Este texto fue publicado en el portal de noticias Prensa de Frente
La propuesta de re-estatizar por completo el sistema de previsión social, eliminando el sistema de pensiones privadas obligatorio (AFJP), crea el marco para un debate más profundo sobre qué tipo de sistema de previsión social es deseable y posible en Argentina.
Volver al Estado
Cualquier análisis del cambio en el sistema de jubilaciones parte del fracaso evidente del sistema creado en 1993. Luego de 14 años, las grandes ganadores han sido las administradoras de fondos de pensión (AFJP) que han cobrado cerca de 15 mil millones de dólares por mal-administrar los fondos aportados por los/as trabajadores/as. Esas comisiones se quedaron con entre 20% y 30% de los aportes.
La contracara ha sido el masivo endeudamiento del sector público por los aportes cedidos a las AFJP y un sistema de jubilaciones que no garantizan jubilaciones dignas. El Estado ha perdido cerca de 5500 millones de pesos anuales por aportes personales desviados al sistema privado y unos 6000 millones al año por la rebaja de aportes patronales perpetrada en los años noventa y aún vigente. ¡La pérdida anual de recursos para el Estado equivale a la suma del presupuesto nacional para Salud, Educación y Ciencia y Técnica!
Casi el 80% de los quienes se jubilaron por el sistema privado reciben un complemento estatal para llegar a la jubilación mínima; en total, el Estado destina 6000 millones de pesos anuales a esos fines. Por otra parte, la cobertura del sistema previsional se redujo fuertemente desde la creación del sistema privado: sólo el 40% de los trabajadores en relación de dependencia están realizando los aportes necesarios.
El régimen de AFJP no es un sistema de previsión social sino un gigantesco negocio financiero manejado por un minúsculo número de empresas (10) en su mayoría extranjeras, que no son sino fondos de inversión. Estas manejan un fondo de cerca de 30 mil millones de dólares en bonos de la deuda pública (55% del total), acciones, plazos fijos y otros activos financieros, lo cual les otorga un poder sustancial. Los principales perjudicados con la re-estatización del sistema serán estos agentes financieros, por eso hoy están en la calle, defendiendo sus privilegios con el aval de los medios empresarios de comunicación y los sectores más retrógrados del arco político.
A partir de esta evaluación del pobre rendimiento de este sistema (que podremos calificar como una de las mayores estafas de las últimas décadas) la primera pregunta que surge es por qué el gobierno no impulsó antes esta medida de re-estatización.
Está claro que la decisión fue tomada en el contexto de la crisis que ha comenzado a profundizarse. Una de las principales preocupaciones del gobierno es el financiamiento de los pagos de la deuda pública, que en 2009 llegarían a cerca de 15 mil millones de dólares entre capital e intereses. Es claro para cualquiera que sostener el superávit fiscal y refinanciar los vencimientos de la deuda será algo muy difícil en lo inmediato, en el marco de un menor crecimiento de la recaudación y el cierre del financiamiento internacional. Los cerca de 4 mil millones de pesos anuales que hoy se dirigen a las AFJP vendrán muy bien a la estrategia gubernamental de evitar la cesación de pagos.
El debate del proyecto ha puesto en discusión la necesidad de bloquear el uso discrecional de los recursos por parte del gobierno y ya se propone la “intangibilidad” de los activos en manos de las AFJP. ¿Por qué “guardar” los activos en manos de las AFJP? Siendo un monto infinitamente superior a lo que se quería recaudar con las retenciones móviles y que supuestamente se iban a utilizar para resolver acuciantes necesidades sociales, ¿por qué atesorar cual reservas del Banco Central esos recursos, cuando esas necesidades urgentes evidentemente no han sido resueltas?
Y respecto a los aportes adicionales que recibirá el Estado ¿qué se propone? ¿Por qué no destinarlos a aumentar ya las jubilaciones y pensiones? La recientemente aprobada ley que re-estableció la movilidad de las jubilaciones ha creado en realidad un corsé a los ingresos de los jubilados. ¿Por qué las jubilaciones deben evolucionar según la recaudación y los salarios y no según las necesidades vitales de los mismos, es decir su canasta familiar? ¡Qué contraste con los pagos de la deuda pública, cuya única restricción parece ser su mero devengamiento!
Por último, se señala la necesidad de que el Estado (a través del ANSES) administre los fondos transferidos para mantener el valor de los mismos. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente, convertir al ANSES en un gran fondo de inversión. La “timba” de las AFJP pasará al Estado, que invertirá los fondos excedentes del sistema de manera “más eficiente”. En los últimos meses las jubilaciones pagadas por el sistema privado han caído 15% al ritmo de la crisis financiera y la caída en el valor de los activos acumulados. ¿Podría el Estado manejar mejor esos fondos? Difícilmente, y precisamente por ello debemos desarmar la concepción “bancaria” del sistema de jubilaciones.
