes era establecer un sistema de monedas nacionales con tipo de cambio fijo (pero alterable) junto con restricciones al movimiento de capitales. A esto se sumaría la creación de una moneda bancaria internacional, el ‘bancor’. De acuerdo con Davidson (1994) tal propuesta buscaría (1) prevenir la falta global de demanda efectiva (la cual sería una tendencia implícita del sistema actual), (2) proveer un mecanismo automático para poner el peso del ajuste sobre los países superavitarios (y no, como en la perspectiva neoclásica tradicional, sobre los países en déficit), (3) dar a los países la capacidad de monitorear y controlar el flujo de capitales, y (4) expandir la cantidad disponible de activos líquidos (es decir, dinero).
En ese esquema, los países (regiones) superavitarios se obligarían a gastar sus excedentes externos en productos de aquellos que fueran deficitarios tanto través de la compra de productos como de la inversión directa o la transferencia unilateral de fondos mientras que los gobiernos serían los que controlarían la moneda inter-regional (‘bancor’) limitando la posibilidad de especulación con relación a la misma.
Desde nuestro punto de vista, la propuesta podría trasladarse al nivel de un país, pensando la moneda nacional como símil del bancor. En tal esquema, las monedas locales estarían asociadas entre sí a través de una moneda nacional mientras que las regiones más avanzadas deberían gastar sus excedentes en las regiones deficitarias de manera de alimentar allí la demanda de productos. Esa obligación de gastar por parte de las regiones superavitarias debería ser establecida en una regla que actúe de manera automática.
En realidad, la propuesta post-keynesiana hace transparente la política de redistribución de recursos por vía de la política fiscal usualmente utilizada por los Estados nacionales con moneda única. En la Argentina, la ley 23548 (de “Coparticipación Federal de Impuestos”) establece un mecanismo de redistribución automática de recursos monetarios. El Estado nacional actúa como agente de recaudación de una serie de impuestos y luego distribuye esos ingresos entre las distintas provincias sobre la base de criterios diversos que incluyen en particular indicadores de desarrollo productivo y población (Cuadro 1).

[Cuadro 1 por aquí]

En efecto, la política de gasto del Estado federal actúa como un mecanismo de compensación pues las regiones productivamente más atrasadas reciben fondos del Estado nacional sin contrapartida. Este es el mecanismo que garantiza que las regiones superavitarias compensen a las regiones deficitarias . Podría decirse, que esa es la contracara necesaria de la unión monetaria en condiciones de desequilibrios estructurales.
Sintéticamente, Davidson (1994: 245) sugiere que a nivel del espacio de un Estado nacional existirían, al menos, tres alternativas para sostener, y financiar, los desequilibrios interregionales: (a) la política fiscal del Estado puede ‘reciclar’ ingreso y balances monetarios desde las regiones superavitarias hacia las regiones deficitarias, (b) transferencias unilaterales (privadas y/o estatales) de recursos, o (c) la acción del Banco Central como ‘prestamista en última instancia’.
A diferencia de la propuesta de la AMO, la idea del UPI deja librado a la decisión política (y no a una definición técnica) la creación de monedas nacionales (y regionales) mientras que busca establecer, también por decisión política, un mecanismo de compensación de los desequilibrios estructurales antes que recostarse sobre los supuestos mecanismos automáticos del mercado.
4. La disputa por los usos del dinero
Más allá de sus diferencias teóricas (sustanciales, por cierto) tanto el criterio neoclásico como el post-keynesiano se proponen como opciones ‘técnicas’ para sostener el nivel de actividad económica en una región productivamente atrasada.
La visión de la AMO supone que el establecimiento de espacios geográficos en los cuales circula una moneda específica debe orientarse a facilitar el funcionamiento de los mercados. Esto significa que lo que se busca es compensar las ‘rigideces’ en los precios, y en particular en los salarios, a partir de la posibilidad de que la moneda regional se deprecie en relación a otras monedas, reduciendo los precios locales medidos en una moneda común logrando, eventualmente, la corrección de los desequilibrios comerciales y financieros regionales (bajo el supuesto de que la competencia entre capitales entre regiones con diferentes monedas se rige bajo el esquema de ventajas comparativas y por lo tanto ‘los mercados’ tienden a equilibrar el balance comercial de las regiones/países). Por su parte, la propuesta post-keynesiana supone que las monedas regionales deben complementarse con algún mecanismo nacional de redistribución de recursos. Ese mecanismo podrá ser fiscal o monetario, pero permitía sostener en el tiempo la actividad económica en las regiones con déficit en los intercambios comerciales. En este caso, los desequilibrios estructurales no se corregirían sino que simplemente se compensarían.
Sin embargo, ambas alternativas se proponen como soluciones meramente técnicas que ignoran (caso neoclásico) o presuponen (caso post-keynesiano) la existencia de entidades políticas que sostengan la constitución de una moneda. Además, presentan como simples ‘rigideces’ a la negativa de los trabajadores de aceptar una caída en sus estándares de vida frente a la necesidad del capital (es decir, a su necesidad de maximizar su tasa de ganancia). Por último, ambas aproximaciones teóricas suponen que el surgimiento de una moneda en un territorio particular es una cuestión meramente ‘técnica’ en un sentido restringido; la cuestión sería simplemente determinar la ‘optimalidad’ de una particular arreglo monetario.
En el fondo, ambos enfoques buscan proponer una respuesta ‘racional’ al problema de la moneda (¿cuántas monedas debe haber? ¿cómo debería gestionarse el dinero?). Y sin embargo, ninguna de las dos teorías puede dar cuenta de la crisis del dinero y de su expresión como multiplicación de monedas. Esto resulta de su limitada comprensión del carácter del dinero en la economía capitalista.
4.1 El dinero como capital
En una economía capitalista el dinero no es un simple medio de cambio ni solamente una unidad de cuenta, sino que, como señalaba Marx, el dinero expresa la relación social de capital. En el capitalismo el dinero expresa no sólo las relaciones entre compradores y vendedores sino que también refleja la relación entre propietarios y no-propietarios de los medios de producción. En el sistema capitalista, el capital expresa una nueva relación económica, que se basa en la relación de valor, es decir en el dinero, pero no coincide con ella (Germer, 1997). Mientras que el dinero es valor como cristalización del trabajo social, algo materialmente estático, por su parte, el capital expresa valor en expansión, esto es trabajo social en movimiento (Germer, 2002). En el capitalismo, en consecuencia, el dinero se encuentra dominado por el capital.
Esto significa que el dinero es la expresión más general del valor, es la forma en la que el valor creado por la sociedad se presenta. Pero el dinero es más que eso. Debido a que las relaciones sociales fundamentales se encuentran mercantilizadas y por lo tanto monetizadas, el dinero es un medio de control de la actividad humana. La disputa histórica en torno a las políticas estatales por el control de la gestión del dinero y la discusión filosófico y político-económica que la acompañó, pueden comprenderse en esos términos: como la búsqueda de los mejores medios para asegurar el papel del dinero como momento esencial para la producción y reproducción de las relaciones de capitalistas de producción (Cleaver, 1995: 30). Por un lado, esta disputa se expresó históricamente en la oposición contra el fetichismo monetario mercantilista que ponía el eje sobre la ‘acumulación’ de dinero-oro antes que en su utilización ‘productiva’ (Cleaver, 1995: 31). Así, las discusiones de David Ricardo, entre otros, a favor de la convertibilidad del dinero al oro apuntaban contra un cierto ‘populismo monetarista’ que buscaba poner el dinero a merced de las necesidades de los capitales particulares (a partir de, por ejemplo, políticas de crédito ‘blando’ o crédito sin interés) pero que contrariaba los intereses del capital en su conjunto. En efecto, el patrón oro buscaba establecer severas restricciones a la discrecionalidad en la emisión monetaria e impondría a su vez la disciplina sobre las finanzas públicas. Por otra parte, la centralización del poder monetario buscaba controlar las exigencias de la clase trabajadora que históricamente ha rechazado el uso capitalista del dinero – del dinero como capital – buscando utilizarlo con propósitos que se oponían objetivamente a la reproducción de su control sobre el trabajo (Cleaver, 1995: 31). La imposición del poder del dinero requiere tanto la imposición universal de las relaciones monetarias como el establecimiento de un patrón monetario único y estable. Frente a estos intentos de imponer el ‘uso capitalista del dinero’, los trabajadores siempre han luchado tanto exigiendo crecientes niveles de remuneración (los cuales permitirían, potencialmente, generar mayor tiempo libre, disponible para la realización de la vida ‘más allá del capital’) y buscando medios de reproducción que cuestionan las relaciones capitalistas de producción (a través de la creación de cooperativas de trabajo, mutuales, bancos sociales o cooperativas de crédito, etc.).
En definitiva, el dinero es, en la sociedad capitalista, un medio para el control de la sociedad. Es más, es un medio para organizar a la sociedad en torno a la necesidad del capital de producir y expandir el valor. Sólo en tanto las relaciones sociales son efectivamente monetizadas y el ‘mercado’ se ubica como principal mediación social, puede el capital controlar el conjunto de la reproducción de la sociedad. El dinero, en su tendencia a autonomizarse como capital, aparece “como supremo poder a través del cual la reproducción social se subordina a la producción del capital” (Bonefeld, 1995: 70).