La propuesta de administración estatal de los fondos del ANSES cual agente financiero evidencia que la economía política detrás de la reforma previsional en curso se mantiene dentro de los cánones de la ortodoxia económica. Se sigue pensando a la previsión social como si los aportes de los trabajadores y trabajadoras hoy sirvan para financiar sus propias jubilaciones en el futuro. Como si el dinero “guardado” en las cajas previsionales pudiera transferir valor real al futuro.
El error analítico clave es que el valor no puede ser trasladado al futuro. Los recursos que se utilizan en el presente para financiar el pago a los jubilados tienen su contrapartida en la producción real de mercancías en el presente. No tienen (no pueden tener) ninguna correlación real con los aportes del pasado o con los fondos acumulados; el dinero (acumulado) no puede crear riqueza o valor. Ese dinero sólo es una expresión del valor, no es valor por sí mismo ni lo crea. Si hoy no se produce el valor necesario para ser transferido a los actuales jubilados, no importa cuánto se haya aportado en el pasado o cuánto se haya “acumulado” en un fondo, no habrá nada para redistribuir.
Por ello, lo que debe hace la legislación previsional es establecer el monto justo de las jubilaciones en cada momento del tiempo y arbitrar los mecanismos (impositivos) para garantizar la redistribución -del valor creado por el trabajo en el presente- a los jubilados.
Avanzar es superar el pasado, no sólo volver a él
La re-estatización completa del sistema de jubilaciones y pensiones es una medida positiva, más allá de los motivos que impulsan al gobierno a tomarla. Pero volver a 1993 no significa hacer lo que es justo, posible y necesario. Es necesario avanzar, hacer que la proclamada redistribución de la riqueza pase de las palabras a los hechos.
Primero, el sistema de previsión social debería garantizar un nivel de ingresos igual a la canasta familiar para trabajadoras y trabajadores jubilados. Hoy la jubilación mínima es casi 50% inferior a la línea de la pobreza y está muy lejos de la canasta familiar. Esto a pesar de que el sistema de previsión social tiene superávit: ¡se recaudan más de 60 mil millones de pesos, pero se gastan sólo 48 mil millones! La reforma propuesta no se propone mejorar sustantivamente los ingresos de los actuales jubilados. ¿Por qué perpetuar jubilaciones indignas, cuando siempre hay recursos para subsidiar al gran capital agrícola, productivo y financiero?
En segundo lugar, ¿por qué sostener un sistema de previsión que se basa en los aportes individuales de trabajadoras y trabajadores? El sistema estatal se constituyó sobre la base de la lógica de las cajas que los/as propios trabajadores/as crearon en las primeras décadas del siglo XX. La estatización del sistema de cajas por gremio o rama de actividad fue en su momento un triunfo de la lucha de trabajadores y trabajadoras. Hoy, sin embargo, eso ya es injusto, inviable e insuficiente por varios motivos.
Primero, es injusto que familias trabajadoras que no alcanzan la canasta familiar (30% de ellas ni siquiera llegan a la línea de la pobreza) deban aportar a sostener la previsión social, pagando un impuesto para su propia jubilación. Ellas ya aportan en exceso en concepto de IVA y otros impuestos regresivos. Más de la mitad de la recaudación de impuestos se sostiene en impuestos regresivos, que reducen fuertemente el poder de compra de los ingresos de los hogares de trabajadores y trabajadores.
Segundo, el sistema estatal tal cual se plantea es inviable pues el sistema de aportes personales (directos o indirectos a través de los llamados “aportes patronales”) ya no puede sostenerse en el marco de un mercado laboral hiper-precarizado, donde dos tercios de los potenciales aportantes no están en condiciones de hacerlo y la relación entre ocupados y jubilados es de aproximadamente 3 a 1. Esto no solamente crea un sistema en crisis financiera permanente aún pagando jubilaciones miserables, sino que supone asumir un sistema de previsión social que excluye a la mayoría de los supuestos beneficiarios. En el contexto actual, la mayoría de los trabajadores no podrán cumplir con las obligaciones legales para poder jubilarse en el futuro.