5. De la moneda única a la pluralidad de monedas
La convertibilidad fue parte de la estrategia de los sectores dominantes del capital en Argentina para controlar la actividad humana (el trabajo) a través de la constitución de un régimen monetario que potenciaba la ‘violencia de la moneda’ (Aglietta y Orleán, 1990) al imponer la ‘violencia de la estabilidad’ (Dinerstein, 1997). La constitución del régimen de convertibilidad establecía una nueva forma de violencia capitalista ya que, en tanto la ‘estabilidad’ de precios se ponía como objetivo absoluto a ser priorizado y todo lo demás (el empleo, la igualdad distributiva, etc.) aparecía como sacrificable para mantenerla. Esta violencia se expresó en el creciente incremento del desempleo, el aumento en la precarización de las condiciones de trabajo, la creciente intensificación del trabajo, el aumento de la alienación en el mismo, etc. (Battistini, Deledicque y Féliz, 2002).
A través del programa de convertibilidad, el Estado buscaba asegurar la reproducción de la sociedad dentro del marco capitalista asegurando el poder del dinero y la vigencia del Estado de derecho (es decir, de la ley), los cuales a su vez son el presupuesto de su propia existencia (Clarke, 1988: 46). El Estado pretendía conseguir así la subordinación mutua de la sociedad civil y el propio Estado a esos poderes sociales ‘neutrales’. En los noventa, la limitación a la libertad del Estado para la emisión de moneda ‘sin respaldo’ junto con la ‘independencia’ del Banco Central aparecieron como las formas institucionales más adecuadas de expresión del poder del capital sobre la sociedad a través del dinero y el derecho. La convertibilidad monetaria ‘ataba de manos’ al Estado frente a las demandas de los trabajadores y sectores particulares del capital, estableciendo a su vez la primacía del capital en general. Por otra parte, la ‘independencia’ del BCRA sólo significaba que la prioridad número uno sería ‘conservar el valor (internacional) de la moneda’, es decir priorizar la movilidad sin costos para el capital (valor en movimiento) por sobre otros objetivos (tales como el nivel y la calidad del empleo o los niveles salariales).
Sin embargo, la estrategia de la convertibilidad comenzó a entrar en crisis hacia comienzos de 1998 (Féliz, 2004). La estrategia que había sido ‘exitosa’ para el capital a los fines de reestructurar dramáticamente la organización social de la producción en Argentina (Féliz y Pérez, 2004; Féliz, 2004b) comenzaba a mostrar sus límites.

[Cuadro 2 aquí]

[Gráfico 1 aquí]

La crisis del régimen de gestión de la moneda que aparecía como ‘insustituible y eterno’ (la Convertibilidad ) comenzó a violentar las bases mismas de las instituciones que permitían la producción y reproducción del capital como un todo.
La crisis del capital, es decir la imposibilidad de reproducir a escala ampliada el valor adelantado, comenzaba a expresarse como ‘fuga de capitales’ y por lo tanto como ‘huida del dinero’ nacional a una representación más universal del dinero, la moneda mundial (el dólar). Así, la crisis del capital se expresaba como ‘crisis monetaria’ y luego se expresaría como ‘crisis política’ , pero ambas eran expresiones de la imposibilidad de continuar de manera rentable la expansión de la producción en condiciones capitalistas en el marco institucional de la convertibilidad.

[Cuadro 3 aquí]

De manera creciente, la crisis ‘económica’ dejaba ver la contradicción implícita en la necesidad de que el Estado aparezca como reflejando, como señalaba Marx, un “ilusorio interés general” de la sociedad frente a los intereses particulares (Clarke, 1988: 45). Así, sostener el régimen de convertibilidad monetaria se presentaba como una necesidad para defender el interés de todos, mientras en los hechos actuaba (cada vez de manera más evidente) como un medio para garantizar solamente el interés del capital-en-general a la vez que cuestionaba la existencia de los propios capitales individuales y la reproducción de los trabajadores. Esta contradicción asumía la forma de una creciente oposición entre el capital financiero por un lado y el capital productivo (y el trabajo) por el otro.
El aumento en la inestabilidad social y política provocada por la crisis del capital estaba creando una situación de cuestionamiento cada vez mayor a las ‘instituciones’ del Estado. La fuga del capital que se expresaba en una creciente contracción monetaria estaba teniendo fuerte impacto negativo en la recaudación impositiva (en particular, de los gobiernos sub-nacionales) y el cierre del crédito voluntario, tornaba cada vez más difícil sostener la actividad estatal.

[Cuadro 4 aquí]

Como el gobierno nacional había abjurado de la potestad de emitir moneda libremente y, a diferencia este último, los estados sub-nacionales no tenían esa potestad, en principio sólo quedaban el endeudamiento y la suba de impuestos (y/o reducción del gasto público) como los únicos instrumentos disponibles; la estrategia de contraer el gasto público se convertía cada vez más en políticamente inviable. La crisis se profundizaba y los distintos niveles del Estado tenían crecientes dificultades para hacer frente a sus obligaciones. La crisis fiscal hacía cada vez más difícil a los gobiernos pagar los salarios de sus empleados y mantener los niveles y la calidad de la provisión de bienes públicos, creando un clima de creciente descontento y beligerancia popular (Bonnet, 2002).
Frente a la crisis, tanto el gobierno nacional (dentro de las limitaciones que la propia convertibilidad establecía) como algunos gobiernos sub-nacionales (provinciales y municipales) comenzaron a aplicar políticas que les permitieran contrarrestar una situación que estaba poniendo en entredicho la legitimidad de las propias instituciones estatales. Ante la imposibilidad real de continuar endeudándose y las crecientes dificultades para contener el déficit fiscal y el conflicto social en el marco de una crisis que se profundizaba, durante el año 2001 varios gobiernos sub-nacionales ganaron para sí de manera unilateral la potestad de emitir una moneda propia .
El mismo Estado nacional había comenzado a mediados del año 2001 a ‘violar’ la convertibilidad emitiendo una moneda no-convertible, el LECOP (Letras de Coparticipación) con las cuales cubría sus obligaciones legales con las provincias y para hacer frente al creciente conflicto presentado por los trabajadores (en particular, aquellos organizados en los novedosos movimientos de trabajadores desocupados) .

[Cuadro 5 aquí]

Las monedas provinciales, municipales y el LECOP nacional fueron llamadas cuasi-monedas para distinguirlas de la moneda nacional ‘oficial’ o de curso legal (convertible) pues eran asimilados a bonos de deuda (ya que en general, y a diferencia del peso-convertible, las cuasi-monedas tenían un rendimiento nominal positivo pues pagaban un interés ) pero se emitieron en denominaciones bajas y más allá de su denominación usual (‘Patacón’ en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo) la unidad de cuenta continuaba siendo la moneda convertible (de curso legal) emitida por el Estado nacional. El caso más impactante de emisión de cuasi-monedas fue del gobierno de la provincia de Buenos Aires que alcanzó a tener a mediados del año 2002 una circulación de cerca de 3400 millones de Patacones (pesos); esto era equivalente a 1,3% del valor bruto de producción de la provincia y un 7,9% de los ingresos fiscales del Estado provincial (Schvarzer y Finkelstein, 2003).
Si bien a lo largo del texto nos hemos referido a las monedas sub-nacionales como ‘cuasi-monedas’ lo hemos hecho básicamente por una cuestión de convención, de sostener la denominación que comúnmente se le daba a las mismas. Sin embargo, podemos afirmar que las mismas eran de hecho ‘monedas’ con todas las letras: en todos los casos eran utilizadas como medio de pago y de circulación de mercancías, a la vez que eran vistas como reserva de valor o expresión de poder de compra. Además, en muchos casos las ‘cuasi-monedas’ eran aceptadas para el pago de impuestos provinciales (en la provincia que las había emitido). En algún caso, como el del Patacón, se creó un sistema de cuentas bancarias (en el ámbito del Banco del estado provincial, el Banco de la Provincia de Buenos Aires) para realizar depósitos y pagos en esa moneda sub-nacional. En efecto, las monedas regionales argentinas operaron como medios para llevar adelante el proceso de producción y reproducción del capital en la escala restringida de sus esferas de influencia.
A través de la multiplicación de monedas paralelas estatales, muchos gobiernos sub-nacionales y hasta del propio Estado nacional, apuntaban a sostener la actividad económica en espacios acotados esencialmente a la geografía de la provincia (o municipalidad) emisora y al conjunto del país en el caso del LECOP. A su vez, a partir de la emisión de sus propias monedas, los niveles sub-nacionales del Estado buscaron sostener su legitimidad frente a la población .
6. Crisis, convertibilidad y pluralidad monetaria
Mientras interesaba al capital como un todo que el Estado nacional tuviera el control monopólico de la emisión de moneda en las condiciones establecidas por la convertibilidad, el mismo régimen se había constituido ahora en una barrera a superar. El programa de convertibilidad no sólo había dejado de contribuir a garantizar las condiciones necesarias para sostener la acumulación de capital sin la intervención directa del Estado sino que creaba serias limitaciones a las políticas públicas orientadas a sostener la acumulación de capital.
Si bien la convertibilidad no era ‘la’ causa de la crisis de acumulación, era una estrategia de gestión monetaria que exacerbaba las contradicciones de la crisis. La convertibilidad creaba las condiciones para que la crisis de valorización asumiera una forma particular, la forma de la pluralidad monetaria, pero no había sido ella la que motivó la crisis.
La convertibilidad había sido un instrumento útil al capital para reestructurar las relaciones de producción en la Argentina (Féliz y Pérez, 2004) ahora se convertía en una traba para corregir los desequilibrios que la propia reestructuración había generado: una creciente capacidad productiva sin una expansión correlativa de la demanda de bienes y servicios. (Féliz, 2005). El ajuste suponía un proceso de devaluación del capital, junto a una centralización y concentración del mismo. Sin el instrumento de la depreciación de la moneda, tal proceso suponía la deflación generalizada de precios y la quiebra de empresas (devaluación del capital) por esos medios. Pero mientras ese proceso se producía, la crisis de la relación de capital (crisis producto de las dificultades para la valorizar del valor, es decir de conseguir una tasa de ganancia adecuada) traducía en una creciente crisis ‘económica’.