Por último, el sistema estatal tradicional es insuficiente pues en el mejor de los casos asegura jubilaciones que no permiten vivir dignamente. Al igual que los salarios, las jubilaciones deben permitir a los adultos mayores alcanzar la canasta familiar. Comparar, como hace el gobierno, los magros ingresos de un jubilado del sistema privado (670 pesos si aportó desde 1994 al sistema privado y se jubila hoy con un sueldo de 1500 pesos al momento de retiro) con los mejores pero igualmente insuficientes ingresos de un jubilado en el sistema estatal (780 en las mismas condiciones), no habla de las bondades de este último sino que plantea la necesidad de re-pensar integral y radicalmente el sistema de previsión social argentino. Muy lejos está la jubilación estatal del reclamos histórico del 82%: esos 780 pesos representan sólo 52% del ingreso al momento de jubilarse.
Por un sistema integral de previsión social que asuma la necesidad de la socialización de la riqueza y los ingresos.
Es momento de reconocer la necesidad de crear un sistema que garantice niveles dignos de ingreso iguales a la canasta familiar para todos los mayores, más allá de su historia laboral y partiendo de la apropiación y redistribución del excedente social. La jubilación mínima debería alcanzar a no menos de 1500 pesos (el doble de la mínima actual, que es de 690 pesos).
Es hora de construir un sistema que, a partir de las retenciones a las exportaciones, un impuesto general a las rentas financieras y el aumento de la imposición a las ganancias de las empresas y la riqueza suntuaria, socialice el valor que es producido por el esfuerzo laboral del conjunto del pueblo trabajador y que hoy es apropiado por las clases dominantes. Hoy se gasta cerca de 5% del PBI en el pago de jubilaciones. Con la creación y/o ampliación de los mencionados impuestos, se podría duplicar fácilmente esa proporción para alcanzar los valores mínimos mencionados.
Hay que avanzar hacia un sistema que sea punto de partida de un régimen de garantía de ingresos para todos los habitantes del país, más allá de su condición de ocupado, desocupado, jubilado, joven o viejo, que permita alcanzar niveles de vida dignos para todos y todas. Este sistema previsional se tiene que conjugar con el blanqueo de todos los trabajadores y trabajadoras, tanto en las empresas privadas como en el Estado, que hipócritamente encara iniciativas "contra el trabajo en negro" mientras mantiene miles de trabajadores en situación precarizada. También, con un cambio profundo en el sistema tributario, donde pague proporcionalmente más el que más tiene, y no al revés, como es ahora. En síntesis, una política fiscal que permita caminar hacia la socialización efectiva de la riqueza que producimos entre todas y todos.
La propuesta de re-estatizar por completo el sistema de previsión social, eliminando el sistema de pensiones privadas obligatorio (AFJP), crea el marco para un debate más profundo sobre qué tipo de sistema de previsión social es deseable y posible en Argentina.
Volver al Estado
Cualquier análisis del cambio en el sistema de jubilaciones parte del fracaso evidente del sistema creado en 1993. Luego de 14 años, las grandes ganadores han sido las administradoras de fondos de pensión (AFJP) que han cobrado cerca de 15 mil millones de dólares por mal-administrar los fondos aportados por los/as trabajadores/as. Esas comisiones se quedaron con entre 20% y 30% de los aportes.
La contracara ha sido el masivo endeudamiento del sector público por los aportes cedidos a las AFJP y un sistema de jubilaciones que no garantizan jubilaciones dignas. El Estado ha perdido cerca de 5500 millones de pesos anuales por aportes personales desviados al sistema privado y unos 6000 millones al año por la rebaja de aportes patronales perpetrada en los años noventa y aún vigente. ¡La pérdida anual de recursos para el Estado equivale a la suma del presupuesto nacional para Salud, Educación y Ciencia y Técnica!
Casi el 80% de los quienes se jubilaron por el sistema privado reciben un complemento estatal para llegar a la jubilación mínima; en total, el Estado destina 6000 millones de pesos anuales a esos fines. Por otra parte, la cobertura del sistema previsional se redujo fuertemente desde la creación del sistema privado: sólo el 40% de los trabajadores en relación de dependencia están realizando los aportes necesarios.
El régimen de AFJP no es un sistema de previsión social sino un gigantesco negocio financiero manejado por un minúsculo número de empresas (10) en su mayoría extranjeras, que no son sino fondos de inversión. Estas manejan un fondo de cerca de 30 mil millones de dólares en bonos de la deuda pública (55% del total), acciones, plazos fijos y otros activos financieros, lo cual les otorga un poder sustancial. Los principales perjudicados con la re-estatización del sistema serán estos agentes financieros, por eso hoy están en la calle, defendiendo sus privilegios con el aval de los medios empresarios de comunicación y los sectores más retrógrados del arco político.