Como contraste, las estrategias encaradas por el Estado-en-crisis (en particular, por los gobiernos sub-nacionales) mostraron la potencia que resulta de tener una moneda liberada de tales restricciones, aún dentro del régimen de producción capitalista. La pluralidad monetaria mostró como era posible sostener una forma diferente de gestión del dinero. La multiplicación de las monedas paralelas reflejó las dificultades que el capital tenía para garantizar sus necesidades (su necesidad de expansión ilimitada) frente a una población que resistía la imposición de los ajustes salariales y presupuestarios . La multiplicación de las ‘caras’ del dinero fue la expresión del resquebrajamiento que la convertibilidad-en-crisis provocaba en el conjunto del territorio nacional.
7. Conclusiones
Distintas teorías económicas buscan dar respuesta a la pregunta de cuántas monedas deberían circular en un determinado espacio geográfico. En particular, tanto la visión neoclásica (apoyada en la propuesta pionera de Mundell) como el enfoque post-keynesiano, presentan respuestas que pretenden ser técnicamente sólidas. Sin embargo, ninguna puede dar una respuesta eficaz a la creación concreta de monedas paralelas, sub-nacionales, en una coyuntura particular como la crisis de la economía argentina iniciada a finales del siglo XX. En el fondo, no dan respuestas útiles pues carecen de una comprensión cabal del fenómeno del dinero en la economía capitalista.
En definitiva, la pluralidad monetaria no fue el producto de una decisión conciente o concertada. No fue el resultado de la evaluación de la ‘racionalidad’ de las opciones disponibles. Fue esencialmente el efecto de la crisis una estrategia de gestión del dinero y la necesidad por parte de los distintos niveles del Estado de encontrar una salida que garantizar su propia reproducción y legitimidad.
La crisis de la convertibilidad como estrategia para el control de la sociedad en torno a las necesidades de expansión del capital tuvo como resultado el estallido de la unicidad monetaria y la puesta en cuestión del “control centralizado de la liquidez” (Negri, 1991). Superada la crisis de acumulación, devaluación mediante, los sectores hegemónicos del capital consiguieron imponer progresivamente, la reunificación monetaria del país. Esta política no fue el resultado de la inviabilidad ‘técnica’ de las monedas paralelas, sino de la necesidad política de reestablecer el poder del dinero sobre el conjunto de la sociedad.
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Wray, L. Randall (2001), “Money and Inflation”, en Holt, Richard P.F. y Pressman, Steven, A new guide to post keynesian economics, Routledge, Nueva York, EE.UU.

Notas al pie:
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Primera versión enviada en julio de 2004. Agradecemos los comentarios de dos referís anónimos que nos animaron a revisar la versión original de este trabajo a fin de mejorarlo. Sus preguntas y sugerencias fueron muy importantes para completar y refinar el texto. Por supuesto, lo que se sostiene en el conjunto del artículo así como todos los errores y problemas que pudieran subsistir son de nuestra exclusiva responsabilidad.
La circulación de monedas no convertibles representaba en ese momento el equivalente a 41% de la circulación total de medios de pagos emitidos por el Banco Central de la República Argentina (la base monetaria en pesos era de 13000 millones de pesos).
O las ‘monedas del trueque’, un fenómeno también de magnitud extraordinaria pero igualmente incomprendido por los ‘economistas’. Igualmente, aquí no analizaremos esa experiencia. Al respecto se puede ver Féliz (2004, 2004c).
Hablamos de (cuasi)monedas paralelas pues las mismas circulaban dentro de los espacios geográficos de los estados (usualmente provinciales) que los emitían en paralelo con la moneda nacional.
En Abril de 1991 la moneda argentina (el austral cuya denominación pasó a ser ‘peso’) fue transformada por ley en una moneda ‘convertible’. Por cada unidad de moneda emitida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) éste se obligaba a tener un dólar de los Estados Unidos depositado como reserva de respaldo. A su vez, el BCRA se comprometía a cambiar a quien lo deseara sus pesos por dólares físicos a una paridad de 1 a 1. Este régimen monetario duró hasta los primeros días de enero de 2002.
Dado que cada “área monetaria óptima” debería tener por definición una sóla moneda la discusión sobre el número de AMOs es en efecto una discusión sobre el número óptimo de monedas.
Por ejemplo, Adam Smith, cuyas ideas sustentan aun hoy lo esencial de los desarrollos neoclásicos, sostenía que el dinero sería simplemente un instrumento contable y de intercambio sin una significación económica sustantiva. El dinero proveería de un medio que haría más eficiente el funcionamiento de la economía de trueque (Clarke, 1988: 12).
Nuevamente, la teoría neoclásica sigue en este punto bastante de cerca la explicación provista por Adam Smith quien señala el carácter casi natural y resultado de las interacciones comerciales entre particulares, de la aparición de la moneda (al menos en su carácter de moneda-mercancías, por ejemplo, oro).
El modelo básico de la economía neoclásica es, en su más rigurosa versión walrasiana, un modelo de economía de ‘puro trueque’ que supone que hay intercambios pero que no hay producción. Cuando la producción es introducida, la misma es concebida también como trueque de insumos productivos (o ‘factores de producción’) por productos. El problema que la existencia del dinero plantea a la economía neoclásica (o neo-walrasiana) surge del hecho de que entiende el proceso de equilibrio del sistema económico como el resultado de un proceso en el cual todos los potenciales desequilibrios en los intercambios y decisiones de producción son reconciliados (por un supuesto ‘subastador’) antes de que esos procesos comiencen. Dado que los ‘traders’ saben todos los precios relativos antes de realizar las transacciones, los problemas comúnmente asociados con el trueque directo son evitados. El modelo es un modelo de trueque ‘perfecto’ y en consecuencia es difícil justificar un lugar para el dinero en una economía de tales características. Es más, el dinero suele ser incorporado da tal manera que esa inclusión no altera los resultados del modelo original. El problema de la significación del dinero subsiste aún en los modelos más modernos de ‘generaciones superpuestas’ o en aquellos que descartan la idea del subastador e incorporan el análisis de Edgeworth para el proceso de intercambios (Rogers, 1991; 46). En estos modelos el dinero aparece como un activo ‘de papel’ antes que como un medio de cambio con todas las letras (Gale, 1983). En la economía neo-walrasiana, el dinero es, en efecto, algo ‘no esencial’ (in-essential) pues su inclusión en el marco conceptual no altera la esencia de los resultados obtenidos a partir de suponer una economía sin dinero (Rogers, 1991: 66-67). Así “… el más serio desafío que la existencia del dinero propone a los teóricos es este: que el modelo neoclásico más desarrollado no puede encontrar un lugar para éste” (Hahn ,1982).
Esto supone que si los precios de una región son inflexibles a la baja (es decir, la deflación no es posible) también lo son al alza y por lo tanto la depreciación de la moneda local (si tal moneda existiera) no supondría un incremento equivalente en los precios expresados en esa moneda.
Los recursos productivos se desplazaría de las producciones ‘no competitivas’ hacia aquellas que tienen ‘ventajas comparativas’ y por tanto son ‘competitivas’ a largo plazo. En consecuencia, a largo plazo todos los recursos domésticos serían ‘plenamente’ utilizados.
O lo que es lo mismo, la (cuasi)moneda local era tomada por una fracción de su valor nominal, en comparación con la moneda nacional.
Féliz y Panigo (2002) muestran las fuertes desigualdades que existen entre las regiones a nivel de los ingresos de los hogares, las cuales reflejan en parte grados de desarrollo diferentes. A modo de ejemplo, el ingreso medio en la región Noreste es un 40% más bajo que en la región Gran Buenos Aires (la más rica, cuyo ingreso medio se encuentra un 18% por encima del promedio del país).
La limitada movilidad geográfica de la fuerza de trabajo no niega el hecho de que puedan existir movimientos migratorios internos significativos. Por otra parte, Neffa y otros (2002) muestran los elevados y persistentes niveles en la desocupación en las distintas regiones del país que reflejan, en parte, un limitado grado de movilidad inter-regional de la fuerza de trabajo.
Como ya señalamos, el enfoque neoclásico que se encuentra por detrás de la propuesta de Mundell es esencialmente la teoría de las ‘ventajas comparativas’ ricardianas. Según ese enfoque en un marco de mercados perfectamente competitivos los precios se acomodarán a la restricción de que el balance de pagos debe equilibrarse.
Cuando hacemos referencia a la organización capitalista de la producción afirmamos los siguiente: a) la producción tiene como objetivo primario la producción de ganancias (y no la satisfacción de necesidades), b) la producción se organiza de manera que un pequeño conjunto de personas es propietaria de los medios de producción (y por ello, del resultado de esa producción) mientras que la mayoría de la población carece de ellos, y por lo tanto c) se ve forzada a vender su capacidad laboral a los propietarios de medios de producción (capitalista) a fin de garantizar su propia subsistencia.
El carácter estructural del tipo de cambio real entre regiones (o entre países) resulta del carácter histórico tanto de la productividad laboral (que no es simplemente el producto de la ‘tecnología’) como del nivel de salarios reales (que no es simplemente el ‘precio’ de un ‘factor productivo’).
Davidson explica que si el mundo fuera ergódico, el conocimiento sobre el futuro involucra simplemente la proyección de las situaciones pasadas o presentes; esto es, en un mundo ergódico el futuro es simplemente el reflejo estadístico del pasado. Sin embargo, para Keynes el mundo era no-ergódico, de manera tal que el futuro no puede ser calculado a partir del pasado y por lo tanto es en efecto (radicalmente) impredecible e incierto (Davidson, 1994: 90).