A partir de esta evaluación del pobre rendimiento de este sistema (que podremos calificar como una de las mayores estafas de las últimas décadas) la primera pregunta que surge es por qué el gobierno no impulsó antes esta medida de re-estatización.
Está claro que la decisión fue tomada en el contexto de la crisis que ha comenzado a profundizarse. Una de las principales preocupaciones del gobierno es el financiamiento de los pagos de la deuda pública, que en 2009 llegarían a cerca de 15 mil millones de dólares entre capital e intereses. Es claro para cualquiera que sostener el superávit fiscal y refinanciar los vencimientos de la deuda será algo muy difícil en lo inmediato, en el marco de un menor crecimiento de la recaudación y el cierre del financiamiento internacional. Los cerca de 4 mil millones de pesos anuales que hoy se dirigen a las AFJP vendrán muy bien a la estrategia gubernamental de evitar la cesación de pagos.
El debate del proyecto ha puesto en discusión la necesidad de bloquear el uso discrecional de los recursos por parte del gobierno y ya se propone la “intangibilidad” de los activos en manos de las AFJP. ¿Por qué “guardar” los activos en manos de las AFJP? Siendo un monto infinitamente superior a lo que se quería recaudar con las retenciones móviles y que supuestamente se iban a utilizar para resolver acuciantes necesidades sociales, ¿por qué atesorar cual reservas del Banco Central esos recursos, cuando esas necesidades urgentes evidentemente no han sido resueltas?
Y respecto a los aportes adicionales que recibirá el Estado ¿qué se propone? ¿Por qué no destinarlos a aumentar ya las jubilaciones y pensiones? La recientemente aprobada ley que re-estableció la movilidad de las jubilaciones ha creado en realidad un corsé a los ingresos de los jubilados. ¿Por qué las jubilaciones deben evolucionar según la recaudación y los salarios y no según las necesidades vitales de los mismos, es decir su canasta familiar? ¡Qué contraste con los pagos de la deuda pública, cuya única restricción parece ser su mero devengamiento!
Por último, se señala la necesidad de que el Estado (a través del ANSES) administre los fondos transferidos para mantener el valor de los mismos. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente, convertir al ANSES en un gran fondo de inversión. La “timba” de las AFJP pasará al Estado, que invertirá los fondos excedentes del sistema de manera “más eficiente”. En los últimos meses las jubilaciones pagadas por el sistema privado han caído 15% al ritmo de la crisis financiera y la caída en el valor de los activos acumulados. ¿Podría el Estado manejar mejor esos fondos? Difícilmente, y precisamente por ello debemos desarmar la concepción “bancaria” del sistema de jubilaciones.
La propuesta de administración estatal de los fondos del ANSES cual agente financiero evidencia que la economía política detrás de la reforma previsional en curso se mantiene dentro de los cánones de la ortodoxia económica. Se sigue pensando a la previsión social como si los aportes de los trabajadores y trabajadoras hoy sirvan para financiar sus propias jubilaciones en el futuro. Como si el dinero “guardado” en las cajas previsionales pudiera transferir valor real al futuro.
El error analítico clave es que el valor no puede ser trasladado al futuro. Los recursos que se utilizan en el presente para financiar el pago a los jubilados tienen su contrapartida en la producción real de mercancías en el presente. No tienen (no pueden tener) ninguna correlación real con los aportes del pasado o con los fondos acumulados; el dinero (acumulado) no puede crear riqueza o valor. Ese dinero sólo es una expresión del valor, no es valor por sí mismo ni lo crea. Si hoy no se produce el valor necesario para ser transferido a los actuales jubilados, no importa cuánto se haya aportado en el pasado o cuánto se haya “acumulado” en un fondo, no habrá nada para redistribuir.
Por ello, lo que debe hace la legislación previsional es establecer el monto justo de las jubilaciones en cada momento del tiempo y arbitrar los mecanismos (impositivos) para garantizar la redistribución -del valor creado por el trabajo en el presente- a los jubilados.
Avanzar es superar el pasado, no sólo volver a él
La re-estatización completa del sistema de jubilaciones y pensiones es una medida positiva, más allá de los motivos que impulsan al gobierno a tomarla. Pero volver a 1993 no significa hacer lo que es justo, posible y necesario. Es necesario avanzar, hacer que la proclamada redistribución de la riqueza pase de las palabras a los hechos.
Primero, el sistema de previsión social debería garantizar un nivel de ingresos igual a la canasta familiar para trabajadoras y trabajadores jubilados. Hoy la jubilación mínima es casi 50% inferior a la línea de la pobreza y está muy lejos de la canasta familiar. Esto a pesar de que el sistema de previsión social tiene superávit: ¡se recaudan más de 60 mil millones de pesos, pero se gastan sólo 48 mil millones! La reforma propuesta no se propone mejorar sustantivamente los ingresos de los actuales jubilados. ¿Por qué perpetuar jubilaciones indignas, cuando siempre hay recursos para subsidiar al gran capital agrícola, productivo y financiero?