Esta perspectiva fue denominada por Keynes como Chartalismo, recogiendo los antecedentes de autores como Santo Tomás de Aquino.
En este esquema el Estado nacional argentino recauda impuestos a las rentas (“impuesto a las ganancias”), un impuesto que es en principio potestad constitucional de las provincias cobrarlo, y el impuesto al valor agregado (IVA), entre otros. La base imponible de estos impuestos está distribuida de manera tal que son las provincias más ricas las que aportan la mayor proporción de lo cobrado. Ver Infome IEFE (2002a, 2002b, 2002c, 2002d, 2004a, 2004b).
Este mecanismo no es totalmente equivalente a la propuesta de Davidson en tanto nada garantiza que el dinero redistribuido (es decir, el poder de compra redistribuido) sea aplicado en las regiones deficitarias para la adquisición de producción local (y no a la compra de más producción extra-regional). Esto solamente estaría garantizado si las regiones avanzadas demandaran con esos recursos productos de las regiones deficitarias.
La lectura post-keynesiana niega la posibilidad de la deflación de precios para corregir los desequilibrios asociados, según su óptica, a la falta de demanda efectiva (Davidson, 1994). Aun si los precios fuera plenamente flexibles, eso no alcanzaría per se para llevar a las economías a niveles de pleno empleo de todos sus recursos. Dado que el ingreso es mantenido como dinero, en tanto no cambien las condiciones que reducen la voluntad de los agentes económicos de convertir su riqueza financiera en poder de compra efectivo (demanda efectiva), la reducción de precios no alterará los desequilibrios pre-existentes.
Es muy común que, hoy en día, los Estados sostengan una suerte de ‘fetichismo monetario’ asociado al deseo de acumular divisas como reservas internacionales. Si bien tal acumulación puede ser justificada (sobre la base de la necesidad de disuadir la especulación contra la moneda local, por ejemplo) supone en los hechos ‘congelar’ parte de la riqueza de la sociedad. Algo semejante, y paralelo, se observa en relación con aquellos Estados que promueven per se la generación de un abultado superávit en el comercio exterior (lo cual suele asociarse a la acumulación de divisas en reserva), siguiendo una tradición neo-mercantilista.
Dado que, en la sociedad capitalista, el dinero se convierte en la forma más ubicua de las relaciones sociales, la ‘adecuada’ regulación del dinero aparece como una cuestión ‘neutral’, que beneficia a todos los miembros de la sociedad por igual. La moneda se convierte, así, en un principio de cohesión de las relaciones económicas, en una regla social que extrae su validez de una representación colectiva. Desde el momento en que se establece, todos los agentes encuentran ventajoso conformarse a ella (Aglietta, 1987).
Si bien el principal objetivo manifiesto de la Convertibilidad fue detener la inflación, alternativamente puede ser interpretada como una estrategia amplia de reestructuración de la organización del trabajo social en la Argentina (Bonnet, 2002). La institución de una caja de conversión (junto con un conjunto de políticas públicas aplicadas bajo el auspicio del denominado ‘consenso de Washington’) puso al conjunto del proceso de acumulación nuevamente bajo el comando del capital (Féliz y Pérez, 2004; Féliz, 2004b).
Habiendo alcanzado su punto más alto durante el segundo trimestre de 1998, el PBI en términos corrientes (y en términos reales) comenzó a desplomarse. En términos de tasas de crecimiento, el PBI nominal comenzó a desacelerse durante el tercer trimestre del año anterior. Ver Cuadro 2 y Gráfico 1.
El propio Ministro de Economía entre 1991 y 1996 (y luego por algunos meses durante el 2001), Domingo Cavallo, quien ‘ideara’ la ley de Convertibilidad, afirmó alguna vez que esperaba que la misma durara al menos 30 años.
Este fenómeno se apreció tanto en la aceleración en el proceso de dolarización de los depósitos bancarios (entre 1995 y 1998 la proporción de depósitos en dólares de mantuvo en un 53,5%, mientras que entre 1998 y 2001 tal relación saltó a 65,7%) así como en la fuerte reducción en el ingreso de capitales (Gráfico 1).
Ya desde 1999 se puede apreciar una tendencia a la reducción sostenida en la base monetaria y el crédito bancario (Cuadro 3) y hacia el año 2001 comenzó a producirse una acelerada fuga de depósitos bancarios. Entre diciembre de 2000 y diciembre de 2001 los depósitos bancarios totales se redujeron un 21,8% en términos nominales.
Tal crisis se reflejaba en los crecientes niveles de beligerancia social así como en el descontento popular con la ‘clase política’ reflejado en niveles de abstención importantes en las instancias electorales (Bonnet, 2002) y luego la crisis que llevaría a una transición (entre diciembre de 2001 y mayo de 2003) con 4 Presidentes de la Nación.