En segundo lugar, ¿por qué sostener un sistema de previsión que se basa en los aportes individuales de trabajadoras y trabajadores? El sistema estatal se constituyó sobre la base de la lógica de las cajas que los/as propios trabajadores/as crearon en las primeras décadas del siglo XX. La estatización del sistema de cajas por gremio o rama de actividad fue en su momento un triunfo de la lucha de trabajadores y trabajadoras. Hoy, sin embargo, eso ya es injusto, inviable e insuficiente por varios motivos.
Primero, es injusto que familias trabajadoras que no alcanzan la canasta familiar (30% de ellas ni siquiera llegan a la línea de la pobreza) deban aportar a sostener la previsión social, pagando un impuesto para su propia jubilación. Ellas ya aportan en exceso en concepto de IVA y otros impuestos regresivos. Más de la mitad de la recaudación de impuestos se sostiene en impuestos regresivos, que reducen fuertemente el poder de compra de los ingresos de los hogares de trabajadores y trabajadores.
Segundo, el sistema estatal tal cual se plantea es inviable pues el sistema de aportes personales (directos o indirectos a través de los llamados “aportes patronales”) ya no puede sostenerse en el marco de un mercado laboral hiper-precarizado, donde dos tercios de los potenciales aportantes no están en condiciones de hacerlo y la relación entre ocupados y jubilados es de aproximadamente 3 a 1. Esto no solamente crea un sistema en crisis financiera permanente aún pagando jubilaciones miserables, sino que supone asumir un sistema de previsión social que excluye a la mayoría de los supuestos beneficiarios. En el contexto actual, la mayoría de los trabajadores no podrán cumplir con las obligaciones legales para poder jubilarse en el futuro.
Por último, el sistema estatal tradicional es insuficiente pues en el mejor de los casos asegura jubilaciones que no permiten vivir dignamente. Al igual que los salarios, las jubilaciones deben permitir a los adultos mayores alcanzar la canasta familiar. Comparar, como hace el gobierno, los magros ingresos de un jubilado del sistema privado (670 pesos si aportó desde 1994 al sistema privado y se jubila hoy con un sueldo de 1500 pesos al momento de retiro) con los mejores pero igualmente insuficientes ingresos de un jubilado en el sistema estatal (780 en las mismas condiciones), no habla de las bondades de este último sino que plantea la necesidad de re-pensar integral y radicalmente el sistema de previsión social argentino. Muy lejos está la jubilación estatal del reclamos histórico del 82%: esos 780 pesos representan sólo 52% del ingreso al momento de jubilarse.
Por un sistema integral de previsión social que asuma la necesidad de la socialización de la riqueza y los ingresos.
Es momento de reconocer la necesidad de crear un sistema que garantice niveles dignos de ingreso iguales a la canasta familiar para todos los mayores, más allá de su historia laboral y partiendo de la apropiación y redistribución del excedente social. La jubilación mínima debería alcanzar a no menos de 1500 pesos (el doble de la mínima actual, que es de 690 pesos).
Es hora de construir un sistema que, a partir de las retenciones a las exportaciones, un impuesto general a las rentas financieras y el aumento de la imposición a las ganancias de las empresas y la riqueza suntuaria, socialice el valor que es producido por el esfuerzo laboral del conjunto del pueblo trabajador y que hoy es apropiado por las clases dominantes. Hoy se gasta cerca de 5% del PBI en el pago de jubilaciones. Con la creación y/o ampliación de los mencionados impuestos, se podría duplicar fácilmente esa proporción para alcanzar los valores mínimos mencionados.
Hay que avanzar hacia un sistema que sea punto de partida de un régimen de garantía de ingresos para todos los habitantes del país, más allá de su condición de ocupado, desocupado, jubilado, joven o viejo, que permita alcanzar niveles de vida dignos para todos y todas. Este sistema previsional se tiene que conjugar con el blanqueo de todos los trabajadores y trabajadoras, tanto en las empresas privadas como en el Estado, que hipócritamente encara iniciativas "contra el trabajo en negro" mientras mantiene miles de trabajadores en situación precarizada. También, con un cambio profundo en el sistema tributario, donde pague proporcionalmente más el que más tiene, y no al revés, como es ahora. En síntesis, una política fiscal que permita caminar hacia la socialización efectiva de la riqueza que producimos entre todas y todos.
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