“…el capital dinerario … resulta cada vez más representado no por el capitalista individual, el propietario de tal o cual fracción del capital que se encuentra en el mercado, sino que se manifiesta como una masa concentrada y organizada, situada, en forma muy diferente a la producción real, bajo el control de los banqueros que representan al capital social [capital-en-general]” (Marx, 1999: 470; corchetes nuestros).
Por otra parte, en loa casos en que podía ser políticamente factible, la reducción del gasto público tendría en este contexto un efecto claramente contractivo. Así, la política de ‘déficit cero’ aplicada por el Estado nacional a partir de agosto de 2001 no hizo sino profundizar la crisis.
Varios estados provinciales (en el marco de crisis fiscales particulares) ya durante la década de los ochenta habían comenzado a emitir bonos que tenían circulación al interior de las provincias y hacían las veces de ‘moneda’. Sin embargo, fue a partir del 2001 que el proceso adquirió una magnitud inusitada.
En efecto, la crisis fiscal del Estado nacional le impedía cumplir, en el marco de la convertibilidad, con la obligación (establecida en la mencionada Ley de Coparticipación) de entregar a las provincias una determinada cantidad de recursos provenientes de la recaudación de impuestos cuya administración había sido cedida al Estado nacional.
Con el creciente poder de los movimientos de trabajadores desocupados, el Estado nacional se vio forzado a expandir sus ‘programas de empleo’, cuyos beneficiarios cobraban con LECOP. Ver Féliz (2003).
Por ejemplo, la primera serie (serie A) emitida de cuasi-monedas de la provincia de Buenos Aires tenía un vencimiento de un año y pagaba a su vencimiento un 7% sobre el valor nominal. La serie B fue emitida a cinco años y pagaría al final de ese plazo 135% del valor nominal.
Con este nivel de déficit fiscal y en una situación de imposibilidad de emitir más deuda, cabe señalar la presión que tenía el gobierno de la provincia de Buenos Aires (que, por otro lado, es la más rica y en mejor posición financiera del país) para contener la presión social sin caer en virtual ‘quiebra’. La emisión del ‘Patacón’ fue, en tal contexto, la salida obligada.
Este banco llegó a crear líneas de crédito en Patacones.
Su mera existencia, sin embargo, no podía evitar la crisis que no es nunca un fenómeno simplemente monetario sino que tenía raíces profundas de tipo estructural (Bonnet, 2002; Féliz y Pérez, 2004; Féliz, 2005).
“Que la emisión de títulos provinciales con características de cuasi-moneda de circulación provincial, que sirvieran en el año 2001 y los meses iniciales de 2002 para evitar la profundización de la crisis…” (texto de la ley 25561 de “Emergencia pública y reforma del régimen cambiario”).
Pues la tendencia a (y necesidad de) la centralización del control de la liquidez no es otra cosa que la imagen refleja de la creciente socialización del capital (Negri, 1991)
Que la población resistía los ajustes no quiere decir que siempre pudo evitar su imposición. El establecimiento del recorte salarial del 13% a los trabajadores del Estado nacional en julio de 2001 marca esto último; la resistencia al ajuste que intentó imponer el Ministro de Economía López Murphy, a comienzos de ese mismo año, que fue ampliamente rechazado y le costó la renuncia, es la contracara.
Bonefeld señala que “la relación de la forma del Estado con la forma económica se establece por la subordinación del Estado a la forma auto-contradictoria del dinero, por lo cual una sobre-acumulación de capital impacta en el Estado y pone límites a su poder de mediar tal crisis políticamente. Esta constitución del Estado se desplaza al mercado mundial [el cual] subordina las relaciones sociales a la igualdad, la represión y la cosificación del valor en la forma del dinero global” (Bonefeld, 1995: 86, corchetes míos).
Durante 2003, fue creado un “Programa de Unificacion Monetaria” (Decreto 743/2003) con “el objeto de retirar los títulos provinciales [cuasi-monedas]” pues era “fundamental para asegurar la reunificación monetaria y garantizar la circulación de una única unidad monetaria de curso legal y de carácter nacional” (corchetes nuestros).
El propio Fondo Monetario Internacional (organismo que aparece como una de las instituciones más claramente ligadas al capital en su forma dineraria, y por tanto al capital-en-general) fue (junto con el Banco Mundial) uno de los principales promotores de la unificación monetaria pues percibía las dificultades que la “pluralidad monetaria” pone al interés del capital como un todo. “El reclamo [de unificación monetaria] radica en que es imposible hacer política monetaria con una diversidad de monedas” (Diario Página/12, 12 de marzo de 2003, edición internet). En realidad, no es que sea imposible hacer política monetaria sin unidad monetaria (pues si así fuera no podrían o no deberían existir siquiera monedas nacionales) sino que tal arreglo institucional va en contra de las necesidades más profundas del capital.